viernes, 1 de febrero de 2008

Ni con un millón de policías…


La política del avestruz en materia de inseguridad

Cómo será de crítico el nivel de inseguridad que hasta los mismos jueces sienten hoy en propiedad y carne propia los rigores de la criminalidad. El ministro del Interior podrá seguir dando recomendaciones de prevención a la ciudadanía o señalando que se trata más de una cuestión de percepción que de realidad, pero lo cierto es que para la gente, la inseguridad es un problema cada vez mayor en nuestra sociedad.

Llegamos, entonces, a un punto en que ya no alcanza con levantar lo más alto que se pueda la muralla o poner rejas a cuanta abertura se tiene en la casa. Ni siquiera basta con contratar todos los sistemas de alarmas, tender cercas eléctricas o tener un ejército privado de seguridad. ¿Qué pretenden nuestras autoridades? ¿Que el problema de la inseguridad debe resolverlo cada ciudadano por su cuenta? ¿Qué vivamos en medio de un campo minado para prevenirnos de asaltos y robos? ¿Qué se imponga la ley del far west? Todos contra todos, cada cual defendiendo lo suyo, y el Estado que siga engordando sin responder a las necesidades de la gente.

Más policías, menos seguridad

La jueza que realiza semanalmente intervenciones en rescate de adolescentes en estado de peligrosidad en San Bernardino reclamó que se incremente de 200 a 400 el personal policial destinado a cubrir dicha ciudad los fines de semana. Un seguimiento rápido de los titulares de prensa de las primeras tres semanas del caluroso enero nos revela que 200, 400, 1.000 o 20.000 policías podrían no ser suficientes para la problemática de seguridad de esa ciudad y menos del país.

No es un problema de contar con más personal policial en las calles, sino de que haya decisión política de prevenir y combatir el crimen. Más policías en las calles significa, la mayor parte de las veces, no tanto un poder disuasivo para los delincuentes sino molestias innecesarias para la gente que no tiene nada que ocultar.

Lamentablemente, mientras las totalmente pronosticables barreras policiales retienen a ciudadanos honestos para requerirles documentos de hasta su décimo cuarta generación en línea de afinidad y consanguinidad, los verdaderos criminales manejan las frecuencias radiales y tienen “compinches” uniformados que les alertan de los operativos. O peor, planifican o realizan sus asaltos al amparo de las luces intermitentes de patrulleras cuyos ocupantes se dedican a “novillear” por el barrio o a recoger las “recaudaciones” de moteles, kilombos y pancheros en infracción, y cuando un vecino les pide auxilio tiene que “ponerse” con un 200 mil “para el combustible”.

No bastará un millón de policías si las autoridades no cambian su punto de vista y se dedican a administrar seguridad saneando los cuadros policiales, exigiendo y controlando el cumplimiento de sus funciones a los jefes policiales, estableciendo mecanismos permanentes y ágiles de corrección para las negligencias internas, y convierten a la ciudadanía en aliada suya y no en sospechosa principal.

La inacción policial es muchas veces urticante. A tal punto que muchas veces, ante un evidente delito o infracción legal, algunos jefes se remiten a decir que “no pueden hacer nada” sin orden del fiscal, excusa baladí para incrementar la pobre percepción que tiene la institución en el compromiso a favor de la legalidad. O para demostrar del lado de quién están.

Quizás sea cierto que hay países más inseguros que el nuestro. Pero en este caso, el mal de otros no sólo es consuelo de ministros…sino también parece política de Estado. Del estado de inseguridad que nos regalan nuestras autoridades.

José María Costa

lunes, 21 de enero de 2008

Inseguridad informativa


Cuando la verdad dura 24 horas… o menos

Un suboficial de Policía mató una noche a un joven en San Bernardino. A la noche siguiente era otro el que lo había matado. Los titulares de prensa han obrado esta meteórica transformación informativa.

Todos los medios, unos más que otros quizás, condenaron al entonces sospechoso saltando por encima de las reglas más básicas de la ética periodística y la normativa constitucional que impide presentar como culpable a quien no fue judicialmente condenado. Los “presuntos”, “supuestos” y otras sutilezas del lenguaje eufemístico del periodismo fueron incluso olvidados. El agente policial fue prácticamente linchado socialmente... hasta que apareció otro (¿verdadero?) sospechoso.

Meses atrás, la gran noticia que recorrió el mundo fue la de una curiyú que se tragó un día a un hombre entero, y al día siguiente, ni existíó la pobre y el hombre “tragado” apareció sano y salvo.

¿Por qué la verdad “periodística” es a menudo tan endeble? ¿Qué errores estamos cometiendo medios de comunicación y periodistas para producir información tan inestable? ¿Qué daños estamos causando a la sociedad con esta inseguridad informativa provocada por la mala praxis profesional o la falta de autorregulación ética?

La falta de contrastación de las fuentes –en el caso de la curiyú- o la falta de precaución y rigor ético en el manejo informativo –en el del crimen en San Bernardino- son pecados frecuentes de un periodismo que debería valorar más el capital de credibilidad que le concede la ciudadanía, ya descreída y desilusionada del resto de las instituciones y protagonistas de la realidad nacional.

Dilapidando el capital de confianza

Este clima de inseguridad informativa –como lo califica en un análisis mucho más amplio Ignacio Ramonet- que ayudamos a crear periodistas y medios cuando no realizamos nuestro trabajo con rigor profesional se convertirá no sólo en bumerán que golpee la credibilidad de la prensa. También corroerá aún más los cimientos de una democracia que ve desprestigiarse a su clase política y contaminarse de corrupción a sus instituciones.

Ramonet, en una entrevista, mencionaba este estado de inseguridad diciendo que el ciudadano terminará preguntándose dónde está la verdad porque cuando recibe una información de la radio, la prensa o la televisión, “no sabe si es verdadera o falsa. No sabe si dentro de un mes van a decirle: `Mire, lo que le dije hace un mes, no era cierto”… Y si fuera en nuestro caso, lo dicho el día anterior…

Estos pecados no son nuevos ni son propios de la prensa nacional. Recordemos, como detalle, el daño causado por una información propalada por la prestigiosa Newsweek sobre los soldados americanos que habrían tirado al inodoro un libro del Corán en Guantánamo. Decenas de muertos y violentas manifestaciones antinortemericanas por todo el mundo fueron la respuesta a una información que, en su siguiente edición, la revista admitió como un “error” debido a la falta de una verificación responsable.
Toda esta situación, no sólo reclama reflexión y autocrítica profunda en la prensa.

También es un llamado a una mirada más crítica de parte de la ciudadanía. Si, como dijo alguna vez Albert Camus, un país vale lo que vale su prensa, deberíamos esforzarnos para tener desde la ciudadanía observatorios críticos que contribuyan a mejorar la tarea de la prensa que es, al fin y al cabo, sostenedora de libertades esenciales del sistema democrático, como la libertad de expresión y de información.

La inseguridad que vivimos cotidianamente con delitos e impunidad es casi similar a la inseguridad informativa que se genera cuando la prensa no realiza bien su trabajo. Con ambas, la credibilidad en el sistema democrático se resquebraja y se abren terrenos fértiles para nuevas formas de autoritarismo. El pecado de omisión, en este caso, será tan grave como el de acción.