Astrea independiente

El largo camino a la despartidización judicial

No es con proclamas ni reclamos, sino con hechos concretos y actitudes sinceras que se va a ir construyendo la independencia del Poder Judicial en el Paraguay. No basta ser opositor ni disidente, ni estar al frente de una oenegé pseudo progresista. No se agota en el cuoteo matemático en cargos ni en la renuncia “ética” de jueces a sus afiliaciones partidarias. La independencia judicial necesita mucho más para construirse, y aún más para consolidarse en un país cuya justicia vivió décadas sojuzgada a los intereses de un dictador y luego, apenas “pluralizada” mediante un pacto de gobernabilidad que impuso cupos multicolores pero no logró despojarla de las presiones ilegítimas de los grupos políticos. Menos aún de los de otros sectores de poder, algunos de ellos visibles y otros secretos.

Para la independencia de la Justicia se precisa construir sobre la base de dos ejes: la independencia de los magistrados y la autonomía institucional.
Se precisa proteger a sus operadores –los magistrados- con reaseguros eficaces frente al poder de los operadores políticos. Esto se logra con la inamovilidad en el cargo. Y también se precisa dar autarquía real (desde su diseño y elaboración hasta su ejecución) al presupuesto judicial, para evitar las injerencias políticas que presionan por cargos y rubros en forma de “cupos partidarios”, y por recortes con sentido de “castigo”.

En lo primero, fueron los propios opositores quienes dieron al Ejecutivo las armas para someter a la justicia en el 2003 al avalar un desprolijo y politizado descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia. Con la sed de porciones “propias” que tenía la nueva dirigencia opositora, el nuevo oficialismo colorado logró fácilmente el proceso que, aunque incorporó nuevas y relevantes figuras a la Corte, no hizo sino consolidar la preeminencia político-partidaria en la designación de magistrados. Rabiosos por cualquier atisbo de independencia judicial, los legisladores incluso llegaron a exigir a los candidatos a ministros que admitan públicamente que sus mandatos serían de cinco años… E pur si mouve… Años después, con las magistraturas más consolidadas y las fuerzas políticas desperdigadas, se logró reinstalar la teoría –constitucional, por cierto- de la inamovilidad de los ministros de la Corte hasta los 75 años de edad, lo que no supone vitaliciado ni impunidad pues el juicio político sigue siendo el mecanismo constitucional para la destitución en caso de mal desempeño.

La elección de tres magistrados de carrera en la terna para nuevo ministro de la Corte, todos ellos ya con el beneficio de la inamovilidad constitucional en el cargo por consecuencia de sus sucesivas confirmaciones, alienta el proceso que no será nunca bien visto por los políticos que pierden el mango de la sartén. Hasta resulta relevante que no haya exponentes políticos en ella ni se haya recurrido a integrar una terna con sentido de “cupos” (como algunos cínicamente siguen reclamando). Con esto, es cierto, no se acabarán los vientos de influencia política, pero Astrea irá teniendo al menos un escudo más fuerte ante los lanzazos partidarios. Con ello, la justicia eficaz irá dependiendo cada vez más de la actitud soberana de sus magistrados y cada vez menos de la tolerancia o el influjo de los políticos. Eso, definitivamente, es un paso adelante.

Autonomía presupuestaria, otra clave

El otro componente, el de la autonomía presupuestaria, también es un camino largo por andar. Si leyéramos con sentido directo e integral el articulo 249 de la Constitución, cada año se viola el principio de autonomía presupuestaria con el sometimiento del diseño y la ejecución del Presupuesto Judicial tanto al Poder Ejecutivo (como si fuera cualquier otro ministerio) como al Legislativo (que anualmente lo destroza, lo amplia o lo reduce según su antojo, y solo tiene atribución de “aprobarlo” según la carta magna).

No creamos que será fácil tener una Justicia independiente. Tampoco creamos que las dificultades para no alcanzarla tendrán un solo color. Sin embargo, analicemos bien cuáles son los pasos que nos orientan hacia ella, y cuáles son apenas reclamos fútiles o cínicos que en realidad esconden la ansiedad de sectores políticos por no perder los hilos verdaderos del influjo en la Justicia.

José María Costa