Marzo otra vez

La esperanza que no debe ser traicionada

Uno puede recordar a los muertos. Puede rememorar las horas de conflicto político y lucha democrática. Puede rescatar las imágenes crudas y las páginas de una epopeya protagonizada por jóvenes en su mayoría, acuartelados en una plaza que defendían como a la democracia misma. O bien puede tratar de reatar los hilos de la historia buscando los detalles y las hendiduras de la política criolla que llevaron a esas jornadas tensas, combativas, violentas, pero profundamente patrióticas del marzo paraguayo. A diez años, los recuerdos se agolpan, tanto como las paradojas del destino posterior a aquellos días, tanto como los interrogantes que quedaron flotando para siempre en la historia, tanto como los sinsabores de una democracia defendida a sangre, sudor y dolor, pero terriblemente ingrata con quienes cuyos pechos fueron la verdadera muralla contra el autoritarismo.

Si debiéramos elegir una lección del marzo que hace una década vivió nuestra República, será, creo indudablemente, la de una ciudadanía movilizada y convencida para defender una esperanza concreta: la de vivir en democracia y con justicia. Algo que suena tan genérico y etéreo, pero que los historiadores sabrán interpretar cuando revivan esas jornadas de verdadera y literal lucha ciudadana frente a un poder que trasvasó los límites de la soberanía popular y se irguió por encima del mandato que le fuera entregado. Sin embargo, genérico o no, dicha esperanza es la misma que sigue latente y permanece invariable desde antes y aún después de aquella recordada gesta de 1999.

Es ésa esperanza la que debe motivar a las autoridades nacionales a empeñarse cada vez más en una gestión gubernamental planificada, eficiente y eficaz. La traición del marzo paraguayo tanto puede ser abdicar de las consignas libertarias o democráticas, como aún enarbolándolas, vaciarlas de contenido o efectividad por efecto de la propia incapacidad para atender los reclamos y las necesidades de la gente. La traición del marzo paraguayo no sólo puede ser olvidar a los que ofrendaron sus vidas por la democracia, sino hacer que su sangre y el esfuerzo de muchísimos más queden desvalorizados por efecto de una insípida o incongruente gestión gubernamental.

En la historia del marzo paraguayo ha habido asesinos materiales, ha habido homicidas de la voluntad popular, ha habido genocidas de la esperanza ciudadana, ha habido criminales portando armas y criminales alentando masacres. Diez años después, sólo algunos han pagado algo de sus culpas. La justicia ineficaz, las componendas de la “real politik” criolla, los acomodos inmorales de unos y otros, han dejado impunes muchos de esos crímenes. Todo esto duele y vuelve a enervar los ánimos. Pero tanto como eso duelen las oportunidades desperdiciadas para reverdecer las convicciones que habían gestado y sostenido aquellas valientes y patrióticas acciones de los jóvenes en la plaza. Oportunidades que se desperdician cuando se improvisa en la función pública, cuando se cometen los mismos errores de aquellos a quienes se ha criticado, cuando los discursos no condicen con las acciones, cuando los tropezones se vuelven cada vez más frecuentes y peligrosos, y no se toman las medidas para evitar que se desmoronen la credibilidad y la ilusión ciudadanas.

El marzo paraguayo dejó lecciones imborrables. La más importante, la que debería motivar hoy la atención esencial de las autoridades, es que con la esperanza del pueblo no se juega. Desconocerla o no responder a ella eficazmente es una traición de lesa patria.

José María Costa

Empedrando el camino al secretismo

El mero discurso no facilita el acceso a la información

La Declaración de Chapultepec fue adoptada por La conferencia hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, el 11 de marzo de 1994. Gobernantes de toda la región suscribieron dicho documento y la Sociedad Interamericana de Prensa lo convirtió en su emblema para promover la libertad de prensa. En su artículo 3, dicho documento expresa que “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

En la reciente reunión de medio año de la SIP celebrada aquí, el Presidente Lugo dijo sentir “especial obligación por el principio número 3 de esta declaración”, y añadió: “En este orden, hemos dispuesto que exista la máxima predisposición en las oficinas del Estado y hemos creado con rango ministerial la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo. Los ciudadanos pueden llegar a la información pública desde su propia gestión particular, por la mediación de la prensa o desde la propia tarea de los medios del Estado. Nuestro ideal es que por los tres caminos no existan impedimentos ni barreras, las que muchas veces no se remueven con facilidad ni por decreto, porque forman parte de prácticas burocráticas sedimentadas en el tiempo”.

Hubiera sido oportuno y deseable que el Presidente Lugo, más allá de expresiones de buenos deseos anuncie y pronuncie medidas explícitas para favorecer una verdadera cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. Por ejemplo, que anuncie que desde el propio Poder Ejecutivo se va a promover o estimular la adopción de una legislación específica para promover el acceso a las fuentes públicas de información como se hizo en varios países que sí están enfocando con seriedad esta cuestión y como ordena la propia Constitución Nacional. O que al menos, vía decreto, como se hizo en otros países –entre ellos la Argentina- se reglamente de manera clara la posibilidad de acceder a la información en poder del Estado.

Recordemos que desde hace casi 10 años hay intentos infructuosos para que dicha garantía constitucional se haga efectivamente vigente con plazos, mecanismos y sanciones que eviten que siga siendo “letra muerta”. Si gobiernos colorados no se preocuparon de estimular esto –y al contrario, algunos combatieron esta posibilidad- el signo del cambio debe pasar por un reconocimiento y la acción favorable hacia la vigencia real de este derecho. La ley no cambiará la cultura del secreto, pero una garantía constitucional sin sanciones mucho menos, sobre todo cuando es en el propio terreno del Estado donde debe dirimirse el cumplimiento de esta obligación democrática de dar información.

Hubiera sido deseable que, más allá de la repetición conceptual de lo que ya anunciara en su asunción al mando (“vamos a acabar con el secretismo”), Lugo se comprometiera públicamente a revocar las actitudes y conductas anacrónicas, intrínsecamente “secretistas”, que todavía pueblan la función pública, con nóminas de contratados escondidas, reuniones entre gallos y medianoche que sólo se dan a conocer tras ser “descubiertas”, o agendas ocultas tras acuerdos más ocultos aún.
Haber dado el paso burocrático de crear un ministerio no basta, más aún si uno ve que la credibilidad no se compagina con los resultados. Para muestra y para hablar de algo tan simple y rápidamente solucionable, vemos que a siete meses del nuevo gobierno, no sólo la Presidencia de la República tiene una página web que ofrece escasa e ineficaz información, sino varias instituciones están “fuera de la red de redes” (el clásico “este sitio no funciona”). Esto, sin contar que poco o ningún estímulo ha habido desde el Estado en promover el verdadero empoderamiento de la ciudadanía en cuanto a la información pública que es la base para el rol contralor que debe ejercer la misma. Hasta parece que se teme a dicha posibilidad.

Los discursos no cambian la historia. La cambian las actitudes y las acciones concretas. Esperemos que por esta última alternativa venga el verdadero compromiso a favor de la libertad de prensa y el acceso a la información pública. De lo contrario, aunque haya buenas intenciones, con ellas sólo se seguirá empedrando el camino al secretismo estatal.

José María Costa

La licitación del César…

Luces amarillas en medio de la blanca leche

La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo. De la misma manera, las licitaciones del gobierno del cambio, no sólo deben ser, sino parecer íntegras. Deben estar rodeadas de la más alta legitimidad y la más prístina transparencia. No deben dejar ni un atisbo de duda o sospecha. No deben repetir errores ni corrupciones ajenas, ni inventar o aposentar las propias y mucho menos dejar evidencias de que los cambios sólo han sido de “roscas” y no de actitudes.

En estos días, la Gobernación Central, contra viento y marea, contra protestas y reclamos, y sobre todo, contra sugerencias explícitas de la propia Dirección de Contrataciones Públicas, llevó adelante un proceso licitatorio que ha marginado en sus requisitos no sólo a productores nacionales de leche fluida sino también a empresas de productos deshidratados. La madre de todas las sospechas: una sola empresa presentó oferta en la licitación que utilizará algo así como 19 mil millones de guaraníes de los contribuyentes. Y, oh casualidad, es la misma empresa que viene ganando las licitaciones en dicho Departamento desde hace años. Eso, sin contar con otras casualidades ya ampliamente publicitadas.

Pero no me detendré en si hay o no privilegios políticos en dicha licitación. Lo que creo importante es que desde el propio Estado, desde el Gobierno central y los gobiernos descentralizados, sobre todo los que han enarbolado la bandera del “cambio”, se comprenda que con el discurso no se cambia nada. Son los hechos y las actitudes las que pueden ayudar al cambio. De lo contrario, las meras palabras sólo eternizan el gatopardismo en la gestión pública. Y la frustración en la población.

Me sorprendió la tajante y provocativa respuesta que dio el Vicepresidente de la República cuando le consultaron sobre las protestas y reclamaciones realizadas contra el proceso licitatorio para provisión del llamado “vaso de leche” en la Gobernación del Departamento Central. Dijo sencillamente que dichas protestas eran “una maldad”. Vaya estímulo que tendrán los ciudadanos para ejercer su rol contralor si nada más y nada menos que el número 2 del Ejecutivo se despacha de esta manera ante los profusos y razonables cuestionamientos hechos desde distintos sectores. Si con esto cree que ganará confiabilidad…

¿Cómo va a pretender descalificar el Vicepresidente –oh casualidad, anterior gobernador del mismo Departamento que era proveído por la misma empresa- un justo reclamo hecho por cientos de productores lácteos al ser prácticamente dejados de lado por un pliego licitatorio que privilegió un rubro que no se produce en el país? ¿Maldad? ¿Y no era que en el Gobierno y en dicha Gobernación se iba a “estimular la creación de empleo” y “el combate a la corrupción”? Creo que menos soberbia, y más humildad y disposición a ser controlados por los mandantes que somos los ciudadanos es lo que debieran demostrar ciertas autoridades. Me imagino cuál hubiera sido la reacción de éstas si la misma historia hubiera sido protagonizada por gobernantes y políticos de otro color…

Hasta la blanca leche se tiñe de sospechas si las licitaciones no son transparentes, participativas y competitivas. La cuestión no pasa por comprar leche fluida o en polvo, sino por tener una gestión pública fuera de toda sospecha. Éste es el cambio que todos seguimos esperando.

José María Costa

El reino de las justificaciones

Quien no asume responsabilidades, siempre busca culpas ajenas.

Primero, porque cien días eran muy poco. Después, porque en seis meses no se puede hacer mucho. Más adelante, porque en cinco años no se puede cambiar todo lo que se corrompió en 60 años. Y no faltará quien acuse de “reaccionario” a quien ose reclamar resultados o aunque sea planificación y metas claras al Gobierno.
Si el Estado no da los servicios necesarios, siempre se culpará a que “tenemos la más baja presión tributaria” comparándonos con Suecia o Noruega, por cierto, y olvidando que la (baja o no) presión tributaria sólo sirve para pagar el colesterol de un estado elefantiásico y prebendario, y para nada sirve para que retorne al ciudadano los servicios. Si las recaudaciones se reducen ostensiblemente y hasta se ocultan las cifras para no escandalizar, siempre habrá una “crisis” a la cual culpar.

Si nadie ve lo “positivo”, allí está la eterna culpable que será la prensa y los periodistas insensatos. Si no podemos mantener las cifras de matriculación escolar, siempre será por culpa del “estado calamitoso en que encontramos al sector educativo”. Y si los docentes sometidos a exámenes demuestran cierta inusitada longitud en sus apéndices auriculares, también será por culpa de “los de antes”.

Cuando se nombra a un pariente o familiar, resulta que “los parientes también tienen derecho a trabajar”. Si los “amigos” están asesorando a los que luego ganarán las licitaciones en transportes de combustibles o lo que sea, eso “no tiene nada que ver” porque “cada cual es responsable de sus actos”. Si hay reuniones de madrugada en Mburuvicha roga para armar la propia Corte, eso “está dentro de las atribuciones que le competen al Jefe de Estado”, aunque el más estúpido se diese cuenta de la injerencia política ejercida con el subsiguiente intento de ocultación. Y si un militar amigo es rescatado del retiro absoluto y elevado a la condición de jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, siempre habrá un asesor político o jurídico que encuentre las “adecuaciones legales” para dicha metida de pata presidencial.

En fin, podemos divertirnos varias líneas más recordando todas las justificaciones habidas y ensayando las por haber desde las distintas esferas del gobierno. El problema es que de justificaciones y culpas ajenas puede estar empedrado el camino a la desazón nacional. Quien ve los problemas como un desafío, se arremanga y los enfrenta, no vive quejándose, justificándose o tratando de echar la culpa a otros. No puede decirse que no haya habido cientos y miles de culpas ajenas y antiguas en los cientos y miles de problemas del país. Pero, quedarse en la mera lamentación o la sempiterna autojustificación, poco contribuye a la solución de tales problemas.

El reino de las justificaciones debe dar paso al gobierno de la responsabilidad. No hemos elegido autoridades para que nos den explicaciones, sino para trabajar por el país. No se reconstruye un país con meras explicaciones, y mucho menos con improvisaciones o incoherencias flagrantes. Esta semana tuvimos un papelón oficial más. Y parece que no escarmientan. No olvidemos que a la hora de gobernar, la impericia y la ineptitud pueden ser tan malas y destructivas como la deshonestidad y la arbitrariedad.

José María Costa

El plan anticrisis debe empezar por casa

Un gesto vale más que mil intenciones anunciadas.

Finalmente, el Presidente Lugo se reunirá con los dirigentes de sectores políticos y líderes de bancadas legislativas con el propósito de buscar un apoyo para la adopción de medidas dentro del paquete que pomposamente el gobierno ha denominado “plan anticrisis”. Muchas opiniones ha generado dicho plan. Desde quienes sostienen que no puede llamarse tal a un conjunto de medidas que de todos modos el gobierno debería encarar haya o no crisis, hasta quienes por poco propusieron el power point elaborado por Hacienda a los premios Oscar 2009 (no sabemos si en el rubro de ciencia ficción o qué).

Hay miradas críticas y posturas razonables, así como también posiciones extremistas y hasta ideologizadas en demasía. En realidad, cuesta entender cómo un plan anticrisis, había sido, existía nomás luego en la agenda gubernamental y recién ahora se lo ha presentado en sociedad. Esta es la primera vez que, de repente y en medio del reclamo generalizado de sectores sociales y económicos, nos vienen con que “este plan ya viene implementándose desde el año pasado y ésta es su cuarta etapa” y que parte de ello era, entre otros componentes, el mismísimo proyecto de Presupuesto Nacional elevado al Congreso. Vaya, vaya. Así que resultó ser parte del “plan” ese presupuesto que finalmente no ha mejorado sino empeorado la posibilidad de que el Estado elimine sus grasas clientelares (haciéndose la “lipoaspiración” que a menudo anuncia en su lenguaje médico el vicepresidente Franco). No es muy halagüeña esa noticia, pero en fin. Peor aún resulta que, como parte del plan anticrisis, la principal preocupación es lograr un empréstito internacional de 300 millones de dólares… ¡para pagar el déficit fiscal! O sea, no sólo no achicamos el Estado, sino que vamos a endeudarnos más (más allá de la coronilla) para hacer que siga engordando! Y esto, si sumamos la desaceleración de la economía y la reducción de los ingresos aduaneros, suena ni más ni menos al suicidio financiero.

No dudo de las buenas intenciones del gobierno de Lugo, ni de la capacidad del equipo económico para buscar alternativas razonables en una coyuntura que desafía a toda la sociedad para adoptar medidas realmente extraordinarias. Pero, discúlpenme, creo que a este plan le falta un componente muy esencial que nadie lo ha señalado ni por asomo desde el gobierno, y es el del ahorro y el propio ejemplo en materia de racionalidad en los gastos.

Coincidimos en que el Estado debe invertir incluso en obras públicas y hasta si se quiere endeudarse para posibilitar la generación de empleo genuino (no solo simplemente ocasional), pero comprometernos financieramente sólo para dar sustento a la grasa estatal es lo mismo que se ha venido haciendo por décadas. En EEUU, el presidente Obama anunció que el ahorro y la reducción del gasto estatal no primordial será una de las medidas que buscará para enfrentar el billón de dólares de déficit que prevé su presupuesto. Por casa no se escuchan anuncios de este tipo. Y bien vendría que sea el propio Estado el que dé el ejemplo iniciando la tarea de separar lo que es gasto superfluo de lo que es urgente o fundamental. Si el gobierno quiere apoyo para su plan anticrisis, sobre todo de la ciudadanía, debería pensar más en los 6 millones de habitantes y dejar de priorizar la maquinaria prebendaria que apenas alimenta a una parte minoritaria de clientes políticos. Debería hacer que el dinero público en tiempo de crisis sea para generar empleo y ayude a impulsar el desarrollo, cambiando el modelo tradicional de un gasto estatal apenas para sustentar clientelas políticas.

La caridad empieza por casa. Parece un contrasentido, pero lo que queremos apuntar es que la racionalidad en el gasto estatal debería ser el ejemplo con el cual se presente la real voluntad gubernamental para enfrentar la crisis. Este gesto valdrá más que mil power points o anuncios mediáticos.

José María Costa