Paraguay far west

Sálvese quien pueda en la jungla ciudadana

Las calles son de los peajeros. Que lo digan los vecinos de la compañía Mboi’y de Itauguá, que hartos de las tropelías de los asaltantes, tomaron justicia por mano propia y lincharon a uno de ellos. ¿La Policía? Bien, gracias. En el maravilloso país que antes era de Herminio y hoy pertenece a otros nuevos profetas de la maravilla, tal vez sume una estadística más, pero la realidad se vuelve exasperante. Peajeros, barrabravas, pendencieros, vagos, rateros y criminales de baja estofa son dueños de calles, plazas, barrios, esquinas con alumbrado o sin él, callejones, baldíos y hasta estaciones de servicios inundados de parlantes cachaqueros. Las patrullas policiales en el mejor de los casos brillan por su ausencia; en el peor, aparecen para cobrar “comisiones” por hacer la vista gorda.

Lo ocurrido en este barrio del área metropolitana evidencia la desesperación de la gente común, la gente honesta, ante la inacción y desidia de las autoridades. En la ciudad, en el barrio, en la cotidianeidad de un país que está perdiendo el apego por la ley y el respeto a los derechos, el honesto Juan Pérez no encuentra solución de parte de sus autoridades. Cuando un cachaquero le revienta los tímpanos en el barrio, la Policía dice que no puede actuar y el fiscal del ambiente dice que debe medirse los decibeles para ver si hubo infracción. Cuando peajeros y malvivientes asuelan la cuadra, el comisario exige que se hagan denuncias “responsables” , con nombre, apellido, número de cédula y grupo sanguíneo del denunciante y el denunciado. Cuando barrabravas recorren las calles armando tumulto por los barrios, se apropian de una plaza y se emborrachan y drogan tranquilamente en la vía pública, la Policía considera “misión cumplida” el haberles pedido “por favor” que se desplacen hacia otra zona y vayan a molestar a otro vecindario. Cuando supuestos “sin techos” (pero con camionetazas) invaden un terreno o una plaza, ni la Municipalidad ni la Polícia defienden el derecho de los vecinos que han sudado y trabajado de sol a sol para hacerse de una pequeña vivienda dignamente. Mientras tanto, en la Policía, en el Ministerio del Interior, en las oficinas de atención al público de la Municipalidad (la que fuera), en las instituciones de orientación y apoyo al ciudadano (la que fuera), los papeleos, los interrogatorios, los trámites engorrosos y las esperas son interminables… para el ciudadano que quiere transitar por el camino legal y reclamar su derecho.

La lista puede sumar y seguir. Lo ocurrido en este casi desconocido barrio de Itauguá es muestra de la desesperación de la gente frente a un estado de cosas que, pese a discursos proselitistas y demagogias aliancistas, no ha cambiado un ápice. Y lo peor, no tiene visos de cambiar porque sencillamente el gobierno no tiene un plan para combatir la delincuencia y promover la seguridad ciudadana. Cuando se inauguró, el plan era sacar a los policías que hacía guardias privadas. Cuando arreciaron los asaltos a los cumpleaños, la recomendación fue que, cuando se organizara un “cumple”, además de “Si-No-Se” se llamara también a la comisaría. En una entrevista hecha a un representante del Ministerio del interior, ante las estadísticas incrementadas de asaltos y la pregunta del plan que se tenía al respecto, el mismo anunciaba que se haría una “encuesta de victimización” para elaborar la “línea de base” a partir de la cual promover un plan de seguridad. Tanta cháchara oenegista sirve para vender proyectos a los organismos de cooperación, pero no arregla la cotidiana lucha ciudadana por la supervivencia en la jungla de asaltabuses, peajeros, carteristas y rateros. La gente está descreída de la Justicia y la Policía, no ve que haya vocación de combatir a la delincuencia, sospecha de sus autoridades policiales, ve con temor que asaltantes atrapados hoy mañana vuelven a transitar libremente y delinquir como si nada. El destino de todo esto, cómo no va a ser la tentación de tomar la justicia por mano propia. Condenable camino, cierto, pero es el que se le muestra como efectivo a una ciudadanía desprotegida y desesperanzada.

Los vecinos de Itauguá, indignados y ya hartos de todo, recurrieron a la justicia por mano propia. Un exceso irracional, por supuesto, pero plenamente entendible (ojo, no justificable!) cuando la desidia e indolencia gubernamental no deja otra esperanza que armarse uno mismo para defender lo propio. Así sea en la ciudad o en el campo, la metodología del “far west” está ganando terreno, mientras la institucionalidad no pasa de los anuncios de Rafael Filizzola, cuyas buenas intenciones podemos creer, pero con las cuales se sigue empedrando el camino a la ley de la selva.

José María Costa