Ley postergada, ley conquistada

Finalmente, se promulga la ley más postergada de la transición. El día elegido es el 18 de septiembre en un acto poco habitual para una promulgación, pero bien simbólico. No es casualidad que esta ley tanto tiempo pospuesta sea la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia gubernamental. 

La herencia de la opacidad y la corrupción no solo tiñe el pasado sino aún destiñe el presente democrático que pretendemos forjar. Esta ley trae una misión fundamental en sus alforjas: devolver al ciudadano el señorío sobre la información pública, su control sobre la acción de sus mandatarios, su protagonismo sobre la construcción de la sociedad…

Hay reconocimientos que formular y desconocimientos que lamentar en este largo proceso de 22 años desde que la Constitución Nacional garantizó el derecho y ordenó una ley reglamentaria. Sociedad civil organizada, periodistas y actores políticos convencidos –pocos, pero suficientes- pudieron mantener la bandera erguida hasta alcanzar la conquista en medio de un tsunami de la transparencia que tuvo el necesario y contundente protagonismo ciudadano el año pasado apenas inaugurado el nuevo período gubernamental. 

Un primer intento en el 2001 terminado en un Frankenstein legislativo, dos amagues más en medio con indignantes traiciones de “opositores progresistas” y campañas mediáticas en contra, y luego la recta final con no pocos sobresaltos y el oportuno compromiso de varios legisladores que revirtieron la ignominia de corruptelas y secretismos institucionales para llegar a la meta de la ley sancionada y hoy también promulgada. Esa, en breve, es la historia. En el camino, ciudadanía, periodismo racional y una Justicia     históricamente ejemplar aportaron lo suyo para alcanzar la cresta de la ola de transparencia. El Ejecutivo, al principio algo tibio, también sumó su compromiso al inédito proceso.

La ley lograda es la posible, no la perfecta. Pero es la suficiente para remarcar y asegurar el camino de ese protagonismo ciudadano en la conquista (reconquista histórica) de la verdadera soberanía sobre la cosa pública. Los Poderes del Estado tienen ahora mucho compromiso por delante para hacer eficaz esta herramienta complementándola con aquellos elementos que la discusión legislativa, por pragmatismo y realismo político, fue desechando. Entre ellos, la necesidad de una autoridad de aplicación con carácter autónomo y mejores precisiones procedimentales. Faltan cosas en la ley, es cierto, pero está la estructura, el cuerpo principal para ya no permitir que un derecho tan esencial siga siendo letra muerta perdida en el mar de artículos constitucionales de garantías fantasmas espantadas por la falta de voluntad política.

Muchas cosas puede aportar una ley así y su correcta implementación. El Estado debe ponerse al servicio de la gente y organizarse para dar al soberano lo que es suyo: información. La prensa se verá obligada a ser más precisa y eficiente en la investigación. El rumor debe dar paso a la información y eso sí será hacer periodismo. Las instituciones se deberán esforzar en la eficacia. Los políticos inteligentes (¿utopía tal vez?) o simplemente pragmáticos comprenderán que la transparencia es finalmente un buen negocio para sus carreras. 

La ciudadanía tiene un blasón, una herramienta, un arma fundamental. También debe aprender a utilizarla y hacerla eficaz. No hay vuelta atrás en esta carretera de la transparencia. Quien quiera desviarse o retornar, se encontrará con la historia y el escrache. Los políticos tuvieron su propia lección y ahora respetarán un poco más la indignación ciudadana. Las desvergüenzas ya no serán objeto de privilegiados secretos; la luz del mayor desinfectante, el sol (como dijera el juez norteamericano Brandeis) llegará y la sociedad podrá combatir el virus de la opacidad y la corrupción en medio de una realidad política que debe cambiar verdaderamente. La ley cumplirá por todo ello un real “papel higiénico” como el simbolizado en aquella marcha del 15NPy.

Es cierto, la ley no lo es todo. Pero es un aporte sustancial para esta reconquista esencial: la de la soberanía del ciudadano y la transparencia de la democracia. 

José María Costa

INFORMACIÓN = MEJOR CALIDAD DEMOCRATICA

Una gran conquista ciudadana y una gran herramienta para una mejor calidad democrática. Esto es lo que podemos resumir de este gran acontecimiento que constituye la sanción (y esperemos pronta promulgación) de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública. Después de 22 años de vigencia de la Carta Magna, al fin tenemos esta ley fundada en el propio mandato constitucional. Detrás de este logro, hay una historia de reclamos perseverantes y avances persistentes que es digna de recordar.

En el 2001 había escrito un artículo periodístico bajo el título de “Frankenstein” para denostar contra una ley de “transparencia administrativa” que, con buenas intenciones de sus promotores, pasó de ser un proyecto razonable a terminar convirtiéndose en una ley mordaza para la ciudadanía y la prensa. Todo por efecto de la suma y resta de retazos (al estilo del monstruo de la novela) que desvirtuaron la ley y favorecieron finalmente el secretismo antes que la transparencia.

Durante más de una década me pregunté qué hubiera pasado si hubiéramos dejado que aquella ley permaneciera y no fuera derogada, como lo fue un mes después de haber entrado en vigencia. Casi un sentimiento de culpa flotaba en cada intento fallido que luego de eso tuvimos desde la ciudadanía organizada, primero con el entonces serio y organizado Sindicato de Periodistas del Paraguay y gremios aliados, o años después a través del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI). 

Un nuevo intento legislativo entre el 2005 y 2006 con un proyecto promovido por el GIAI, ampliamente debatido y sustentado en experiencias internacionales, quedó en el basurero debido a la estupidez y pusilanimidad de senadores opositores (PLRA y PEN) que encabezaron los votos en contra (apoyados por la ANR) para rechazar el proyecto.

INÉDITO MOMENTO POLITICO

En este recuento, llegamos al 2013 a un momento de inflexión histórica donde confluyen olas de diferentes magnitudes y procedencia para crear un verdadero tsunami de transparencia que nos tiene movilizados e indignados desde hace casi un año. La ciudadanía indignada, la prensa indagadora, la Corte con una sentencia oportuna y ejemplar, grupos de legisladores que supieron leer los signos de los tiempos y un Poder Ejecutivo que en esto está sí mostrando un nuevo rumbo.

La sentencia 1306 de la Corte, dada en octubre del 2013,  rescató y ofreció de manera oportuna la correcta interpretación del artículo 28 de la Constitución Nacional gracias a la acción judicial de un ciudadano, un verdadero prócer de la lucha ciudadana por la transparencia: Daniel Vargas Telles. La decisión judicial provocó la implementación política efectiva del derecho: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo actuaron en consecuencia y nos sorprendimos los ciudadanos con la amplia publicación de nóminas de funcionarios, con sus salarios y gratificaciones. 

Este círculo virtuoso de poderes del Estado, ciudadanía activa y reclamante, y medios de comunicación contralores, está funcionando de manera eficiente para impulsar la transparencia y un real imperio del derecho humano a la información. Sin dudas, un momento que marcará la historia política de nuestro país. 

La Ley 5189/14, cuya autoría hay que reconocerla al diputado colorado Romero Roa y el apoyo de otros colegas que entendieron esos signos de los tiempos, aportó luego un marco institucional preciso para el deber de transparencia activa del Estado. La reticencia de las entidades binacionales ante dicho instrumento requirió luego una decisión política efectiva del Ejecutivo para imponer el cumplimiento, aunque aún siguen las acciones judiciales promovidas por ambos entes.

Y finalmente, llega esta sanción de la ley de acceso a la información pública, que pone un reaseguro a este proceso de recuperación del protagonismo ciudadano y de devolución histórica a la gente de un derecho que le pertenece, el derecho a la información, por tantos años arrebatado por la vigencia del autoritarismo oscurantista en todos los niveles del Estado. 

Un anteproyecto original del GIAI sirvió de base para que varios senadores (hay que destacar el protagonismo del senador Carlos Amarilla) impulsen un proyecto que tuvo una importante intervención de los diputados (especialmente Romero Roa, Bernardo Villalba y Buzarquis) para evitar que vuelva a convertirse en una ley mordaza. 

LOS DEBERES PENDIENTES

Es una conquista para celebrar y una coalición coyuntural de ciudadanía-autoridades-medios que también hay que resaltar y aplaudir en función de un objetivo crucial para la democracia.

Las puertas ya están abiertas. Ahora se precisa usar y hacer efectivo el derecho con estos instrumentos. Las autoridades están obligadas a cumplir y promover el cumplimiento de estos principios y normas. La ciudadanía tiene el deber de hacer activo el instrumento legal y no dejar enmohecerse de nuevo el derecho reconquistado. Y los medios deben actuar como promotores del acceso en profundidad, hasta el punto en que la luz termine desinfectando la podredumbre ocultada por la oscuridad de décadas.

La democracia podrá mejorar con esta ley, pero bajo condición de que la ciudadanía toda y cada ciudadano en particular haga su papel para controlar, reclamar y sancionar. Es el deber que falta para que el derecho a la información se haga eficaz.

José María Costa