Tips para un cambio real de la Justicia

Derogar la feria y las tasas judiciales no precisa de grandes acuerdos.

Si no se puede reunir más que a unos cuantos parlamentarios (algunos incluso de dudosa legitimidad de origen) o a los sempiternos representantes de partidos familiares. Si no se logra movilizar ni entusiasmo, ni presión, ni acuerdos políticos para hacer el pomposo “cambio” de seis por media docena. Si ante la historia algunos pueden quedar como menos eficaces que el mismísimo “pacto de gobernabilidad” de Wasmosy y Laíno (y esto ya es mucho), o si no lograran “pulverizar” más que esperanzas sin conseguir votos para siquiera reconfirmar al ordenanza de un juzgado de paz. Si se pudiera invertir más tiempo en pensar con inteligencia, que decibeles en improperios para acusar de boicot a los otros por usar las mismas tácticas opositoras que antes usaron los unos. En fin, si realmente se quisiera el cambio de la Justicia a favor de la gente, hay muuuuuuuuuchas cosas que podrían hacerse sin necesidad de fracasadas reuniones en Mburuvicha roga.

Cambiar ministros es el “sueño del pibe” de cualquier político. Y ni qué decir de un Presidente de la República. Que lo diga Nicanor que se fumó en pipa a los “inocentes” opositores que le dieron los votos hace cinco años para pulverizar la Corte haciendo añicos la Constitución con una interpretación antojadiza y absolutista que niega de raíz la independencia del Poder Judicial y la división de Poderes en el Estado. Tratar de enjuagar el pecado del 2003 con nuevas aberraciones políticas y jurídicas es el mejor modo de seguir destruyendo la República y la Constitución. Pero, convengamos que el propósito de “reformar” la Justicia –así en forma genérica y amplia- es plenamente legítimo, aunque no todos los caminos lo son.

Por eso, si realmente se quiere el “cambio” en el servicio y la administración de Justicia, un cambio que repercuta en el bienestar de la gente, que haga más accesible dicha Justicia a la ciudadanía, hay caminos más rápidos y menos complicados. Sin discutir la legitimidad o necesidad de cambiar ministros o no, cito apenas dos tips que, si realmente quieren el cambio, están a la vuelta de la esquina:

1. Derogar la feria judicial. Todos, absolutamente todos, coinciden que esta Justicia tiene niveles de morosidad exasperantes y, sin embargo, por arte de anacrónicas disposiciones, sigue teniendo una “feria” de todo un mes en el año, durante la cual prácticamente no se resuelve nada. No vale que haya ministros o jueces que “quedan de turno en la feria”. No sirve de nada. Nadie toma decisiones de fondo ni que signifiquen impulsos procesales relevantes. Es un mes muerto. Muerto para las necesidades de justicia de la gente. Con más de 6.000 magistrados y funcionarios, el Poder Judicial podría adoptar alguna medida “moderna” y emplear un calendario de vacaciones alternadas. Cambiar el sistema depende solamente de la Corte, pues puede hacerlo por Acordada. Pero si no hubiera interés ni voluntad ni inteligencia para comprender que este cambio de timón es necesario, los políticos sólo precisan hacer una ley para derogar la feria o modificar este sistema arcaico de promoción estructural de la haraganería y la morosidad judicial. No se necesitan ni reuniones en Mburuvicha roga ni grandes pactos para ello. Y fíjense que millones de ciudadanos serán beneficiados por ¡un mes más de trabajo judicial en el año.

2. Reducir o eliminar las tasas judiciales. Cuando a un ministro de la época stronista se le ocurrió que podrían “ganar” algo más, apareció el sistema de “tasas judiciales” que tornó a nuestra Justicia, además de lenta e ineficaz en general, también cara. Las tasas sólo sirven para incrementar el colesterol de zoquetes en un Poder Judicial que tiene 1 funcionario por cada mil habitantes y no muestra eficacia institucional. La “Defensa Pública” es una aspirina que no es siquiera placebo para el cáncer de una Justicia que discrimina a los pobres desde su esencia institucional. Los ricos pueden acceder a abogados caros. Disponer de abogados del Estado para los pobres no basta. Como la salud y la educación, este servicio básico del Estado debería ser gratuito en sus trámites y procedimientos. Lo contrario, que se cobren tasas, me atrevo a decirlo, es hasta INCONSTITUCIONAL.

Para reformar la Justicia o hacerla más accesible a la gente no se requieren tantos acuerdos pomposos. Con algo de inteligencia y verdadera voluntad, se podrán hacer cambios originales, reales y provechosos. Ahora, si se quiere repetir lo del 2003, esta vez sin Nicanor, adelante… pueden seguir perdiendo tiempo y dinero que pagamos los contribuyentes.

José María Costa

Comunicación siglo XXI

Pilares para una sociedad efectivamente democrática

No basta con anunciar la transparencia ni prometer que se acabará el secretismo. Las buenas intenciones por sí solas no bastan para fortalecer la democracia. A lo sumo, si no cuajan en planes claros y acciones concretas, terminan pavimentando el camino a la frustración. El actual gobierno, con una mochila cargada de buenas expectativas y reverdecidas esperanzas, tiene ante sí el desafío de no frustrarlas y abrir muchos caminos que hasta ahora permanecieron intransitados. Uno de ellos es el de una política nacional de comunicación que sea debatida y proyectada con sentido altamente profesional, democrático, participativo y patriótico. Por ello resulta oportuno que se proponga el debate, siempre y cuando el mismo no sea una simple fachada para recetas pre-elaboradas o consignas dogmáticas pseudo-tropicalizadas bajo intereses sectarios o excluyentes.

Desde la caída de la dictadura stronista y con el impulso de la Constitución del 92, Paraguay ha avanzado mucho en materia de libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, no siempre es suficiente y a esta altura ya es imprescindible encarar nuevos desafíos en torno al tema. En materia de comunicación e información, hay pilares que deben fortalecerse, o construirse otros, para que esta democracia se afiance y resulte eficaz para el bienestar de la gente. Sin pretender ser exhaustivos, podemos apuntar algunos de esos pilares:

• Acceso a la información pública. Lo avanzado en esto todavía resulta una excepción frente a la regla de una cultura del secreto enraizada en las instituciones públicas y en los hombres que las dirigen. Los avances todavía deben consolidarse. Y sobre todo, deben pasar del formalismo al verdadero compromiso por la transparencia en la función pública. Unidades de transparencia en ministerios o entes no son suficientes, cuando las trabas a la información y al acceso persisten en forma de irracionalidades burocráticas o desorden y hasta caos en los registros y archivos institucionales. Nos debemos como sociedad una legislación clara al respecto, pero sabemos también que ella no será suficiente si no cambian los hombres, las costumbres y la cultura.

• Pluralismo informativo y acceso amplio al sistema de medios. El sentido “liberal” de la libertad de prensa no es suficiente cuando la sociedad mayoritaria se siente excluida de los medios, del acceso a su propiedad o del tratamiento de la información. No se pregona la confiscación ni la “ocupación”, sino una democratización en el acceso a la propiedad y explotación en el sistema mediático que, ¡ojo!, no derive en el extremo opuesto de la anulación de la iniciativa privada por parte de un “paternalismo” estatal. El pluralismo informativo, finalmente, debe reflejarse en normas que eviten la concentración en la propiedad de los medios, un derecho reivindicado por sociedades verdaderamente democráticas.

• Alfabetización mediática para la libertad real. La verdadera libertad se ejerce con conocimiento. La ignorancia perpetúa la dependencia y el sojuzgamiento. Una política comunicacional que pretenda ser puntal de una sociedad democrática debe ocuparse de la alfabetización mediática de las personas para evitar que la dictadura mediática imprima dogmas o “construya” opinión pública en base a la manipulación. No más “verdades puras” dichas en base al rating. No más campañas políticas o intereses económicos ocultos tras arteras manipulaciones periodísticas. Comprender el lenguaje y las tretas mediáticas ayudará a tener comunidades más independientes y críticas. Lo contrario será perpetuar el imperialismo comunicacional, quizás con diferentes colores o ideologías, pero básicamente similares en su esencia de dominación y opresión.

• Comunicación que valore la interculturalidad y promueva el desarrollo y la convivencia democrática. La comunicación no es simplemente una técnica, sino una actividad profundamente humana que encierra valores consustanciales a la persona. Si se la vacía de contenido, puede ser herramienta para la dominación y el caos. El derecho humano a la comunicación tiene sentido en la medida en que contribuya al bienestar de la persona y su comunidad, comprendiendo y abarcando las diversas culturas que coexisten en un mismo territorio. Esto va más allá de la explotación comercial, los avatares tecnológicos o las discusiones sobre formatos televisivos digitales. Todo esto, si se vacía de la esencia de la comunicación como un derecho humano fundamental y universal, pierde sentido y puede volverse en contra del hombre y sus expectativas como ser social.

El “Foro Nacional de Comunicación” que se realiza en estos días tal vez no de respuestas a todos los desafíos sobre el tema, pero ojalá se constituya en un espacio inicial verdaderamente democrático, pluralista y racional para iniciar discusiones más esenciales sobre una problemática poco abordada en profundidad hasta ahora.

José María Costa