Astrea frente a los candidatos

¿Quieren realmente la independencia de la Justicia?

La pregunta es parte de las inquietudes que animan a la realización de un debate entre los postulantes a la primera magistratura del país que es anunciado en el sitio web www.justiciayelecciones.org.py.

En una sociedad en la que más del 70 % de los habitantes tiene poca o ninguna credibilidad en la Justicia, o en la cual 8 de cada 10 ciudadanos consideran que los tribunales no garantizan un juicio justo, es urgente y fundamental plantearse cómo fortalecer y reformar el Poder Judicial. Sin embargo, vemos que en su mayoría los candidatos a cargos políticos no tienen, no pueden o no quieren tener posiciones concretas y claras sobre este problema.

De las generalizaciones y vaguedades está empedrado el camino del proselitismo y los discursos electorales. Todos dicen querer una “Justicia independiente”, una “justicia que castigue la corrupción y a los corruptos”, una “justicia que defienda los intereses de la gente”, etc. Pero nadie dice cómo hacerlo.

Es más. Hay quienes han alentado y coparticipado de “pulverizaciones” en nombre de la “independencia” judicial, pero hoy aparecen sin empacho alguno postulando consignas “institucionalistas”. Hay quienes no dudaron en desconocer, desacatar o contradecir los mandatos judiciales, pero se presentan impolutos y con poses de catedráticos de la justicia. Hay quienes hicieron prevalecer “acuerdos políticos” por encima y al costado de la legalidad, y no se ruborizan al proclamar sus afanes pseudo institucionalistas. Hay quienes ridiculizaron y profanaron la independencia de los magistrados conminándolos a renegar de la Constitución para darles su acuerdo constitucional (paradoja aleve) para la designación en sus cargos, pero hoy se presentan como defensores del imperio de la ley y de las decisiones judiciales.

Puede ser beneficioso para todos, electores y candidatos, que éstos sean requeridos para que digan públicamente sus postulados en tan sensible como fundamental tema.

Allí podríamos saber si “independencia judicial” consiste solamente en que el juez no dicte sentencia en contra del propio interés. O si los que propugnan dicha independencia son capaces de trabajar por ella dando verdadera autarquía presupuestaria al Poder Judicial y autonomía en las decisiones como Poder del Estado.

Escucharlos hablar de “independencia” judicial para, acto seguido, proponer que se recompongan los cuadros judiciales de acuerdo a las “mayorías y minorías” es un despropósito. Escucharlos mencionar que quieren una Justicia “eficaz y rápida” mientras siguen promoviendo que el presupuesto sea un elemento de sometimiento es un insulto a la inteligencia.

La Justicia no está mal porque sí. Los políticos tienen gran parte de la culpa, porque siguen mirando al Poder Judicial como un poder “discapacitado” que debe ser controlado, sometido y utilizado. Y lo hacen a través de “pactos”, “cuoteos”, asignaciones o recortes presupuestarios con tufillo de extorsión, creaciones de cargos divididos por caudillismos regionales”, etc.

De este pecado, casi nadie se salva. Pero los candidatos presidenciales al menos tienen la obligación de decir en voz alta cómo piensan reivindicar a la Justicia y superar ese pecaminoso concubinato con la política que tanto daño ya ha causado a Astrea.

Valorar o promover la independencia judicial es, en primer lugar, respetar a la Justicia en la independencia e inamovilidad de sus magistrados, concederle la verdadera autarquía y autonomía en materia financiera, y finalmente, pero no menos importante, acatar sus decisiones por contrarias que fueran para los propios intereses. ¿Habrá algún candidato que esté dispuesto a todo ello?

José María Costa

El ojo del amo engorda la urna

¿Quiénes deben asegurar la transparencia electoral?


Un hombre puede ser honesto naturalmente. Pero lo es más cuando sabe que lo controlan.

Se ha desatado ya la seguidilla de acusaciones, contra-acusaciones, escepticismos, sospechas, cargos y descargos respecto a la transparencia de las próximas elecciones nacionales. Resulta lógico todo ello: en un país con un bajísimo nivel de confianza en las instituciones públicas, por qué habría de haber quedado fuera del “paquete” la Justicia Electoral. Aunque su hándicap en materia de credibilidad haya sido bastante fuera de lo común en los últimos años, ahora afronta problemas reales de credibilidad debido a varias disposiciones de sus autoridades que, por decir lo menos gravoso, huelen “raro”.

El 20 de abril no sólo se escrutarán votos ciudadanos sino tendremos una de las mayores pruebas de la democracia política desde la caída de la dictadura. Nunca antes, como ahora, había aparecido de manera tan persistente y convincente en el escenario político la posibilidad de una alternancia de partidos en el gobierno central del Estado. No estamos hablando de la “intención” que en muchas ocasiones demostraron sectores políticos opositores para romper con la hegemonía del Partido Colorado, sino de que en esta ocasión, hablando lo más objetivamente posible, aparece una conjunción de elementos que hacen más sustentable esa “intención”, aunque, debemos decirlo también, no aseguran alcanzar el objetivo.

Responsabilidad de unos y otros

Por todo esto, es fundamental que la transparencia sea total en el ámbito electoral. Y aquí no se puede decir, como sostuvo uno de los miembros del Superior Tribunal de Justicia Electoral, que se trata de que “cada quien” se ocupe de “cuidar” sus votos a través de los miembros y veedores de mesas. Es cierto que la base del sistema legal electoral está en el “mutuo control”, pero si las propias autoridades no son capaces de asegurar y proveer transparencia –más allá de los controles establecidos por los representantes de los partidos, ¿para qué están?.

Pero también debemos convenir que la transparencia electoral no sólo es responsabilidad de las autoridades sino una construcción colectiva que requiere de la participación de todos. El ojo del amo engorda el ganado y el de los votantes asegura el respeto a la voluntad popular. Este es el momento en que los partidos, alianzas, candidaturas y movimientos que desde la oposición están pujando por el cambio de la realidad asuman con responsabilidad que si no se organizan y preparan correctamente pueden convertirse en “idiotas útiles” de un montaje electoral que puede dar cabida al fraude.

No está mal acusar, protestar y advertir sobre las artimañas o los manejos poco claros del adversario. Pero también hay que ser proactivos y eficaces en el control.
Recuerdo que en las primeras elecciones de la época transicional un operativo conjunto de partidos, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales generó un alto grado de confiabilidad en los resultados a partir de un control que se preparó con varios meses de antelación y utilizó una red impresionante de fiscalizadores y veedores no contaminados con las corruptelas internas del partidismo prebendario.

Hoy día, da la impresión que todo comienza y acaba con la protesta… Hay algunos intentos de parte de sectores específicos, pero la balcanización de dichos esfuerzos los hace débiles ante las mañas y las “picardías” que se tejen usualmente de manera sistematizada en las elecciones… No olvidemos que, como dijera cierto reconocido filósofo del republicanismo, para ciertos sectores el “grito de guerra” electoral sigue siendo “ña trampeáta lo mitá”.


José María Costa