jueves, 31 de julio de 2008

La transparencia es un buen negocio


Con motivo de la Semana del acceso a la información pública

La dictadura impregnó de corrupción nuestra sociedad. Para sembrarla y convertirla en sostén de su poder, se valió de dos elementos estratégicos, el clientelismo político y el secreto. La oscuridad en el manejo de la cosa pública fue constante durante décadas de ignominia y saqueo al Estado. Por eso, con la transición democrática, una de las tareas fundamentales fue darle “luz” a la gestión pública para que la ciudadanía tenga herramientas de discernimiento y control.

Si algo todavía queda como asignatura pendiente en nuestra joven democracia es que llegue a imperar de manera efectiva la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. El sustento constitucional dado en 1992 a este derecho humano fundamental, no ha trasuntado, lamentablemente, en una ley reglamentaria que permita –como obliga la Constitución- establecer plazos, sanciones y procedimientos para “hacer efectivo” este derecho. Desde sectores reaccionarios, amantes de las tinieblas en la administración pública, se ha combatido todo intento de transparencia. Y por otro lado, no faltaron quienes pretendieron calificar el intento legislativo como un avasallamiento del libre ejercicio del periodismo, denotando confusión conceptual y hasta un indisimulado miedo de perder la “exclusiva” del manejo de la información en una sociedad que no precisa “dueños de la verdad” vestidos de empresarios mediáticos o dirigentes pseudo izquierdistas.

Pero la gente no lloró sobre la leche derramada ni sobre el cadáver de un proyecto de ley construido con procesos abiertos de debate y cuya defunción fue obra de una extraña –inédita- alianza estratégica entre enemigos irreconciliables como Aldo Zucolillo y Juan Carlos Galaverna (ambos detractores de la ley) que tuvieron en un senador “opositor” –Eusebio Ramón Ayala- la moción y fundamentación para el rechazo del proyecto. Desde entonces, diferentes organizaciones civiles y algunas instituciones públicas propiciaron vías alternativas para tener canales de acceso a la información pública y rendiciones de cuenta permanentes a la ciudadanía.

Pero el gran salto cualitativo será romper definitivamente con la cultura del secreto comprendiendo incluso que la transparencia y el acceso a la información pública, además de ser deberes del Estado y sus funcionarios, son un buen negocio político. En la época de la globalización de las comunicaciones, cuando el secreto y la mentira tienen cada vez más cortas las patas, el político que pretende seguir sosteniendo su poder en el secreto o en una “exclusividad” del manejo de la información, está equivocado y cava su propia tumba. El político moderno o el que ocupa un cargo público debe estimular el poder ciudadano que se logra haciendo accesible la información pública. Ésta le permitirá a la gente comprender quiénes en realidad defienden sus derechos y expectativas. Claro, la transparencia es arma útil para el político, pero a condición de que éste sea honesto y eficiente.

En estos días se celebra la Semana del Acceso a la Información Pública. Quizás sea la oportunidad para que muchos dirigentes políticos, legisladores, empresarios y abogados –sobre todos aquellos que pudieran tener responsabilidades en el nuevo gobierno- se enteren de que éste es un derecho fundamental cuya vigencia no debe ser disminuida por la falta de una ley reglamentaria. Y mucho menos debe ser motivo para que se convierta en “cuco” para cierta prensa que parece temer la “competencia” de una ciudadanía informada más directamente y sin mediaciones.

José María Costa

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