Los más del año 2008

Evaluación karapé para el tereré del “día después”

Como cualquier mortal, en estos días de fiestas, regalos, felicitaciones, cenas, sidra, pizza y champagne, no he resistido la tentación de hacer una “evaluación” del año político… El ritmo frenético de estos días y el stress consumista me obligaron a no ir a las profundidades, pero aquí están al menos los ítems de dicha evaluación. Cada cual podría aportar más puntos o desarrollar los indicados. Siéntanse libres de hacerlo, como ejercicio de un nuevo año y una nueva esperanza, que esperemos no sea de nuevo una nueva frustración.

• La paliza del año: El triunfo de la Alianza Patriótica.
• Los contusos del año: El coloradismo nicanorista y todos sus aliados.
• El aliado del año: El coloradismo castiglionista (para la Alianza)
• Los oportunistas del año: El coloradismo luguista.
• La estrella fugaz del año: El coloradismo “osvaldista” en el curul de Mbopí Kuá.
• El invento del año: La banca de Grillón… de antología!
• El anuncio del año: “Vamos a cambiar este país”.
• El cambio seguro del año: El del arbolito navideño “colorado” por uno “metileno”.
• La excusa del año I: “No se puede pedir cambiar en 100 días lo que estuvo mal 61 años”.
• La excusa del año II: “No se puede cambiar en 6 meses lo que estuvo mal 61 años”
• La excusa del año III: “No se puede cambiar en 5 años de gobierno lo que estuvo mal 61 años”.
• La irresponsabilidad del año: El anuncio de “la conspiración” y el opa reí oficial subsiguiente.
• La contratación del año: (dura pelea palmo a palmo entre la “asistente” de Cardozo y la “asistente” del senador López Chávez)
• El secreto mejor guardado del año: El programa de gobierno.
• Los cortes del año: Los cortes de rutas, calles, callejones, plazas… Y ningún recorte en el Presupuesto Nacional!
• El trato denigrante del año: La destitución de Margarita Mbywangui
• El vaca pirú ñorairó del año: Evannhy Vs. Lambaré.
• La medida municipal más “moderna” del año: Evannhy con los piqueteros cerrando los límites con Lambaré…
• La frase del año I: “Los parientes también tienen derecho a trabajar” (dicha antes del 20 de abril)
• La frase del año II: “Los parientes también tienen derecho a trabajar… ¡Je, je!” (dicha después del 15 de agosto)
• La frase del año III: “Jo, jo, jo. Esto es un asalto!”
• La bola del año I: “Garantizamos la seguridad de las personas y sus propiedades”.
• La medida de seguridad del año: “Si va a festejar un cumpleaños, avise a su policía del barrio”.
• La bola del año II: “No queremos el cuoteo en la Corte”
• El “nombramiento” del año: Víctor Pereira como “canciller”.
• La “sombra” del año: ¿Y quién les parece?... ¡Marcial Congo!
• Los acuerdos del año: Los de Chávez, firmados “ante miles de sampedranos”, y escondidos bajo llave episcopal.
• La conferencia de prensa más explicativa del año: La de la Cancillería sobre los acuerdos “bolivarianos”. ¡Impactante!
• El capricho del año: La “rallyfobia” de Camilo.
• El otro capricho del año: Electra, autor citado.
• El pase de magia del año: El destino del “palo verde” del “Comandante Chávez” para la emergencia chaqueña.
• El desmentidor y explicador del año: López Perito.
• Los plagueos del año: Los de Federico…
• La recontra-excusa del año: “No se viola la ley contra el nepotismo con esto” (Emilio Camacho)
• Los parientes del año: Sabés loo…
• Las sandalias del año: Sabés taén loo…
• El sauna del año: ídem
• Las coherencias del año: … Mmmmm… ¿Hace falta pio decirlo?

José María Costa

Paraguay far west

Sálvese quien pueda en la jungla ciudadana

Las calles son de los peajeros. Que lo digan los vecinos de la compañía Mboi’y de Itauguá, que hartos de las tropelías de los asaltantes, tomaron justicia por mano propia y lincharon a uno de ellos. ¿La Policía? Bien, gracias. En el maravilloso país que antes era de Herminio y hoy pertenece a otros nuevos profetas de la maravilla, tal vez sume una estadística más, pero la realidad se vuelve exasperante. Peajeros, barrabravas, pendencieros, vagos, rateros y criminales de baja estofa son dueños de calles, plazas, barrios, esquinas con alumbrado o sin él, callejones, baldíos y hasta estaciones de servicios inundados de parlantes cachaqueros. Las patrullas policiales en el mejor de los casos brillan por su ausencia; en el peor, aparecen para cobrar “comisiones” por hacer la vista gorda.

Lo ocurrido en este barrio del área metropolitana evidencia la desesperación de la gente común, la gente honesta, ante la inacción y desidia de las autoridades. En la ciudad, en el barrio, en la cotidianeidad de un país que está perdiendo el apego por la ley y el respeto a los derechos, el honesto Juan Pérez no encuentra solución de parte de sus autoridades. Cuando un cachaquero le revienta los tímpanos en el barrio, la Policía dice que no puede actuar y el fiscal del ambiente dice que debe medirse los decibeles para ver si hubo infracción. Cuando peajeros y malvivientes asuelan la cuadra, el comisario exige que se hagan denuncias “responsables” , con nombre, apellido, número de cédula y grupo sanguíneo del denunciante y el denunciado. Cuando barrabravas recorren las calles armando tumulto por los barrios, se apropian de una plaza y se emborrachan y drogan tranquilamente en la vía pública, la Policía considera “misión cumplida” el haberles pedido “por favor” que se desplacen hacia otra zona y vayan a molestar a otro vecindario. Cuando supuestos “sin techos” (pero con camionetazas) invaden un terreno o una plaza, ni la Municipalidad ni la Polícia defienden el derecho de los vecinos que han sudado y trabajado de sol a sol para hacerse de una pequeña vivienda dignamente. Mientras tanto, en la Policía, en el Ministerio del Interior, en las oficinas de atención al público de la Municipalidad (la que fuera), en las instituciones de orientación y apoyo al ciudadano (la que fuera), los papeleos, los interrogatorios, los trámites engorrosos y las esperas son interminables… para el ciudadano que quiere transitar por el camino legal y reclamar su derecho.

La lista puede sumar y seguir. Lo ocurrido en este casi desconocido barrio de Itauguá es muestra de la desesperación de la gente frente a un estado de cosas que, pese a discursos proselitistas y demagogias aliancistas, no ha cambiado un ápice. Y lo peor, no tiene visos de cambiar porque sencillamente el gobierno no tiene un plan para combatir la delincuencia y promover la seguridad ciudadana. Cuando se inauguró, el plan era sacar a los policías que hacía guardias privadas. Cuando arreciaron los asaltos a los cumpleaños, la recomendación fue que, cuando se organizara un “cumple”, además de “Si-No-Se” se llamara también a la comisaría. En una entrevista hecha a un representante del Ministerio del interior, ante las estadísticas incrementadas de asaltos y la pregunta del plan que se tenía al respecto, el mismo anunciaba que se haría una “encuesta de victimización” para elaborar la “línea de base” a partir de la cual promover un plan de seguridad. Tanta cháchara oenegista sirve para vender proyectos a los organismos de cooperación, pero no arregla la cotidiana lucha ciudadana por la supervivencia en la jungla de asaltabuses, peajeros, carteristas y rateros. La gente está descreída de la Justicia y la Policía, no ve que haya vocación de combatir a la delincuencia, sospecha de sus autoridades policiales, ve con temor que asaltantes atrapados hoy mañana vuelven a transitar libremente y delinquir como si nada. El destino de todo esto, cómo no va a ser la tentación de tomar la justicia por mano propia. Condenable camino, cierto, pero es el que se le muestra como efectivo a una ciudadanía desprotegida y desesperanzada.

Los vecinos de Itauguá, indignados y ya hartos de todo, recurrieron a la justicia por mano propia. Un exceso irracional, por supuesto, pero plenamente entendible (ojo, no justificable!) cuando la desidia e indolencia gubernamental no deja otra esperanza que armarse uno mismo para defender lo propio. Así sea en la ciudad o en el campo, la metodología del “far west” está ganando terreno, mientras la institucionalidad no pasa de los anuncios de Rafael Filizzola, cuyas buenas intenciones podemos creer, pero con las cuales se sigue empedrando el camino a la ley de la selva.

José María Costa

Tips para un cambio real de la Justicia

Derogar la feria y las tasas judiciales no precisa de grandes acuerdos.

Si no se puede reunir más que a unos cuantos parlamentarios (algunos incluso de dudosa legitimidad de origen) o a los sempiternos representantes de partidos familiares. Si no se logra movilizar ni entusiasmo, ni presión, ni acuerdos políticos para hacer el pomposo “cambio” de seis por media docena. Si ante la historia algunos pueden quedar como menos eficaces que el mismísimo “pacto de gobernabilidad” de Wasmosy y Laíno (y esto ya es mucho), o si no lograran “pulverizar” más que esperanzas sin conseguir votos para siquiera reconfirmar al ordenanza de un juzgado de paz. Si se pudiera invertir más tiempo en pensar con inteligencia, que decibeles en improperios para acusar de boicot a los otros por usar las mismas tácticas opositoras que antes usaron los unos. En fin, si realmente se quisiera el cambio de la Justicia a favor de la gente, hay muuuuuuuuuchas cosas que podrían hacerse sin necesidad de fracasadas reuniones en Mburuvicha roga.

Cambiar ministros es el “sueño del pibe” de cualquier político. Y ni qué decir de un Presidente de la República. Que lo diga Nicanor que se fumó en pipa a los “inocentes” opositores que le dieron los votos hace cinco años para pulverizar la Corte haciendo añicos la Constitución con una interpretación antojadiza y absolutista que niega de raíz la independencia del Poder Judicial y la división de Poderes en el Estado. Tratar de enjuagar el pecado del 2003 con nuevas aberraciones políticas y jurídicas es el mejor modo de seguir destruyendo la República y la Constitución. Pero, convengamos que el propósito de “reformar” la Justicia –así en forma genérica y amplia- es plenamente legítimo, aunque no todos los caminos lo son.

Por eso, si realmente se quiere el “cambio” en el servicio y la administración de Justicia, un cambio que repercuta en el bienestar de la gente, que haga más accesible dicha Justicia a la ciudadanía, hay caminos más rápidos y menos complicados. Sin discutir la legitimidad o necesidad de cambiar ministros o no, cito apenas dos tips que, si realmente quieren el cambio, están a la vuelta de la esquina:

1. Derogar la feria judicial. Todos, absolutamente todos, coinciden que esta Justicia tiene niveles de morosidad exasperantes y, sin embargo, por arte de anacrónicas disposiciones, sigue teniendo una “feria” de todo un mes en el año, durante la cual prácticamente no se resuelve nada. No vale que haya ministros o jueces que “quedan de turno en la feria”. No sirve de nada. Nadie toma decisiones de fondo ni que signifiquen impulsos procesales relevantes. Es un mes muerto. Muerto para las necesidades de justicia de la gente. Con más de 6.000 magistrados y funcionarios, el Poder Judicial podría adoptar alguna medida “moderna” y emplear un calendario de vacaciones alternadas. Cambiar el sistema depende solamente de la Corte, pues puede hacerlo por Acordada. Pero si no hubiera interés ni voluntad ni inteligencia para comprender que este cambio de timón es necesario, los políticos sólo precisan hacer una ley para derogar la feria o modificar este sistema arcaico de promoción estructural de la haraganería y la morosidad judicial. No se necesitan ni reuniones en Mburuvicha roga ni grandes pactos para ello. Y fíjense que millones de ciudadanos serán beneficiados por ¡un mes más de trabajo judicial en el año.

2. Reducir o eliminar las tasas judiciales. Cuando a un ministro de la época stronista se le ocurrió que podrían “ganar” algo más, apareció el sistema de “tasas judiciales” que tornó a nuestra Justicia, además de lenta e ineficaz en general, también cara. Las tasas sólo sirven para incrementar el colesterol de zoquetes en un Poder Judicial que tiene 1 funcionario por cada mil habitantes y no muestra eficacia institucional. La “Defensa Pública” es una aspirina que no es siquiera placebo para el cáncer de una Justicia que discrimina a los pobres desde su esencia institucional. Los ricos pueden acceder a abogados caros. Disponer de abogados del Estado para los pobres no basta. Como la salud y la educación, este servicio básico del Estado debería ser gratuito en sus trámites y procedimientos. Lo contrario, que se cobren tasas, me atrevo a decirlo, es hasta INCONSTITUCIONAL.

Para reformar la Justicia o hacerla más accesible a la gente no se requieren tantos acuerdos pomposos. Con algo de inteligencia y verdadera voluntad, se podrán hacer cambios originales, reales y provechosos. Ahora, si se quiere repetir lo del 2003, esta vez sin Nicanor, adelante… pueden seguir perdiendo tiempo y dinero que pagamos los contribuyentes.

José María Costa

Comunicación siglo XXI

Pilares para una sociedad efectivamente democrática

No basta con anunciar la transparencia ni prometer que se acabará el secretismo. Las buenas intenciones por sí solas no bastan para fortalecer la democracia. A lo sumo, si no cuajan en planes claros y acciones concretas, terminan pavimentando el camino a la frustración. El actual gobierno, con una mochila cargada de buenas expectativas y reverdecidas esperanzas, tiene ante sí el desafío de no frustrarlas y abrir muchos caminos que hasta ahora permanecieron intransitados. Uno de ellos es el de una política nacional de comunicación que sea debatida y proyectada con sentido altamente profesional, democrático, participativo y patriótico. Por ello resulta oportuno que se proponga el debate, siempre y cuando el mismo no sea una simple fachada para recetas pre-elaboradas o consignas dogmáticas pseudo-tropicalizadas bajo intereses sectarios o excluyentes.

Desde la caída de la dictadura stronista y con el impulso de la Constitución del 92, Paraguay ha avanzado mucho en materia de libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, no siempre es suficiente y a esta altura ya es imprescindible encarar nuevos desafíos en torno al tema. En materia de comunicación e información, hay pilares que deben fortalecerse, o construirse otros, para que esta democracia se afiance y resulte eficaz para el bienestar de la gente. Sin pretender ser exhaustivos, podemos apuntar algunos de esos pilares:

• Acceso a la información pública. Lo avanzado en esto todavía resulta una excepción frente a la regla de una cultura del secreto enraizada en las instituciones públicas y en los hombres que las dirigen. Los avances todavía deben consolidarse. Y sobre todo, deben pasar del formalismo al verdadero compromiso por la transparencia en la función pública. Unidades de transparencia en ministerios o entes no son suficientes, cuando las trabas a la información y al acceso persisten en forma de irracionalidades burocráticas o desorden y hasta caos en los registros y archivos institucionales. Nos debemos como sociedad una legislación clara al respecto, pero sabemos también que ella no será suficiente si no cambian los hombres, las costumbres y la cultura.

• Pluralismo informativo y acceso amplio al sistema de medios. El sentido “liberal” de la libertad de prensa no es suficiente cuando la sociedad mayoritaria se siente excluida de los medios, del acceso a su propiedad o del tratamiento de la información. No se pregona la confiscación ni la “ocupación”, sino una democratización en el acceso a la propiedad y explotación en el sistema mediático que, ¡ojo!, no derive en el extremo opuesto de la anulación de la iniciativa privada por parte de un “paternalismo” estatal. El pluralismo informativo, finalmente, debe reflejarse en normas que eviten la concentración en la propiedad de los medios, un derecho reivindicado por sociedades verdaderamente democráticas.

• Alfabetización mediática para la libertad real. La verdadera libertad se ejerce con conocimiento. La ignorancia perpetúa la dependencia y el sojuzgamiento. Una política comunicacional que pretenda ser puntal de una sociedad democrática debe ocuparse de la alfabetización mediática de las personas para evitar que la dictadura mediática imprima dogmas o “construya” opinión pública en base a la manipulación. No más “verdades puras” dichas en base al rating. No más campañas políticas o intereses económicos ocultos tras arteras manipulaciones periodísticas. Comprender el lenguaje y las tretas mediáticas ayudará a tener comunidades más independientes y críticas. Lo contrario será perpetuar el imperialismo comunicacional, quizás con diferentes colores o ideologías, pero básicamente similares en su esencia de dominación y opresión.

• Comunicación que valore la interculturalidad y promueva el desarrollo y la convivencia democrática. La comunicación no es simplemente una técnica, sino una actividad profundamente humana que encierra valores consustanciales a la persona. Si se la vacía de contenido, puede ser herramienta para la dominación y el caos. El derecho humano a la comunicación tiene sentido en la medida en que contribuya al bienestar de la persona y su comunidad, comprendiendo y abarcando las diversas culturas que coexisten en un mismo territorio. Esto va más allá de la explotación comercial, los avatares tecnológicos o las discusiones sobre formatos televisivos digitales. Todo esto, si se vacía de la esencia de la comunicación como un derecho humano fundamental y universal, pierde sentido y puede volverse en contra del hombre y sus expectativas como ser social.

El “Foro Nacional de Comunicación” que se realiza en estos días tal vez no de respuestas a todos los desafíos sobre el tema, pero ojalá se constituya en un espacio inicial verdaderamente democrático, pluralista y racional para iniciar discusiones más esenciales sobre una problemática poco abordada en profundidad hasta ahora.

José María Costa

Lo bueno, lo malo y lo feo.

Si cien días no son nada… ¿cuántos serán suficientes? (A propósito de los primeros 100 días de gobierno del Presidente Fernando Lugo)

Lo bueno
• La esperanza vigente. Pese a las incertidumbres y las contradicciones ya vistas, ya sentidas, sigue vigente gracias a algunos estamentos gubernamentales que sí encararon con profesionalismo los desafíos. Pero no basta. Se la puede perder.

• La gratuidad de los servicios de salud pública. Una decisión histórica para responder a la necesidad de cientos de miles de compatriotas. Esto sí es un cambio evidente. Ojalá se imite en otras áreas.

• Las investigaciones y denuncias serias contra la corrupción. Lastimosamente, si bien algunos actuaron con seriedad y contundencia, otros actuaron con pomposidad mediática, mucha pirotecnia y pocas nueces.

• Los concursos para puestos públicos. Todavía son pocos pero ha habido algunos. Ciertos entes lo adoptaron como política. Otros, lamentablemente, siguieron contratando correlíes y amigotes mientras hablaban de profesionalismo e igualdad de oportunidades. El cambio todavía está por verse.

Lo malo.

• Los acuerdos con Venezuela. No los acuerdos en sí, sino la forma en que se quiso hacer tragar el “buzón” a la gente. De acuerdos ocultos está empedrado el camino a la supuesta transparencia que en los discursos dice mucho pero en la práctica actúa con los mismos esquemas ocultistas del pasado. El “fin del secretismo” anunciado por Lugo en su asunción, debe todavía encarnarse.

• Los caprichos de Camilo. Dos secretarías de Estado, miles de horas de funcionarios y recursos del Estado puestos al servicio de que se cumpla la “profecía” del “niño rebelde” de no permitir la realización del Rally del Chaco. Toda la energía gastada en esta pulseada “contra los niños ricos” sirvió para nada. Para nada más que comprobar la peligrosidad de adoptar posturas y decisiones alejadas de las normas legales.

• El impuestazo bajo la manga y la concentración de poder de Borda. En vez de combatir la evasión y antiguos privilegios, el único plan era “más y nuevos impuestos para los que ya están pagando”. Por otro lado, la “decretocracia” ya ha arrasado con instituciones, entidades y normas legales. Borda propone y Lugo firma y dispone. Luego lo niega.

• La ley del ñembotavy. Lugo eligió el mejor camino para perder la credibilidad con que llegó al gobierno. Dice sí a todos, luego hace lo que se le antoja. Para quien reclama, siempre hay una excusa o “60 años de culpas ajenas acumuladas”.

Lo feo

• La falta de rumbos claros y planes específicos de gobierno. Hay una sensación de que si alguien pregunta hacia dónde vamos, aparecerán decenas de dedos índices indicándonos diferentes rumbos. Ah, y lo peor, que todos esos dedos serán del mismo gobierno.

• Las tensiones generadas en el campo y la ciudad por la ambigüedad gubernamental en el tratamiento de los problemas suscitados. No pocos tienen hoy la sensación de que estamos más cerca de la “ley de la selva” que del imperio de la legalidad.

• La improvisación y las contradicciones. La Cancillería es paradigmática. Un día se dicen diatribas oficiales contra “el imperio del norte” y a la semana se programan abrazos oficiales en el salón oval de la White House. Se reclama respeto a la soberanía viajando en un avión prestado por quien será objeto de nuestros berrinches diplomáticos. Quien nos tome en serio, realmente nos hará un gran favor… inmerecido.

Cada quien puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero no es cuestión de rechazar las críticas, o repetir el sempiterno, “cien días son pocos para el cambio que se necesita”. Si no hay resultados, al menos tenemos derecho a esperar rumbos claros.

El título de este artículo es el mismo de un antiguo film enmarcado en el género del “western spaghetti”. Allá por los años 70, se creía que dicho género sería un “boom” en la historia cinematográfica. No pasó de ser un bluf. Ojalá no sea este el rumbo cierto para tantas incertidumbres acumuladas.

José María Costa

Pulseadas en el campo y en la historia

La traición a la esperanza no se podrá perdonar.

El problema de la tierra en Paraguay es tan viejo como su propia historia. Un problema que alcanza picos agudos y se va agravando con situaciones específicas, como las ventas de tierras públicas de fines del siglo XIX y principios del XX, las explotaciones extensivas en base a regímenes de semi-esclavitud y la prebendaría “reforma agraria” del stronismo. En este proceso, la expansión de las fronteras agrícolas y la irracional e incontrolada explotación forestal incrementaron en gravedad y amplitud la problemática. El boom del “oro blanco” del algodón, que todavía ocupaba gran parte de la mano de obra rural, dejó paso en los años 80 a la emergencia de la agricultura mecanizada y al boom del “oro verde” de la soja, cuyas consecuencias directas dentro de dicha problemática son la expulsión progresiva de campesinos hacia las zonas urbanas (por la poca ocupación de mano de obra en la explotación), la aceleración de la pérdida de bosques y el impacto socio-ambiental por el uso de fertilizantes y pesticidas.

Hoy estamos probablemente entrando en una nueva etapa de esta larga historia. Un momento en el que los ingredientes de la problemática de la tierra se mezclan entre razones verdaderas y excusas perfectas para ubicar nuevas motivaciones y dimensiones dentro de los sectores involucrados. Una etapa en la que aparecen anacrónicas banderas xenofóbicas incrustadas en razonables reclamos sociales, en la que se mezclan los dogmas ideológicos con las argumentaciones racionales, en la que todos piden el cumplimiento de la ley pero bajo la mesa proliferan las puñaladas y la ilegalidad… Una circunstancia en la que, parece haber una “pulseada” de poderes, contrapoderes, antipoderes y poderes subterráneos.

Nadie puede desconocer la realidad cruel que significa para cientos de miles de familias campesinas no contar con los medios básicos para la producción o el sustento. Tampoco se puede desconocer, por otro lado, que hay muchos aprovechadores que son cómplices en la depredación forestal y se han encargado de crear las células mafiosas que extorsionan a propios y extraños y son la base “social” de las organizaciones mafiosas de mayor porte. Así también, no se puede negar la irracionalidad e ilegalidad de muchas de las explotaciones agromecanizadas, escudadas en la impunidad del dinero o la “protección” política, o amparadas en la real incidencia que su producción tiene en la generación de divisas para el país.

Uno pudiera haber esperado que en un tiempo que se dice de cambios, de legalidad e institucionalidad, todos los actores y los dirigentes involucrados en esta problemática se ajustaran a discutir y enfrentar los conflictos dentro del marco racional e institucional. Sin embargo, han aparecido y continúan arreciando posiciones que pretenden, parece, no sólo desconocer la institucionalidad sino también dan la impresión de buscar justamente el quiebre del Estado de Derecho para hallar en dichas circunstancias las excusas para sus tropelías antidemocráticas y sus veleidades autoritarias.

En el campo hoy parece estar jugándose una pulseada entre el poder formal y el poder informal, entre las mafias (del color, la ideología y la adscripción política que fueran) y el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que es la gran conquista del hombre para organizarse en sociedad y resolver los conflictos de una manera racional y ordenada. Ese Estado de Derecho que, al parecer, a algunos molesta porque además de derechos también les exige obligaciones.

Temo que mirar la crisis del campo apenas en sus ingredientes sería no ver el “menú” completo que parece estar sirviéndose de la mano de una postura hasta ahora ambigua, dubitativa y poco eficaz de parte de quienes tienen todo el apoyo de los votos, la credibilidad y, sobre todo, la esperanza de la gente para hacer que este sea un país ordenado, serio y absolutamente legal.

La mayor traición del gobierno a esa esperanza será perder las riendas de la historia en esta situación, por flojera, abdicación o impericia política. Perder esa pulseada sería fatal.

José María Costa

La estaca y el bicho que aún faltan

Solidaridad y sociedad civil pese al Estado.

Unas 50 mil personas consumieron los 26.145 kilos de carne en alrededor de 6 horas. Es el nuevo récord Guinness inscripto para Paraguay de la mano de Humberto Rubin y un enorme grupo de voluntarios. Lo recaudado se destinará a las obras benéficas de las fundaciones Kuña Aty y Asoleu (calculando a Gs. 15.000 por persona, como costaba la entrada, se tendrían alrededor de 750 millones de guaraníes, sin contar los gastos organizativos). Buen dinero y noble emprendimiento. Felicitaciones a todos, participantes y organizadores, aunque no faltaron los quejones ni las protestas que caben dentro de lo eesperable para megaeventos como estos.

Lo que me motiva a la reflexión es la convocatoria y el movimiento de solidaridad generado. Algo nada extraño en el mentor principal de esta actividad, pero que me lleva a reflexionar sobre la importancia del aporte del sector privado y de las organizaciones sin fines de lucro o asociaciones benéficas en nuestro país donde el Estado sigue ausente o sigue demostrando poca eficacia en su razón de ser. Y ahí me viene a la memoria que anualmente desde el Presupuesto General de la Nación se sigue sosteniendo a organizaciones no gubernamentales y fundaciones entre las cuales muchas ni siquiera rinden cuenta de sus acciones y mucho menos de los recursos que reciben del erario público.

Este reclamo, que ya algunos legisladores lo hicieron años atrás y lo siguen repitiendo, sin embargo, no tiene respuestas lógicas o permanentes. En algún momento, las ONGs y fundaciones “fantasmas” desaparecen, pero vuelven a aparecer, dela mano de algún padrinazgo parlamentario. O, por el contrario, cuando arrecian los reclamos, la presión y los requisitos se endurecen apuntando hacia las organizaciones que sí demuestran una existencia real y eficiencia en sus acciones.

Una “mínima” prueba de esto lo constituyen los mil y un requisitos establecidos para crear, activar o hacer funcionar legalmente una fundación o una Organización sin fines de lucro, que desde el Estado apuntan más bien a “desalentar” el desarrollo del “tercer sector” en nuestro país que a garantizar la legalidad de las ONGs. Hay una veintena de requisitos y otros tantos documentos, así como tener el aval y el “permiso” de al menos media docena de Ministerios, sin contar con los procedimientos absolutamente ilógicos en una decena de oficinas y registros estatales. Todo esto no logra amilanar a los “propulsores” de ONGs fantasmas, porque ellos siempre tienen algún padrino que “mueva” los papeles o el dinero suficiente para las coimas. Lo que sí desalienta es a la iniciativa realmente genuina de la sociedad civil que quiere organizarse en pro de objetivos y finalidades comunes, muchas veces ligados a necesidades desatendidas por el Estado.

La burocracia del Estado, cuyo corazón es el Ministerio de Hacienda y su subsecretaría de Tributación el hígado (por eso golpea siempre tan fuerte), es una máquina que amedrenta y castiga a la iniciativa de la sociedad civil, además de, como ya conocemos, dificulta y tortura a quien en el ámbito comercial opta por ser legal y cumplir con los tributos. Esto, en un país donde el Estado cumpliera con las necesidades de la gente, no sería tanto problema, pero tratándose del nuestro, lo único que hace es reducir la capacidad y entusiasmo de la ciudadanía para responder, autogestionándose, a las urgencias y necesidades de la sociedad. Y de paso, lo que sí hace, es pervertir el sentido del Estado de Derecho para vigorizar el imperio de las trabas burocráticas que alimentan al Estado de la Coima. Trabas que batirían todos los récords de Guinness, por cierto.

Todos bicho que camina va a parar al asador. El domingo se logró un récord en consumición de carne y quizás en recaudación de fondos para la beneficencia. Ojalá haya habido más estacas para que el bicho de la burocracia, que no camina ni deja que otros caminen, también sea achicharrado y deglutido por la fuerza de la sociedad civil organizada. Si esto lo puede promover Rubín, bienvenido sea otro megaevento carnívoro. Si es posible, burocratofágico.

José María Costa

Pre-supuesto…

Deja vu molestoso en la escena política

-8:00 Reunión con el presidente de la bicameral. No aflojar en el rubro contratados.

-9:00 Reunión con sindicalistas. No olvidar que la concubina del dirigente Pérez quiere un rubro para su hija. Facilitar colectivos para la manifestación.

-11:00 Visita al diputado Fulánez (nuestro compueblano). Nos puede conseguir más rubros para viáticos y extras.

12:00 Almuerzo de trabajo con la Organización Equis. Tema: Gasto social en el Presupuesto. Pedir al secretario el power point que presentamos el año pasado.

La confección del Presupuesto General de Gastos debería ser un reflejo de las prioridades y proyectos de un país. Desde hace décadas, apenas es el cuadrilátero donde pesos pesados y pesos livianos disputan, con evidentes diferencias de categoría, sus respectivos objetivos de privilegios y cotos de poder.

Todos y cada uno de los ministros, viceministros, directores, secretarios, jefes de departamentos y funcionarios rasos saben que lo que se proyecta no es lo prioritario. Saben que lo que se prioriza en los discursos no se prioriza en los papeles. Y menos en las asignaciones presupuestarias. Todos saben que para obtener alguna asignación, el cabildeo debe empezar en junio en el propio Ministerio o Institución, continuar entre julio y agosto en Hacienda, seguir entre setiembre y octubre en la voluminosa y superpoblada Comisión Bicameral de Presupuesto, y acabar allá por noviembre y diciembre en las plenarias de las Cámaras de Senadores y Diputados.

A la par, mientras se va tratando de “meter” los propios números en el presupuesto en estudio, ya se tienen que ir afinando lápices y calculadoras con las benditas “ampliaciones presupuestarias” cuya cartelera de estrenos se anuncia apenas iniciado enero.

Más que la elaboración técnica de un instrumento de organización de la recaudación y el gasto, es en verdad una guerra sin cuarteles de presiones, extorsiones, prebendas, cupos, favores y trueques. Un verdadero Festival del Lobby Feroz donde ganan los que tienen mejor posicionados a sus “parlamentarios amigos”, los que saben negociar mejor los nombramientos y cupos, los que no dudan en aumentar los ceros del presupuesto para calmar el hambre de los bolsillos de quienes van a definir con sus votos el tal “presupuesto”.

En realidad, en Paraguay, el Presupuesto sigue siendo un reflejo del país. Del país en joda que alguna vez tenemos que superar. Quizás podamos empezar haciendo un presupuesto en serio.

……..

Estimado lector:

Lo que ha leído es una columna escrita por este periodista y para este periódico… hace CUATRO AÑOS!. Fue publicada con el mismo título el 15 de septiembre del 2004 en la edición impresa del Diario Ultima hora.

No soy futurista, clarividente ni aprendiz de tarotista… pero tengo una especie de “deja vu” con esto… Me da la impresión de que algo se está repitiendo.
Cuatro años después, con más de 3 billones de guaraníes pedidos en el “lobby” “post-Hacienda” de ministros y viceministros, por encima del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso; con la paradoja de que hasta la propia Presidencia de la República pide “más” de lo que propuso oficialmente en el mensaje inicial; con la explosión demográfica en la Comisión Bicameral de Presupuesto (la única donde los legisladores se pelean por “trabajar”); con inexplicables desequilibrios presupuestarios a favor de unos ministerios “mimados”; con cifras abultadas de creaciones de cargos y sumas irrelevantes para promover verdadera inversión social; con el monstruo burocrático cada vez más hipercolesterolémico… ¿qué sensación podemos tener sino la de que el cambio aún debe pasar del dicho al hecho?

Para peor, lamentablemente, muchos siguen haciendo que todavía falte mucho trecho…

José María Costa

El verdadero cambio, sin show…

Salud pública costo cero

No necesitó un rally al cual prohibir, ni un congreso cargado de autobombos, ni 13 “cartas de intención” para cumplir a escondidas fórmulas ajenas y neoimperialistas, ni recetarios del FMI confirmados, desmentidos y vueltos a confirmar. No necesitó derogar leyes a través de decretos ni decretos a través de resoluciones internas. No se amparó en caminatas snobistas ni en donaciones bolivarianas. No anunció millares de despidos sin sumarios previos para desdecirse al día siguiente. No recurrió a los medios de comunicación para hacer show ni montar cámaras ocultas o visibles.

Simplemente lo hizo para informar de aquello que realmente interesaba a la gente. No precisó anuncios rimbombantes, ni audiencias públicas para la autocomplacencia oenegera. No echó mano de acuerdos partidarios ni de corrientes internas o facciones sub-internas. No perdió el tiempo en criticar lo anterior sino se puso a trabajar en el presente y el porvenir: ésa fue su manera de criticar. No hizo discursos desmentidos por hechos. Sus dichos no fueron muchos, pero sus hechos fueron suficientes.

Así empezó a implementar el cambio la ministra de Salud Pública y Bienestar Social. Con hechos. Haciendo que con las armas legales a mano empiecen a avanzar las verdaderas e históricas conquistas que la ciudadanía precisa de un Estado en materia de atención de salud, principiando por la gratuidad y accesibilidad real del sistema para la gente más necesitada.

Primero fue una resolución para acabar con los anacrónicos y perversos aranceles con los que el Estado paquidérmico castigó por décadas a la gente más pobre a fin de fortalecer el modelo clientelista de partidos, dirigentes políticos, seccionales y comités de base. Un modelo que incrementaba anualmente las brechas de la desigualdad social para alejar cada vez más a ese 40 por ciento de pobres del país de los recursos de una atención de salud pública. Después vinieron las resoluciones de gratuidad de las internaciones, de los estudios clínicos y demás.

Por supuesto, los burócratas de las cajas y faltriqueras estatales pegaron el grito al cielo: “¿Cómo sostendremos todo esto sin recaudación?”. La política de los hechos consumados –al cual están siendo afectos muchos del actual gobierno pero generalmente para producir hechos negativos- era aplicada esta vez para ganar de mano a la burocracia y a la concepción clientelista o fiscalista del Estado. Ahora se tendrá que ver la realidad del discurso de Borda de que se “va a recaudar para distribuir a los más pobres”. Ahora se tendrá que arremangar junto a sus ejércitos de burócratas para disminuir los índices escandalosos de evasión y proveer el sustento de estas verdaderas políticas de Estado que miran y se sensibilizan de la necesidad de los pobres, más allá de los discursos y los anuncios grandilocuentes.

La tarea de en el Ministerio de Salud Pública es alentadora. Se nota que hay claridad de objetivos y un equipo que comparte la visión y empuja en la misma dirección. Pero no será un triunfo sencillo. El magro incremento proyectado (1,6 %) para Salud Pública en el presupuesto del 2009 –en comparación con otros sectores “privilegiados” por evidentes presiones y simpatías políticas- alerta sobre una posible falta de sostenibilidad de estos cambios introducidos en materia de atención de salud en hospitales del Estado. No debe olvidarse que la salud pública “pagada” es no sólo fuente de recaudación sino moneda de cambio para los “favores” de caudillos políticos y grupos partidarios que desde la función de gobierno pretenden mantener un añejo y “eficaz” sistema de captación de lealtades políticas. Y tampoco debemos descuidarnos de las estructuras mentales de muchos funcionarios acostumbrados a denigrar a la gente y alejarla de los servicios públicos debido al maltrato o la ineficiencia crónica.

Sin shows ni fuegos de artificio verborrágico. Sin posturas mesiánicas ni autosuficientes. Sin populismos mentirosos ni demagogias politiqueras. Sin cinismos retóricos ni promesas pisoteadas. Sin ruidos pero con muchas nueces. El cambio, el verdadero cambio, sí es posible cuando se actúa con inteligencia y sinceridad, dentro de la ley y atendiendo las expectativas reales de la gente. En Salud Pública nos están mostrando que no hay que perder la esperanza.

José María Costa

Mientras aprueban convenios en Venezuela, en Paraguay los esconden

Mientras en nuestro país el Congreso se ha visto obligado a pedir informes al Poder Ejecutivo para conocer el contenido y los alcances de los convenios suscriptos por el Presidente Lugo con su par venezolano Hugo Chávez el 16 de agosto pasado, en la República Bolivariana de Venezuela la Asamblea Nacional legislativa acaba de aprobar ya dichos convenios y los ha remitido al Ejecutivo para su implementación. En Paraguay, la estrategia parece ser eludir el estudio en el Parlamento.


El 16 de setiembre pasado, cuando la Cámara de Diputados de la República del Paraguay enviaba al Poder Ejecutivo un pedido de informe sobre los convenios suscriptos entre Lugo y Cháves, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobaba en “primera discusión” una parte de los 13 convenios firmados. ¿Por qué esta diferencia en el tratamiento? Evidentemente, con la mayoría absoluta que posee el Ejecutivo venezolano en su Parlamento no es un problema “enviar” para su discusión y aprobación tales instrumentos legales. En cambio, en Paraguay todo indica que la intención es no enviarlos al Congreso.

De hecho, en los ámbitos pertinentes de la Cancillería se ha mencionado extraoficialmente a algunos parlamentarios que los mencionados instrumentos serían denominados localmente “Cartas de intención” para evitar que sean incursos entre los instrumentos jurídicos que deben contar con el tratamiento y aprobación del Congreso para su vigencia. El senador del PLRA Juan Carlos Ramírez Montalbetti, en declaraciones hechas ayer a varios medios avaló esta “estrategia” diciendo que “los acuerdos de intención no pasan por el Congreso”. Sin embargo, estos mismos instrumentos, en Venezuela, no tienen ni el mismo nombre ni el mismo tratamiento: se llaman “convenio marco de cooperación” y son aprobados por la Asamblea Nacional.
En contrapartida, otro legislador del PLRA, el senador Alfredo Jaeggli, se manifestó sorprendido de la noticia que lo que aquí “no precisa de aprobación parlamentaria” (como sostienen algunos), en Venezuela la Asamblea Nacional lo está tratando y aprobando. “Voy a averiguar bien eso, porque si fuera así, el gobierno estaría obrando mal”, dijo Jaeggli. Argumentó que “lo que necesitamos son convenios con Brasil, Uruguay y Chile, por ejemplo, y no con Venezuela”, y adelantó que “como liberales nosotros queremos el modernismo y no el retroceso, por eso, si este gobierno sigue insistiendo con el modelo venezolano, ecuatoriano o boliviano, yo voy a pedir que los ministros del PLRA se retiren del gobierno”.
Convenios aprobados en Venezuela.

La Asamblea Nacional venezolana, ya el 16 de setiembre pasado pasó en primera discusión (primer paso) una “Ley Aprobatoria del Convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Paraguay”. Según la versión oficial del legislativo venezolano, “este Convenio Marco de Cooperación demuestra que los dos Gobiernos han precisado la necesidad de prestar más atención al desarrollo integral en los sectores sociales, culturales y económicos para transformar problemáticas estructurales heredadas, tales como la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la exclusión social, mediante la coordinación de esfuerzos bilaterales”. Este convenio marco fue finalmente sancionado y retornado al Ejecutivo de ese país el 25 de setiembre, entre otros acuerdos y tratados suscriptos con Nicaragua, Ecuador, Islámica de Irán, Honduras, Brasil, Suriname y Trinidad y Tobago (así informa el sitio oficial http://www.asambleanacional.gov.ve). Ese mismo día, 25 de setiembre, en Paraguay el Poder Ejecutivo recibía oficialmente el “pedido de informes” de la Cámara de Diputados.

Otra ley aprobatoria tratada el 16 en Venezuela fue para un instrumento jurídico en el que ambos gobiernos manifiestan sus propósitos para “avanzar y marchar hacia nuevas formas de intercambio justos y equilibrados de rubros agroalimentarios, fortaleciendo y consolidando las relaciones bilaterales para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, necesarios para el desarrollo integral de los pueblos”.
Plazo para informar

Volviendo a nuestro país, el viernes 3 se cumple el tiempo para que el Ejecutivo responda al pedido de informes originado en Diputados. El canciller Ahmed Franco declaró a la prensa que “en estos días” se enviaría la información solicitada. No se sabe si se informará del contenido de los convenios y se solicitará la aprobación (como corresponde en el marco constitucional) o se responderá (siguiendo la tónica de los justificativos escuchados) alegando que “sólo” se tratan de “cartas de intención” que no comprometen a la República y por ello no precisan de un tratamiento legislativo.

El pedido de informes, propuesto por la bancada de PPQ y aprobado por la Cámara Baja, justifica su intención “para dar respuesta a la incertidumbre Nacional generada a partir de la última visita del Presidente venezolano Sr. Hugo Chávez a nuestro país, en la que se firmaron públicamente doce instrumentos de cooperación entre la República del Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela”. Como se ve, ni sobre la cantidad oficial de acuerdos firmados está informado el Poder Legislativo.

José María Costa

¿“Orden superior” a la vista?

Que seamos campeones en el rally de la legalidad

Me anticipo a declarar públicamente que no soy “rally-adicto”, no me gusta el automovilismo como deporte, ni estoy pendiente cada año de la invasión motorizada del territorio chaqueño. Con todo ello, sin embargo, no desconozco el derecho de muchos a divertirse (ojo, sin violar el derecho ajeno) y los aportes que ha dado esta competición en muchos aspectos. Y tampoco desconozco que un Estado sin sensibilidad social es incompatible con la realidad de nuestro país.

Pero como paraguayo que espera que se hagan realidad los compromisos en favor de una efectiva vigencia de la legalidad y el Estado de Derecho, la polémica de estos días me motivó esta reflexión.

El principio de legalidad es eje fundamental para el Estado de Derecho. En derecho público, todo aquello que no está explícitamente autorizado a un funcionario, a una autoridad, no le está permitido hacer. Por el contrario, como principio rector en el orden de los derechos individuales, nuestra Constitución establece la libertad de las personas y sostiene que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe” (Art. 9, CN).

Se ha debatido mucho en estos días respecto a la posibilidad de que el Gobierno, sea el Presidente Lugo o su ministro Camilo Soares, prohibiera la realización del Rally del Chaco. Lamentablemente, no faltaron los ataques “ad hominen”, pero en algunos ámbitos se mantuvo un nivel destacado y racional de debate.

Me preocupa, sin embargo, que mucha gente haya creído –y entre ellos los propios medios de comunicación social- que el Presidente Lugo o el propio Camilo Soares tuvieran la atribución legal para prohibir una competencia deportiva como el Rally. No la tienen. Ninguna norma constitucional le faculta al Presidente ni a su ministro para ello. Tampoco la Ley de creación de la Secretaría de Emergencia Nacional lo hace. Ni siquiera en virtud de una declaración de emergencia nacional que, como en otro comentario informé, no reúne la característica constitucional de estar expedida por ley de la Nación y no por decreto presidencial.

¿Esto quita racionalidad a las preocupaciones o posiciones manifestadas por Soares y otros exponentes del Gobierno? No. Pero es necesario ubicar dichas objeciones dentro de un marco de legalidad para no incurrir en expresiones propias de otros regímenes, como los que no tienen reparo en hacer del capricho o el antojo de la autoridad, una “ley”. Deberíamos entender que se ha acabado el tiempo de la dictadura y la autocracia. “Yo soy la autoridá, yo soy la ley”, es un alegato que ya no debería funcionar en “tiempos de cambio”. Salvo que el cambio sea retroceso y se resucite la “orden superior” como práctica “legislativa”.

Si Lugo, Soares o quien sea desde el gobierno quisieran preservar la afectación de intereses públicos por efecto de una actividad privada (como es la competencia del Rally) debieran hacer cumplir las normas ya existentes. El Gobierno puede, a través de sus órganos correspondientes, no conceder la licencia ambiental, o en todo caso, revocarla si hubiera razón suficiente en base a la ley pertinente. O pudiera extremar el control y castigar el incumplimiento de las normas de tránsito rutero en los días del rally, ya que, después de todo, en su gran parte se realiza por carreteras públicas.

O en todo caso, podría accionar ante la Justicia para que en virtud de un amparo constitucional por los motivos harto expuestos, un juez de la Nación tome tal decisión. Al fin y al cabo, cuando el interés privado y el interés público entran en conflicto, y no hay una atribución específicamente concedida para tomar una medida prohibitiva en el ámbito administrativo (esto es, en este caso, por cuenta del Poder Ejecutivo), es pertinente que la cuestión sea dilucidada en el ámbito judicial.

Preservar la legalidad de las actuaciones del Gobierno es tan importante como rodearlas de legitimidad. Por eso, así como deben estar impregnadas de sensibilidad social tampoco debe faltarles sustento institucional y legal. Y hubiera sido importante que en esas acciones no se desconociera el marco de decisión y participación que deben tener gobernaciones y municipios en cuyos territorios se desarrolla la prueba chaqueña. Después de todo, hay un nivel de autonomía y poder descentralizado que conceden la Constitución y las leyes a los representantes de esos gobiernos subnacionales.

De todos modos, tras más de dos semanas de idas y vueltas, discusiones y comisiones, los medios nos informaron que la “decisión” supuestamente del Gobierno fue “suspender” el Rally. De hecho, porque de derecho no ha habido nada. ¿O alguien tuvo algún “decreto a la vista” firmado por Lugo al respecto?

Ojalá el polvo chaqueño no nuble nuestro verdadero desafío: lograr un país en serio y con vigencia de la legalidad, donde ni siquiera se insinúe el retorno a la detestable y antidemocrática “orden superior” de otras épocas.

José María Costa

Big bang de decretos y leyes

Como el megacelerador subatómico, pero sin tanta tecnología

Camilo se enojó y tenía razón. Con la sequía afectando a cientos de miles de compatriotas, con graves condiciones de salud de muchos niños y adultos, con poblaciones enteras aisladas y sufriendo la escasez de agua… con todo eso, los burócratas del Ministerio de Hacienda no habían transferido los fondos necesarios para atender la contingencia. Y lo dijo públicamente, y recibió como toda respuesta que “no se puede transferir fondos en base a un decreto, pues debe haber una ley que declare la situación de emergencia”.

Viniendo desde el Ministerio de Hacienda, justamente el que está cambiando leyes, fagocitando atribuciones ajenas y creando megaburocracias internas a decretazo y reglamentazo limpio, pareciera un despropósito la respuesta. Pero en realidad constituye una bofetada a la necesidad humana y una flagrante muestra del mejunje normativo en el que se está metiendo el Poder Ejecutivo, de la mano de la ignorancia de asesores o provocado por la anárquica estantería de leyes y normas.

Veamos. La Constitución Nacional otorga al Congreso la atribución de “expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública” (Art. 202, inc. 13 CN). Por su parte, la ley 2615/05, de creación de la Secretaría de Emergencia Nacional, señala que ésta “presentará al Presidente de la República, los pedidos correspondientes para que éste solicite al Congreso Nacional, de acuerdo al Artículo 202 numeral 13) de la Constitución Nacional, la declaración de… situación de emergencia… o situación de desastre” y, para confundir, habla luego de lo que puede señalar “el decreto de declaración de emergencia”.

Pareciera que con esto, los Borda’s boys tendrían razón, pero a los efectos prácticos se olvidaron que la misma ley 2615/05, previendo ya quizás que es dificultosa la rápida consecución de fondos coyunturales para catástrofes o emergencias, ha creado el llamado Fondo Nacional de Emergencia, “como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística” y en la cual “se depositará el 10 % (diez por ciento) de las recaudaciones fiscales provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo que gravan las ventas de cigarrillos y bebidas alcohólicas; y las donaciones recibidas por la S.E.N.”. Y agrega la ley que “a tales efectos el Ministerio de Hacienda habilitará en el Banco Central del Paraguay una cuenta especial con la denominación “Fondo Nacional de Emergencia” a la orden de la S.E.N”.

¿Inentendible? Claro que sí. Por lo menos, bien engorroso y caótico. Pero tres cosas quedan bien claras:

1. Alguien le hizo firmar a Lugo, una vez más, un decreto inconstitucional, esta vez declarando una emergencia sin tener atribuciones para ello.

2. El dinero para atender el caso actual debería haberse tenido disponible ya, aún sin ley de declaración de emergencia, si Hacienda hubiera cumplido o al menos conocido la ley de creación de la SEN.

3. El Estado de Derecho requiere orden, competencia y seriedad a la hora de hacer normas para actuar de manera institucional. De lo contrario, el caos se agrava.

Si de esta manera se va a seguir “decretando”, el choque de normas y el caos legislativo, cada vez más, alcanzarán peores proporciones… Como en el big bang emulado por “la máquina de Dios” instalada en Suiza, pero sin protones ni neutrones, sino apenas con decretos, leyes y reglamentos.

José María Costa

Curiyumanía palaciega

Los que conspiran… contra la credibilidad de Lugo

Que la noticia haya recorrido el mundo y al final todo haya quedado en la nada, no es tan preocupante. De todos modos, esto no hace sino confirmar nuestra tradición de país del opareí.

Que se hayan movilizado gestiones diplomáticas oficiales para recibir los infaltables respaldos formales, no es tan preocupante. De todos modos, esas cosas se hacen nomás luego para ratificar el compromiso democrático de la “comunidad internacional”.

Que nadie haya investigado ni pedido formalmente una investigación oficial sobre la denuncia ídem, no es tan preocupante. De todos modos, no será la primera vez en nuestra historia política que una versión oficial que se escenifica con fanfarrias y burumbumbúm, sea seguida por un silencio oficial que apela a la tradicional desmemoria de la gente.

Lo preocupante, lo realmente preocupante, es cómo se juega de manera irresponsable con el gran valor recuperado de este tiempo político: la credibilidad.

Las conspiraciones no se denuncian; se investigan. Los intentos golpistas no se responden con mantos de silencio; se castigan. Las confabulaciones no se develan; se combaten con la eficiencia y la ratificación de la legitimidad y la legalidad del poder que se ostenta.

Nadie puede dudar de que haya mentes “conspiro-maníacas” (permítanme el neologismo) en un país cuya historia está hilvanada de ellas. Nadie tampoco puede ser tan ingenuo en quedarse con una versión, menos aún la oficial, cuando más que con pruebas o evidencias, se sustentan denuncias con suposiciones o fuentes únicas. Aquello de que “la palabra de un militar vale más que mil leyes” debió haber quedado enterrado en nuestra historia. (Había sido que teníamos “demócratas” que sí estaban dispuestos a desenterrar esta teoría con tal de que sirva a sus intereses). Definitivamente, si hay conspiraciones, no es bueno alertarlas; lo mejor es investigarlas para castigarlas… salvo que en realidad no se quiera tal cosa.

Más allá del efecto disuasivo que tuvo políticamente en ciertos sectores la tal denuncia de conspiración para volcar el resultado de la crisis del Senado a favor del oficialismo, la consecuencia negativa y riesgosa para nuestra institucionalidad es la herida profunda que abre en la credibilidad del Presidente de la República. Si un elemento fundamental ha aportado la aparición de Lugo en este tiempo, es la recuperación de la credibilidad en la acción política. Esto es esencial para que se recupere la legitimidad y el valor de la política en un país donde los políticos cayeron en el más profundo descreimiento y el desprestigio,

Por eso, duele ver que se bastardea dicha credibilidad, se juega con ella, se la arriesga innecesariamente, se la usa y abusa irresponsablemente, se la hipoteca bajo ingenuas –o malintencionadas- artimañas politiqueras que, como en la historia de la curiyú de nuestro periodismo, recorren el mundo, pero finalmente se quedan en la nada. O sea, opareí.

José María Costa

Obs: "Curiyu", nombre en guaraní de una especie de boa contritora que habita Paraguay y parte de América del Sur. En el 2007, la prensa paraguaya publicó una noticia acerca de que una "curiyú" gigante mató y se tragó a un campesino. La noticia recorrió el mundo. Unos días después se comprobó que la noticia transmitida fue apenas la invención de una mujer campesina con problemas mentales.

La decretocracia de Borda

Peligrosas y antidemocráticas jugadas “de gabinete”

Elementos fundamentales del régimen democrático y republicano son la transparencia, la participación ciudadana por mecanismos de representación y la división de poderes para la administración del Estado. En un Estado autocrático, sin embargo, se soslayan estos valores y se los cambia por la concentración omnímoda del poder, la ocultación de los actos administrativos, la restricción de la participación ciudadana y el debilitamiento de los mecanismos de representación popular que actúan como contralores del poder ejecutivo.

En estos días, mientras la clase política se debate entre interpretaciones caprichosas de leyes y reglamentos, mientras otros ministros tratan de entender el berenjenal de sus propias carteras de Estado, un nuevo Paraguay está naciendo. Es el Paraguay de la decretocracia del ministro Dionisio Borda.

El que fuera ministro de Duarte Frutos está logrando ahora lo que durante ese período intentó y no consiguió: fagocitar las atribuciones de otros ministerios y secretarías de Estado para concentrar en torno suyo suficiente poder para quien sabe qué objetivo. De golpe y porrazo, vía dos decretos (119 y 120, puede leerlos en http://www.presidencia.gov.py/lista_decretos.asp ha suprimido, modificado o anulado responsabilidades y atribuciones de al menos cuatro ministerios y secretarías de Estado, para trasladarlas todas ellas a una creada Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública” que –“¡Caramba, qué casualidad!” dirían Les Luthiers- estará bajo su directa dependencia. Una lectura inteligente de los decretos revela la magnitud de esta antidemocrática y antirrepublicana jugada hecha sin debate público alguno.

Leyes borradas por decreto

Así, las Secretarías Técnicas de Planificación, la de la Función Pública –creadas por leyes- se convierten en fantasmas públicos por efecto de la decretocracia de Borda, y varias atribuciones de otros ministerios quedan ahora en manos de una unidad que, atiendan bien, también administrará y coordinará todo tipo de cooperación y donaciones que reciba el Estado!. No en balde, tras el decretazo, Borda apura al Congreso que apruebe créditos y donaciones para “atacar la pobreza y generar empleo”… y consolidar su poder, podría agregarse.



Ambos decretos, firmados por el Presidente Lugo y evidentemente promovidos por Borda, desconocen y atacan profundamente la legalidad y el principio de representación republicana para la modificación de las leyes. ¿Sabrá Lugo lo que le están llevando a hacer con esto? Llama la atención, la participación del ministro Rafael Filizzola en la firma de uno de los decretos. Se supone que como ex parlamentario hubiera preferido la constitucional de una propuesta del Ejecutivo para la reforma de una ley. La historia podrá mostrarnos responsabilidades de quienes hoy, por acción u omisión, están propiciando un modelo de gobernar que desconoce las formalidades republicanas. Por algo, la democracia acabó con los “decretos-leyes” del stronismo, pero lamentablemente no con sus secuaces o sus inconscientes seguidores.

¿Reacciones? ¿Los parlamentarios? Salvo algunos que ya se percataron del tema, la mayoría ni parece haberse enterado. ¿La prensa contralora? Bien distraída, gracias. O quizás, bien domesticada. El tema da para mucho más. Pero el espacio de esta columna se acaba, y lo que apenas parece empezar en nuestro país –paradójicamente no de la mano de los “extremistas bolivarianos” como algunos temían- es la decretocracia. Esa nueva forma de corromper a la democracia y convertirla en mera fachada de una real autocracia populista.

José María Costa

Elogio de la crítica

No temer a los cuestionamientos es un signo de cambio.

“¿Por qué no esperan a que empiecen a gobernar?” “Sos un pesimista; no trates de empañar la esperanza del pueblo”. “¿Por qué no le dan el beneficio de la duda?”. “Hay que esperar los 100 días”. “¿Quién instituyó esto de los “cien días”?... en tan poco tiempo no se van a poder ver los cambios… se necesita más tiempo”. “¿Por qué en vez de criticar no hacen propuestas?”. “El que critica es porque ha perdido sus privilegios”. “¡Contrera!”…

Cualquiera que ose levantar una voz crítica frente a las nuevas autoridades o a algunas de sus acciones, omisiones o contradicciones podrá hallarse ante cualquiera de estas reacciones. Basta ver los blogs de comentarios o columnas que tibiamente han insinuado críticas. O basta escuchar algunos que otros programas radiales que no han sucumbido a la obnubilación del poder ni a la moda de la complacencia mediática.

¿Por qué se teme a las críticas? ¿Por qué se las pretende descalificar? ¿Por qué se las pretende “encasillar” en un tiempo o en un espacio? La crítica a las autoridades es una cualidad esencial de la libertad de expresión que debe impregnar una sociedad si ésta quiere ser democrática y abierta. En el Estado autoritario la crítica es repudiada y perseguida. En el Estado democrático ella es bienvenida y hasta garantizada.

Hay que diferenciar la crítica de la descalificación y los ataques personales. La crítica es parte del debate de las ideas, es producto de la generación de argumentos a favor o en contra de posturas públicas. La crítica es esencialmente producto de un ejercicio de raciocinio. La descalificación, sin embargo, es producto de lo emocional, de lo visceral. La descalificación busca adjetivos hirientes para atacar a la persona. La crítica buscar argumentos para contraponer a las acciones o posiciones que son objeto de cuestionamiento.

Veo con preocupación que cualquier intento de crítica contra las nuevas autoridades o los funcionarios que están asumiendo responsabilidades en estos días, sea interpretado como un “intento de desestabilización”, como un “boicot contra el cambio que el pueblo quiere”, o como “un ataque a la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas”. Semejantes reacciones sólo pueden ser compatibles con la soberbia de los regímenes totalitarios y no cuadran con quienes se embanderan con los postulados de la democracia y la libertad.

El mejor aporte que pueden hacer los ciudadanos al nuevo tiempo que estamos inaugurando es no bajar la guardia y mantener un espíritu crítico. De la misma manera, la prensa tiene que cumplir esa misión que es mantener el ojo avizor y alerta. Su misión no es la complacencia o la obnubilación con los oropeles del poder. Su misión es la información y la crítica. Objetiva y ecuánime, oportuna y responsable, es cierto. Pero información y crítica serán los grandes aportes para que el cambio que se anunció sea posible.

La crítica, por eso, debe aceptarse, y hasta promoverse. Si se quiere el cambio, ella será siempre saludable. Y hasta necesaria.

José María Costa

La sandalia y el bastón

Contradicciones e incertidumbres en la alforja.

¿Quién será el Presidente Fernando Lugo que gobernará desde el viernes 15 de agosto? ¿Será el de la “izquierda moderada al estilo Uruguay y Chile” o el del “socialismo siglo XXI al estilo Cháves, Correa y Morales”? ¿El del “centro, poncho yuruicha”? ¿Será el de la justificación izquierdista de las “ocupaciones” o el de los pretextos derechoides de “conspiraciones y sabotajes”?

¿Quién será? ¿El del acceso a los cargos públicos por concurso de méritos o el de las nominaciones por cuoteos, “confianzas” y amistades? ¿Será el del rechazo a los hombres escombros o el del reciclaje de los mismos bajo el rótulo de “amigos que quieren el cambio”? ¿Será el de los ministros intachables o el de los que debieron apurar el “enjuague” de sus currículos con el guiño de Astrea? ¿Será el de las lealtades políticas hipervaloradas o el de la meritocracia anunciada en la campaña?

¿Quién será el que asuma y gobierne? ¿Será el de la Alianza Patriótica cuando era concertación o cuando fue cooptación de obsecuencias políticas? ¿El del P-MAS o el del PLRA? ¿El de Grillón o el de Filizzola? ¿El de Kencho o el de López perito? ¿Será el de las vendettas indisimuladas o el de la grandeza política? ¿Será el del gobierno excluyente o el que dijo que gobernará con todos y para todos los paraguayos?

Quien no tenga dudas o sospechas, que arroje la primera piedra. A juzgar por las contradicciones e incertidumbres que engalanan al nuevo gobierno, podremos construir empedrando por todos los rincones de la geografía nacional. Ahora que se acabó el tiempo electoral, ahora que se cierra el ciclo de “transición de mandatos”, ahora que cada vez habrá menos culpas ajenas y más responsabilidades propias, ahora que el cambio debe ser realidad y no mero discurso, ahora que acaba el cómodo balcón del opositor y empieza la terca realidad del oficialista, ahora es cuando se precisan definiciones y acciones, claras y contundentes, precisas y coherentes.

Ya no bastan anuncios de cataclismos o complots. Hacen falta anuncios de políticas claras y efectivas. Ya sobran los discursos populistas y las banderas romanticonas de revoluciones perimidas. Se precisan acciones eficaces y contundentes. Ya no debe conformar la luna de miel mediática cuando la esperanza de cambios reales puede crispar la paciencia a la vuelta de la esquina. La pobreza no se combate con ideología, sino con políticas sociales y económicas inteligentes. La falta de empleo no se revierte con prédica de haraganes o chupasangres; se supera con seguridad para las inversiones y políticas redistributivas eficaces.

¿Quién será el Presidente Fernando Lugo que tendremos desde el viernes 15 de agosto? ¿Será el de las sandalias franciscanas con votos de pobreza ratificados y no renunciados? ¿Será el del bastón con incrustaciones de oro y diamantes? ¿Será el de la opción por los pobres o el del flirteo con los poderosos? ¿El de los votos perpetuos o el de las posturas zigzagueantes? ¿El del Paraguay nuevo o el del Paraguay impredecible?

Entre contradicciones e incertidumbres, la única incontrovertible certeza es que la gente ha renovado su esperanza. De quienes inician el 15 un nuevo gobierno dependerá que la misma no se derrumbe con una nueva decepción.

José María Costa

¡Vade retro, paranoia!

De conspiraciones, maquinaciones y alucinaciones.

De repente, conspiraciones por aquí, conjuras por allá, complots e intrigas varias. Más pronto que tarde, la paranoia parece estar llegando a las nuevas - todavía no estrenadas- autoridades. ¿Qué tanto de realidad o ficción hay en todo ello? ¿Imaginación o precaución? ¿Certeza o insinuación? ¿De qué están hablando los exponentes del entorno de Lugo cuando al unísono empiezan a anunciar supuestas tramoyas desestabilizadoras?

En medio de todos los anuncios y advertencias, no parece razonable la postura de algunos de que la suma de situaciones irregulares o críticas de la administración que se va puedan ser señaladas como un “boicot” en sí mismas… ¿o acaso no era eso mismo lo que se estaba cuestionando a los del gobierno anterior para sostener la necesidad del cambio? ¿Qué esperaban? ¿Qué por arte de magia o birlibirloque el cuestionado gobierno “de salida” se convirtiera en un dechado de bondades y eficiencias justamente en su último tramo? ¿Qué aquello que se cuestionó y criticó como “desastroso” y “caótico” se convierta en virtuoso y excelente para evitar que el nuevo gobierno entre con una agenda de dolores de cabeza y problemas?

Antes que empezar a buscar saboteadores, las nuevas autoridades debieran arremangarse y trabajar desde ya, con o contra la voluntad de quienes ya terminan su mandato, para prever las soluciones urgentes para los problemas añejos y crónicos. Éstos, o las erupciones críticas de los mismos en estos días, no deberían ser vistos ni señalados como productos del “boicot”, porque de esa manera lo que las nuevas autoridades están manifestando es que en realidad creen que son problemas artificialmente creados… Y si fuera así, deberemos concluir que este es el país de maravillas, y no sólo Herminio, sino también los del P-Mas, Tekojoja, y demás había sido creían en eso…

Confunde aún más esta posición cuando menos de un mes atrás eran algunas de las propias figuras del gobierno electo quienes anunciaban la persistencia de “ocupaciones” de tierras, por ejemplo, y hoy pretenden hacer creer que éstas, por venir de alguna dirigencia no “consustanciada” con sus respectivos grupos o sectores, son en realidad un complot contra las nuevas autoridades. Deberíamos pedir, entonces, el “calendario oficial” de ocupaciones, cortes de rutas y complots, para distinguirlo del “calendario saboteador” de idénticos recursos de lucha y militancia.

Ya no es tiempo de quejas o justificaciones en culpas ajenas. Salvo que las “conspiraciones” sean retórica justificante para futuras represiones o persecuciones programadas, no tienen sentido ni sustento razonable. Es hora de generar propuestas que incluso eviten o derroten sabotajes o confabulaciones. La mejor forma de hacerlo es con eficiencia, seriedad y democracia. Esto es lo que realmente votó el pueblo paraguayo el 20 de abril. No la charlatanería ni el populismo estéril.

Más trabajo y menos paranoia, más seriedad y menos habladurías, más certezas y menos mitos… El país necesita que acabe la campaña electoral y empiece el gobierno en serio.

José María Costa

La transparencia es un buen negocio

Con motivo de la Semana del acceso a la información pública

La dictadura impregnó de corrupción nuestra sociedad. Para sembrarla y convertirla en sostén de su poder, se valió de dos elementos estratégicos, el clientelismo político y el secreto. La oscuridad en el manejo de la cosa pública fue constante durante décadas de ignominia y saqueo al Estado. Por eso, con la transición democrática, una de las tareas fundamentales fue darle “luz” a la gestión pública para que la ciudadanía tenga herramientas de discernimiento y control.

Si algo todavía queda como asignatura pendiente en nuestra joven democracia es que llegue a imperar de manera efectiva la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. El sustento constitucional dado en 1992 a este derecho humano fundamental, no ha trasuntado, lamentablemente, en una ley reglamentaria que permita –como obliga la Constitución- establecer plazos, sanciones y procedimientos para “hacer efectivo” este derecho. Desde sectores reaccionarios, amantes de las tinieblas en la administración pública, se ha combatido todo intento de transparencia. Y por otro lado, no faltaron quienes pretendieron calificar el intento legislativo como un avasallamiento del libre ejercicio del periodismo, denotando confusión conceptual y hasta un indisimulado miedo de perder la “exclusiva” del manejo de la información en una sociedad que no precisa “dueños de la verdad” vestidos de empresarios mediáticos o dirigentes pseudo izquierdistas.

Pero la gente no lloró sobre la leche derramada ni sobre el cadáver de un proyecto de ley construido con procesos abiertos de debate y cuya defunción fue obra de una extraña –inédita- alianza estratégica entre enemigos irreconciliables como Aldo Zucolillo y Juan Carlos Galaverna (ambos detractores de la ley) que tuvieron en un senador “opositor” –Eusebio Ramón Ayala- la moción y fundamentación para el rechazo del proyecto. Desde entonces, diferentes organizaciones civiles y algunas instituciones públicas propiciaron vías alternativas para tener canales de acceso a la información pública y rendiciones de cuenta permanentes a la ciudadanía.

Pero el gran salto cualitativo será romper definitivamente con la cultura del secreto comprendiendo incluso que la transparencia y el acceso a la información pública, además de ser deberes del Estado y sus funcionarios, son un buen negocio político. En la época de la globalización de las comunicaciones, cuando el secreto y la mentira tienen cada vez más cortas las patas, el político que pretende seguir sosteniendo su poder en el secreto o en una “exclusividad” del manejo de la información, está equivocado y cava su propia tumba. El político moderno o el que ocupa un cargo público debe estimular el poder ciudadano que se logra haciendo accesible la información pública. Ésta le permitirá a la gente comprender quiénes en realidad defienden sus derechos y expectativas. Claro, la transparencia es arma útil para el político, pero a condición de que éste sea honesto y eficiente.

En estos días se celebra la Semana del Acceso a la Información Pública. Quizás sea la oportunidad para que muchos dirigentes políticos, legisladores, empresarios y abogados –sobre todos aquellos que pudieran tener responsabilidades en el nuevo gobierno- se enteren de que éste es un derecho fundamental cuya vigencia no debe ser disminuida por la falta de una ley reglamentaria. Y mucho menos debe ser motivo para que se convierta en “cuco” para cierta prensa que parece temer la “competencia” de una ciudadanía informada más directamente y sin mediaciones.

José María Costa

Manual del perfecto sectario

Decálogo vigente pero no tan consciente

La semana pasada el ambiente político se llenó de tensiones y exabruptos acusaciones y recusaciones, plantones y berrinches, renuncias con razones y renuncias con pretextos. Como una contribución a la sistematización de las patrióticas estrategias y tácticas abordadas en este momento de cambio, aportamos este Decálogo que resume algunas de las normas básicas para el ejercicio del sectarismo y el totalitarismo con absoluto profesionalismo. Esto, para que dejemos de tener políticos que abordan estos clásicos estilos de nuestra política de manera improvisada y sin bases científicas… Alguna vez tenemos que organizarnos y volvernos serios…

Decálogo para un mejor ejercicio del sectarismo y totalitarismo.

1. Yo tengo la verdad sobre todo lo debatido y debatible en nuestra sociedad. Quien opine lo contrario es un troglodita que se cree dueño de la verdad. Los demás sólo tienen “opiniones” y “puntos de vista”.

2. El presidente Lugo tiene la lapicera y todo el derecho de designar a quien quiere y crea capaz para un cargo, siempre que sea alguien a quien nuestro grupito apoye. Cuando decimos que vamos a apoyar la decisión del Presidente en la nominación de cargos en su gabinete, nos referimos a que vamos a apoyarlo mientras sea gente de nuestra línea ideológica o nuestro grupito.

3. La meritocracia es buena mientras el elegido sea de mi partido o grupo. Si es del otro partido o grupo, no se llama meritocracia; se llama cuoteo.

4. Nuestro partido “sugiere” nombres para el gabinete; los demás grupos “presionan indebidamente” y “extorsionan” al Presidente o “atentan contra su derecho constitucional” de designar ministros.

5. La banca pertenece al partido, cuando nuestro partido corre el riesgo de perderla legalmente. Si soy yo el que debe cambiar de partido, la banca pertenece a la persona electa.

6. Cuando alguien no termina o no asume el cargo para el cual fue elegido, si es de otro partido, es un traidor al mandato popular; si es nuestro amigo o correligionario, es alguien que “encara con inteligencia y renunciamientos los cambios necesarios para el logro de los intereses nacionales”.

7. La Constitución y las leyes son claras cuando yo las interpreto, y como yo las interpreto. Se llenan de ambigüedades y lagunas cuando mi adversario quiere “manipularlas con intereses mezquinos”.

8. Nosotros somos los dueños del cambio. Los demás que no coinciden con nosotros, sólo quieren el continuismo. Nuestro grupo o partido es progresista y popular… Todos los demás son reaccionarios, tradicionales o antipopulares. Cuando mi grupo o partido quiere o reclama algo, es porque el pueblo “que votó el cambio” así lo quiere. Y nadie puede discutirlo porque será “un reaccionario, un antidemocrático”.

9. La justicia debe ser independiente mientras no lo sea de mi partido. Cuando depende de mi grupo o partido, es siempre y para siempre institucional y ecuánime. Armar una Corte Suprema “a medida” de los partidos es negativo para la democracia y la independencia judicial, salvo que sea mi partido o mi grupo el que tenga su propio ministro en la Corte.

10. Si hubiera duda o contradicciones en una o varias de estas normas, como regla de interpretación se aplica única y directamente el primer artículo de este Decálogo. Aplicar otro mecanismo sería perjudicial para la democracia.

Observación final: Al que le viene el sayo, que se lo ponga. Es decir, que se lo ponga otro. Si Ud. se lo pone, discúlpeme, le falta mucho para ser un verdadero profesional del sectarismo político. Dedíquese a otra cosa.

Convención con visión

Lo que debería aportar el PLRA al país

El 10 de julio estarán de Convención. Un poco para celebrar los 121 años de existencia. Pero otro poco –y probablemente mucho más- para deliberar sobre la nueva situación de partido “co-gobernante”.

La “previa” de la magna asamblea azul se calienta con las ansiedades, resignaciones, insatisfacciones y rabietas que está generando en diversos sectores del centenario partido el pedazo de la torta gubernamental que hasta ahora le ha tocado en suerte.

Hay una realidad: el PLRA aportó más del 70 % de los votos para el triunfo y la estructura organizativa apropiada para el día de los comicios. Sin embargo, sería una pena que el principal partido de la Alianza, pilar principal para el sostenimiento político del nuevo gobierno, termine haciendo una convención con discusiones simplemente matemáticas: el número de cargos que corresponderá al partido en el gobierno.

El cambio que espera la gente no tiene que ver con números ni colores. No se trata de cambiar de nombres. No se trata de cambiar seis por media docena. No se trata de cambiar prebendarios de un partido por prebendarios de otro partido. El cambio tiene que ver con cuestiones profundas, con una mirada principista que considera al cargo público como un sitio de servicio para el país, como una herramienta para liderar las reformas necesarias para el bienestar de la gente. Si un partido –el PLRA o cualquiera de los integrantes de la Alianza- repite el esquema clientelar que hegemonizó por décadas nuestra política, ¿de qué cambio podremos hablar?

Hay una necesidad para el país: que el nuevo gobierno ungido por el voto mayoritario de los compatriotas tenga un sustento político real para ejecutar los cambios que la gente espera. Y esto debe ser observado y atendido con seriedad y responsabilidad por el propio Lugo y por los demás componentes de la Alianza. El mandato dado no es un cheque en blanco para un mesiánico, ni es una carta de autorización para que se imponga una ideología tal sobre la ideología cual. Nadie puede determinar eso a partir de los resultados de las elecciones. Sobre todo considerando las ambigüedades e imprecisiones programáticas que han rodeado a la Alianza en la temporada electoral.

La gente votó a Lugo por confianza, pero no lo votó a ciegas. Votó a él y a sus aliados aún sin tener claridad suficiente sobre programas, acciones, líneas de trabajo o nombres para cargos ministeriales. Eso, sin embargo, no significa un cheque en blanco. Significa una suma grande –la necesidad de confiar puesta en forma de esperanza- que tiene un objetivo concreto: que se actúe con inteligencia y eficiencia para realizar el cambio esperado. Y ese cambio, salvo que se piense que Lugo es Superman o santo milagrero, no lo podrá hacer él solo. Necesita apoyo político, pero apoyo coherente con el objetivo.

La convención liberal debería aportar al país lo que necesita: Claridad en el direccionamiento del nuevo gobierno y sustento político para ejecutar los cambios esperados. Eso va más allá de sumas o restas de cargos o cupos. Para eso se precisa debatir programas, proponer estrategias, formular compromisos, delinear proyectos. Se precisa pensar y disponerse a actuar. Ese es el segundo gran aporte que puede dar el liberalismo al nuevo gobierno. Un aporte a la visión de país y su ejecución. Para que la esperanza empiece a tener sentido y consistencia, y no termine desvaneciéndose en la incertidumbre, la falta de planes o las contradicciones

José María Costa

El Parlamento que esperamos

Necesitamos un Parlamento serio y responsable. Que se ocupe de las verdaderas necesidades de la gente. Un Parlamento con legisladores que legislen para todos. Que “todos” incluya también a ellos mismos y sus parientes y correligionarios.

Precisamos un Parlamento sin populismos ni demagogias. Sin medias verdades convertidas en mentiras rotundas. Sin poses grandilocuentes que ocultan miserias y mezquindades políticas. Un Parlamento que tenga firmeza para legislar aún contra los intereses de grupos fácticos o círculos de poderosos. Un Parlamento que tenga argumentos y responsabilidad para decidir en nombre de todos los paraguayos y no bajo presión de algunos.

Requerimos un Parlamento que use de sus atribuciones para legislar y controlar, y deje de abusar del derecho y de las interpretaciones retorcidas de la Constitución. Un Parlamento que sea consciente de que el mandato del pueblo es que haya equilibrio e interdependencia entre los Poderes y no una autocracia parlamentaria basada en mayorías más o menos inestables. Un Parlamento que comprenda que el Ejecutivo debe poder gobernar y administrar, y el Poder Judicial es único habilitado para interpretar y aplicar la Constitución y la ley.

Precisamos un Parlamento que gaste menos y produzca más. Que tenga más legisladores y menos fantasmas que apenas saben levantar las manos. Queremos parlamentarios que dejen de autoasignarse aumentos salariales, exenciones impositivas y aguinaldos ilegales y se autoasignen más responsabilidades y preocupaciones por el bienestar del pueblo que los votó. Legisladores que ya dejen de proponer “pensiones graciables” o rubros presupuestarios nuevos para perpetuar el clientelismo político. Legisladores que se ocupen más de sus votantes y menos de sus familias, parientes, compadres, punteros políticos y amantes. Legisladores que no utilicen los vehículos del Estado para hacer proselitismo o parrandear los fines de semana y luego se excusen diciendo que son viajes “de trabajo”. Parlamentarios que trabajen aunque no haya cámaras de televisión ni prensa “amiga”.

Queremos parlamentarios con dignidad y altura. Que no se pierdan en discusiones bizantinas o “vicentinas”. Que no busquen “la quinta pata al gallo” ni hagan discursos populistas sobre un país “de maravillas” mientras la migración sigue en busca de empleo y mejor futuro. Que nunca más conviertan las sala de sesiones en espacios de pugilato o cyber-porno. Que no deban recurrir a la grosería y la chabacanería para sostener sus sinrazones.

Esperamos legisladores que cumplan la Constitución y las leyes cuando les convengan y cuando no. Cuando ellas se adecuen a sus intereses y cuando los contradigan. Que no adopten posturas farisaicas ni se rasguen las vestiduras cuando ayudan a violar la ley con pretextos inverosímiles y autocomplacientes.

Esperamos parlamentarios que no vendan proyectos de ley, ni alquilen bancas, ni subasten mayorías, ni hipotequen votaciones, ni rematen una falta de quórum. Que impongan razones y no aplanadoras; argumentos contundentes y no extorsiones. Que nos den razones para la esperanza y no motivos para la frustración. Que tengan criterios nuevos y no repitan vicios viejos. Esperamos, en fin, parlamentarios nuevos para un nuevo Paraguay. ¿Será mucho pedir?

José María Costa

El imperio de la extorsión

Cuando el chantaje sustituye al Derecho

Los “sintechos” dividen en dos el centro de la capital con un muro humano que no rompen ni las publicidades de celulares ni policías ni fiscales inundados de venalidad y displicencia. Universitarios cierran rutas y calles para lograr medio pasaje en el transporte público. Campesinos invaden tierras ajenas para reclamar su derecho a la tierra propia. Otros piden expropiación sobre tierras que incluso fueron propias pero se las vendieron al mejor sojero postor. Periodistas le impiden el paso al presidente electo para extraerle unas declaraciones que, aunque sea un hombre público, tiene incluso derecho a no realizar.

Un presidente que extorsionó y “pulverizó” una Corte –con firme e ingenuo apoyo opositor- y obtuvo la venia constitucional para candidatarse a senador, amenaza con el caos si no lo dejan renunciar. Los que hace unos meses querían que se fuera, ahora no quieren que renuncie y vituperan contra la Corte que ayudaron a establecer. Y acusan de “sometida” a la Corte cuya independencia se han encargado de aniquilar en complicidad con el propio mandatario renunciante. Quienes ayer se rasgaron las vestiduras por el método “galarvenista” de retrasar por vendetta el juramento de un senador oviedista hoy siguen cual aventajados discípulos los pasos del sancionado senador para ejercer su propio derecho a la venganza. Y para completar el panorama –unido por el hilo conductor del chantaje y la sinrazón- reclusos del penal “modelo” se amotinan y consiguen revertir todas las medidas de seguridad del penal extorsionando no ya mediante celulares ni mensajes de texto, sino en persona y ante cámaras de TV.

¿Por qué se enseñorean e institucionalizan la extorsión y el chantaje en una sociedad? ¿Los fines justifican el medio violento y coactivo? Este estado de cosas es síntoma de una enfermedad grave que aqueja a nuestra sociedad y cuyas causas no tienen color ni partido, sino un arco iris de expresiones en nuestra clase política. Es la anomia (carencia de normas, de leyes, o degradación de las existentes) llevada a su máxima potencia por políticos populistas y dirigentes demagogos.

Si no se restituye en el país el imperio de la ley, si no se reivindica a la ley por encima de la fuerza, si no reinstalamos el concepto de la convivencia basada en la legalidad y el respeto a las normas, el futuro de nuestra vida social estará signado por la prepotencia y la barbarie. La humanidad inventó el derecho y la ley como una manera de poner coto a los poderosos, como una forma de frenar la arbitrariedad y el imperio de la fuerza. En pleno siglo veintiuno, en Paraguay, sin embargo, queremos destronar este sistema y acomodarlo a las apetencias y mezquindades de los poderosos de turno. Poderosos que poseen la fuerza de sus movilizaciones chantajistas, poderosos que repiten de este lado las aplanadoras parlamentarias que ayer estuvieron del otro lado para imponer la sinrazón, poderosos que se “cagan” en los derechos de terceros para hacer valer sus derechos, primero, y después enarbolan impúdicamente las banderas de la igualdad y la libertad.

¿Hacia dónde vamos así?... Si esto no cambia, creo que vamos rápida y sostenidamente, hacia el país de la anarquía y la prepotencia.

El ciudadano común, ese que no tiene patotas ni bancadas para imponer sus caprichos, sólo tiene la ley para reclamar sus derechos. Si la ley no se impone sobre las hordas, no habrá cambio real. Y la esperanza quedará una vez más sepultada bajo las catervas de aprovechadores, oportunistas y demagogos.

José María Costa