Dictadura de la fuerza

Reclamos legítimos precisan caminos legítimos

Días atrás tomé como punto de partida la anécdota de Lugo con los periodistas apostados en el Congreso para hablar de cuestiones más allá de la anécdota. Ahora, tomo y retomo (como diría cierto político venido a menos) la anécdota para referirme a ella y su contexto en nuestra sociedad.

Aquél día en el Congreso, los colegas comunicadores le hicieron el “corralito” al presidente electo para tratar de obtener algunas declaraciones sobre temas polémicos de la coyuntura. A la negativa de Lugo, respondieron siguiéndole y –según las crónicas de la prensa- obstaculizándole el paso para evitar que el mismo abordara su vehículo allí estacionado. “Es un método que solemos utilizar incluso en el Palacio de Gobierno cuando un político se niega a dar declaraciones”, comentó muy orondo un colega radial al día siguiente. Hasta allí, la anécdota. Ahora la reflexión.

Veamos. Estoy totalmente de acuerdo que los gobernantes deben “someterse” a las preguntas de la prensa pues en ellas, se supone, está representado el interés de la ciudadanía por conocer temas de relevancia para la vida social. Un mandatario o un ministro o un alto funcionario público que rehúye crónicamente a la prensa, no solo incumple un deber de transparencia que –en temas de interés público- le exige el cargo y su representatividad, sino además demuestra torpeza o falta de coraje político. “Los periodistas son como “cabichuí” que te persiguen por todas partes”, decía el antiguo rector de la UNA Dionisio González Torres, y en su sabiduría, no retaceaba una entrevista cuando era “pillado” por los mismos. “Más vale tenernos cerca, que lejos y conspirando”, añadía. La prensa tiene la misión de obtener la información, tanto la que quiere dar el poder como la que quiere ocultar. Es nomás luego “molestosa”, muchas veces. Y más aún cuando hay algo que esconder.

Ahora bien, para conseguir dicha información no puede recurrir a engaños, artimañas ni presiones indebidas, como por ejemplo “cerrarle el paso” o impedirle su tránsito a un entrevistado, por más hombre público que fuera el asediado. Lo ocurrido la semana atrás parece tener la misma lógica de quienes “invaden tierras” o “cortan rutas” para hacer valer sus derechos. No es que no tengan razón en sus reclamos, sino lo que no tienen es legitimación en sus métodos.

El uso de la fuerza y la coacción no será nunca una herramienta de la democracia, cuyo ordenamiento en base a la ley justamente busca erradicar el privilegio del más fuerte contra los más débiles. El derecho es la tabla que iguala a débiles y poderosos, al menos, en su concepción teórica.

La dictadura de la fuerza es la expresión más radical de la ilegalidad. Si los periodistas recurren a extorsiones, a coacción de la libertad ajena, a presiones ilegítimas, a chantajes económicos o políticos, quizás obtengan información (o beneficios), pero, ¿podrían llamarse “democráticos” o “profesionales”?
¿Que nos vendrá después? ¿Periodistas que “corten rutas” para obtener la “primicia” porque actúan “en nombre del pueblo”? ¿De qué serán acusados después quienes no estén de acuerdo con estos mecanismos? ¿De “criminalizar” la tarea de la prensa?

Todavía creo que hay espacio para el criterio sano y el juicio mesurado. La mejor aliada para cualquier periodista es la ley, y su mejor regla de trabajo es el respeto a las libertades y derechos de todos. La anécdota con Lugo fue eso, una anécdota. Pero bien vale mirar y atender la luz amarilla encendida allí, tanto por el lado de los entrevistadores como por el del entrevistado. El mismo que en otros planos y contextos, considera que “cortes y ocupaciones” son mecanismos de lucha “legítimos”.

José María Costa

Dictadura de la prensa

¿Nuestro sistema de medios es pluralista y democrático?

¡Dictadura de la prensa! Esta fue la reacción de Fernando Lugo cuando los reporteros se le cruzaron al paso para arrancarle alguna declaración sobre los polémicos nombramientos seguidos de fuertes acusaciones de nepotismo y forzadas renuncias.
¿Dictadura de la prensa? A ver, rasguémonos las vestiduras, si queremos, pero quizás convenga evaluar más ampliamente lo que connota dicha acusación.

En estos días, participé en Uruguay de un seminario internacional organizado por UNESCO sobre “Libertad de prensa, acceso a la información y empoderamiento ciudadano”. Las quejas y autocríticas estuvieron a la orden del día. Nadie puede pensar que estamos ante un sistema de medios de comunicación que está exento de problemas o pecados. Hay un reconocimiento cada vez más unánime, desde los profesionales periodistas y desde fuera en la misma sociedad, de que en nuestras frágiles democracias, el sistema de medios se constituye en un poder específico, no legitimado en su origen y muchas veces deslegitimado por el sectarismo de sus intereses, que frecuentemente compite con los poderes institucionales de la República. El papel de “perro guardián” a muchos se les ha subido a la cabeza y bajo el rótulo de la “crítica” se fomentan y defienden –abierta o solapadamente- intereses económicos o políticos que, en la libre competencia democrática, quizás no tendrían mayores perspectivas o adhesiones.

La acusación del presidente electo Lugo se refería anecdóticamente al “corralito” armado por los periodistas acreditados en el Congreso para tratar de obtener unas declaraciones suyas. En este plano, quizás deba Lugo revisar un orden de prioridades y estimar que no son los periodistas sino los ciudadanos, los que lo votaron y los que no, quienes tienen el derecho de aclaraciones y explicaciones precisas en temas urticantes como el referido. Pero llevando la misma acusación a un plano más genérico, no podríamos desechar tan fácil ni rápidamente la connotación de esas palabras.

José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad de Barcelona, en una brillante teleconferencia desarrollada en el citado evento en tierras uruguayas sostenía que el concepto de “libertad de prensa debe ser reformulado” buscando que sea respetuoso de la libertad de expresión de la ciudadanía y promotor de una verdadera “conciencia crítica” de la misma. Superar, proponía, el papel de “tutores de la opinión pública” para permitir la creación de un sentido crítico ciudadano. En referencia a esto, se quejaba de la “excesiva mercantilización de la información, debido a que para el sistema industrial de los medios el público apenas es un target, y los ciudadanos unos clientes”, además de puntualizar el efecto negativo de la saturación informativa que además endiosaba la polémica, por su capacidad de crear atención, y no el verdadero debate democrático que sirve para confrontar ideas y promover soluciones.

¿No estaremos, pues, ante la lógica de un sistema de medios que, de alguna manera, reproduce las motivaciones y mecanismos de la dictadura política? ¿No será que detrás de la “saturación informativa” o el “endiosamiento de la polémica” o la “información como mero show mediático” se esconde la necesidad de preservar un público carente de criterios al cual se pueda manipular, con el cual se pueda ejercer tutela mental y política, y al cual se pueda arrastrar oportunamente hacia la defensa de intereses económicos de los grupos de medios?

¿Hay diferencias entre la hegemonía del sistema de medios y la dictadura mediática? ¿La antítesis de la dictadura, esto es, el pluralismo, está garantizado en nuestro sistema de medios? ¿Es una garantía real o apenas formal? ¿Qué grado de transparencia hay en la propiedad de los medios? Tal vez estas preguntas sirvan más para analizar la acusación de Lugo y no quedarnos apenas en la mera anécdota de días pasados.

José María Costa