Comandante Pastorcillo

De la credibilidad esperanzadora a la mentira consuetudinaria

No es la primera vez que grita “Lobo!” y no hay tal cosa. No es la primera vez que ha dicho que no dijo lo que ha dicho y le escucharon decir. No es la primera vez que apunta a los grandes titulares de la prensa nacional e internacional para luego esconder la mano.

Hace poco más de un año, anunció que había lobos a punto de comerse al rebaño. Y la gente le creyó, y la comunidad internacional se solidarizó, y luego nada pasó. Ahora volvió a hacerlo para justificar unos cambios en la cúpula militar que llevasen a los “amigos” a los cargos de mayor envergadura. Para el Príncipe no importan los medios, sino el fin. No importan las reputaciones de militares honestos ni importa jugar con la credibilidad que el pueblo le ha entregado en confianza.

Si en realidad hubiera habido “bolsones golpistas”, aunque sean “unos pocos” y más aún si el susodicho los conoce e identifica bien, el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debió haberse apegado a lo más institucional que tiene la República: la constitución y las leyes. Y no debió haberse jugado a gritar “¡Lobo!” para luego hacer sus enroques de innegable tufillo clientelista y sectario.

Los delitos contra la seguridad de la República o contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas están explícitamente tipificados en el Código Penal Militar (arts. 78 y 88, Ley 843/80) y si en realidad el Comandante en Jefe sabe de quien haya intentado o tengan intenciones de cometerlo, su obligación era denunciarlo a la Justicia Militar, ordenar la integración de un Tribunal Militar para juzgar a los responsables (si fueran generales) y hacer cumplir las normativas al respecto.

Similares hechos punibles están contemplados en el ámbito de la Justicia ordinaria, en el Código Penal. Y si el Presidente de la República tuviera en realidad conocimiento de un intento, una conspiración, un complot, debe denunciarlo al Ministerio Público y ayudar a que el mecanismo judicial investigue y sancione a los responsables.
Todo ciudadano que esté en conocimiento de algún hecho punible o de su intento, tiene la obligación legal de denunciarlo. Si no lo hace, puede ser acusado de cómplice o encubridor.

Lo que ha hecho el Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación es darle una bofetada a la institución militar, otra a la ley y una más fuerte aún a la credibilidad de la gente. Sus denuncias fueron, como hace un año, fuego de artificio para obtener réditos políticos y respaldar propósitos sectarios. Llenándose la boca de institucionalidad, atentó contra la verdadera institucionalidad militar, la que garantiza a sus oficiales un sistema de ascensos y graduaciones de acuerdo a méritos y normativas, y no de acuerdo a “amistades” políticas o lealtades personales. Su manera de obrar sí es la que genera inestabilidad e incertidumbre en el estamento militar, y por extensión, sospechas en la ciudadanía.

Sus acciones han sido una muestra más de la irresponsabilidad que, había sido, engalanaba no sólo su curriculum personal y familiar, sino también su vocación pastoral, a juzgar por cómo le encanta gritar “¡Lobo!” en las praderas políticas donde el embuste es cotidiano. El hábito no hace al monje, pero la mentira le quita esperanza al pueblo y puede hacer que, cuando aparezca el lobo verdadero, ya no haya alguien creíble para defenderlo ni guiarlo.

José María Costa