INFORMACIÓN = MEJOR CALIDAD DEMOCRATICA

Una gran conquista ciudadana y una gran herramienta para una mejor calidad democrática. Esto es lo que podemos resumir de este gran acontecimiento que constituye la sanción (y esperemos pronta promulgación) de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública. Después de 22 años de vigencia de la Carta Magna, al fin tenemos esta ley fundada en el propio mandato constitucional. Detrás de este logro, hay una historia de reclamos perseverantes y avances persistentes que es digna de recordar.

En el 2001 había escrito un artículo periodístico bajo el título de “Frankenstein” para denostar contra una ley de “transparencia administrativa” que, con buenas intenciones de sus promotores, pasó de ser un proyecto razonable a terminar convirtiéndose en una ley mordaza para la ciudadanía y la prensa. Todo por efecto de la suma y resta de retazos (al estilo del monstruo de la novela) que desvirtuaron la ley y favorecieron finalmente el secretismo antes que la transparencia.

Durante más de una década me pregunté qué hubiera pasado si hubiéramos dejado que aquella ley permaneciera y no fuera derogada, como lo fue un mes después de haber entrado en vigencia. Casi un sentimiento de culpa flotaba en cada intento fallido que luego de eso tuvimos desde la ciudadanía organizada, primero con el entonces serio y organizado Sindicato de Periodistas del Paraguay y gremios aliados, o años después a través del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI). 

Un nuevo intento legislativo entre el 2005 y 2006 con un proyecto promovido por el GIAI, ampliamente debatido y sustentado en experiencias internacionales, quedó en el basurero debido a la estupidez y pusilanimidad de senadores opositores (PLRA y PEN) que encabezaron los votos en contra (apoyados por la ANR) para rechazar el proyecto.

INÉDITO MOMENTO POLITICO

En este recuento, llegamos al 2013 a un momento de inflexión histórica donde confluyen olas de diferentes magnitudes y procedencia para crear un verdadero tsunami de transparencia que nos tiene movilizados e indignados desde hace casi un año. La ciudadanía indignada, la prensa indagadora, la Corte con una sentencia oportuna y ejemplar, grupos de legisladores que supieron leer los signos de los tiempos y un Poder Ejecutivo que en esto está sí mostrando un nuevo rumbo.

La sentencia 1306 de la Corte, dada en octubre del 2013,  rescató y ofreció de manera oportuna la correcta interpretación del artículo 28 de la Constitución Nacional gracias a la acción judicial de un ciudadano, un verdadero prócer de la lucha ciudadana por la transparencia: Daniel Vargas Telles. La decisión judicial provocó la implementación política efectiva del derecho: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo actuaron en consecuencia y nos sorprendimos los ciudadanos con la amplia publicación de nóminas de funcionarios, con sus salarios y gratificaciones. 

Este círculo virtuoso de poderes del Estado, ciudadanía activa y reclamante, y medios de comunicación contralores, está funcionando de manera eficiente para impulsar la transparencia y un real imperio del derecho humano a la información. Sin dudas, un momento que marcará la historia política de nuestro país. 

La Ley 5189/14, cuya autoría hay que reconocerla al diputado colorado Romero Roa y el apoyo de otros colegas que entendieron esos signos de los tiempos, aportó luego un marco institucional preciso para el deber de transparencia activa del Estado. La reticencia de las entidades binacionales ante dicho instrumento requirió luego una decisión política efectiva del Ejecutivo para imponer el cumplimiento, aunque aún siguen las acciones judiciales promovidas por ambos entes.

Y finalmente, llega esta sanción de la ley de acceso a la información pública, que pone un reaseguro a este proceso de recuperación del protagonismo ciudadano y de devolución histórica a la gente de un derecho que le pertenece, el derecho a la información, por tantos años arrebatado por la vigencia del autoritarismo oscurantista en todos los niveles del Estado. 

Un anteproyecto original del GIAI sirvió de base para que varios senadores (hay que destacar el protagonismo del senador Carlos Amarilla) impulsen un proyecto que tuvo una importante intervención de los diputados (especialmente Romero Roa, Bernardo Villalba y Buzarquis) para evitar que vuelva a convertirse en una ley mordaza. 

LOS DEBERES PENDIENTES

Es una conquista para celebrar y una coalición coyuntural de ciudadanía-autoridades-medios que también hay que resaltar y aplaudir en función de un objetivo crucial para la democracia.

Las puertas ya están abiertas. Ahora se precisa usar y hacer efectivo el derecho con estos instrumentos. Las autoridades están obligadas a cumplir y promover el cumplimiento de estos principios y normas. La ciudadanía tiene el deber de hacer activo el instrumento legal y no dejar enmohecerse de nuevo el derecho reconquistado. Y los medios deben actuar como promotores del acceso en profundidad, hasta el punto en que la luz termine desinfectando la podredumbre ocultada por la oscuridad de décadas.

La democracia podrá mejorar con esta ley, pero bajo condición de que la ciudadanía toda y cada ciudadano en particular haga su papel para controlar, reclamar y sancionar. Es el deber que falta para que el derecho a la información se haga eficaz.

José María Costa

Boca de urna por Twitter

Yo decididamente tuitearé el domingo 21 los resultados de boca de urna a medida que tenga conocimiento de los mismos. Y aquí expongo mis razones.

No se trata de un capricho o de una mera rebelión adolescente contra los artículos 305 y 306 del Código Electoral. No. Se trata de enarbolar y defender un principio sustancial de la vida democrática, la libertad, por encima de los prejuicios, los miedos y hasta la irracionalidad de quienes, garrote legal en mano, adscriben y suscriben normas que violan un derecho humano básico y la propia Constitución Nacional. Se trata de libertad de expresión, de libertad de información versus una coacción inútil, innecesaria e inconstitucional lamentablemente persistente y para la cual el Ministerio Público se sigue prestando de una manera ridícula y tozuda.

El miedo a la libertad nos puede llevar a cometer muchos errores. Pero prefiero que los errores surjan por tener y ejercer la más amplia libertad, que por carecer de ella o porque la represión se haya instalado en nuestra mentes, nuestros espíritus o nuestra sociedad.

Aquí expongo mis motivos para tuitear este domingo 21 los resultados de boca de urna.

1.      El valor de la información en la democracia y en el proceso electoral. El voto  es la expresión excelsa del ciudadano, para constituir la sociedad democrática, donde, según el criterio irrebatible, el pueblo ejerce su soberanía y elige sus representantes para que gobiernen dicha sociedad según su mandato. Si el voto no tiene el sustento de la información, es un mero acto mecánico. El voto, para que tenga sentido, supone que contenga ELECCIÓN. La elección, optar por algo o por alguien, se hace a partir del sentimiento y/o de la razón, y para que éstos, conjuntamente o por separados, tengan sustento, precisan INFORMACIÓN. Yo quiero o me gusta algo si previamente en mis sentimientos se han consolidado hechos o experiencias que me hacen tener simpatía con ello. Y de la misma forma, racionalmente puedo optar por algo si previamente recibo información que facilite y fundamente mi decisión. En síntesis, coartar la información para el elector es tratar de reducir su protagonismo a un ejercicio mecánico del voto.

2.      Las encuestas proveen información al elector. En puridad, las encuestas y sondeos de opinión proveen la información acerca de lo que piensa el resto de la sociedad de la cual es parte el mismo elector. Desechemos, a este efecto, la excusa de que “aquí las encuestas están amañadas o son armas de marketing electoral”, pues equivaldría a decir que porque “existen malos periodistas o malos periódicos” debiéramos prohibir los medios de comunicación o coartar la libertad de prensa. Pero además, el libre flujo de los datos y las informaciones, esto es en este caso, de las encuestas y sondeos, hará que queden evidentes cuáles realmente son serias y fundadas. La construcción de credibilidad y confianza en la democracia y en los valores de ésta no se hace por imposición de dogmas o prohibiciones (la democracia no es una religión) sino por el mayor campo de libertad que permite la convivencia y la competencia natural de las opciones. Al mismo tiempo, aquello de que “este pueblo no está capacitado ni educado para diferenciar entre una encuesta buena y una mala”, nos llevaría al paternalismo medieval que ha pretendido excusar al absolutismo de aquellos tiempos y a los dictadores de la era contemporánea. Stroessner decía que la gente “no sabía qué le convenía” y por ello el “único líder” debía ser el que se lo señalara e impusiera.

3.      Debemos promover la igualdad de oportunidades para acceder a información. En la realidad, tanto en la época de veda de 15 días previos en los que no se permite difundir encuestas como en el día de las elecciones que los medios tienen prohibido difundir bocas de urna, los resultados corren a través de los rumores y el ñe’embeguépe. Esto no solamente conspira contra la confiabilidad, sino además deja en un plano de desigualdad a los ciudadanos. Los “privilegiados” (generalmente políticos y periodistas) que acceden a los datos están informados y la ciudadanía en general huérfana de esa información. Levantar la prohibición pondría en plano de igualdad de acceso a la información a todos.

Inconstitucionalidad de las normas. Planteada la discusión jurídica de estas normas, en su momento, la Corte Suprema de Justicia ya sentó su postura de que las mismas van contra la constitución y violan flagrantemente la letra y el espíritu de los artículos 26 y 28 de la Constitución Nacional. Pero además, agrego, viola el sentido del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre libertad de expresión y acceso a la información.

4.      Obsolescencia, irracionalidad e inutilidad de las normas. En aquél acuerdo y sentencia de la Corte del 2002 se mencionaba también que las citadas disposiciones del Código Electoral no solamente eran inconstitucionales, sino básicamente inútiles y obsoletas habida cuenta el mundo globalizado y la creciente presencia de internet en el flujo de las comunicaciones de las personas y las sociedades. Y agreguemos que esta crítica se fortalece y reafirma hoy día por el mayor crecimiento de internet y las redes sociales en nuestro país, sino además porque en esta elección también ya están involucrados compatriotas que viven en el extranjero. Bastaría que el paraguayo Juan Pérez que vive en New York y vota allá se decidiera a difundir y re-difundir las encuestas y bocas de urna para que se compruebe la total inutilidad y obsolescencia de la norma. Por otro lado, la prueba más evidente de la irracionalidad de esta prohibición fue dada por ciertos fiscales al sostener que los medios tienen prohibido difundir los sondeos, no así un ciudadano común vía redes sociales. La confusión es producto de la sinrazón.

Por todo ello, y porque creo que con este tipo de ejercicio de libertades estaremos propiciando realmente el crecimiento y la fortaleza cívica de nuestro pueblo –no con prohibiciones, sino con libertad- este domingo 21 tuitearé resultado de boca de urna. Y espero que otros más lo hagan ¿Se suman a esta campaña?