Café o leche

Maniqueísmo con genes stronistas

“El que no está con nosotros, está contra nosotros”. “Hay que ser café o leche; pero no café con leche”.

¿Quién no recuerda estas expresiones del absolutismo stronista? Eran la síntesis de la “democracia” al estilo tembelo que nos sojuzgó durante casi 4 décadas. Eran la expresión semántica de una filosofía de poder que consistía en considerar enemigo a todo aquél que no pensara igual, y por lo tanto, considerarlo también merecedor de la marginación, la censura, la represión y hasta la muerte, según el grado de “tozudez” o “atrevimiento” demostrado.

Eran los años del pensamiento único, del partido único, de la polka única, de la afiliación única, del líder único… incontrastable, incuestionable e inmarcesible. Eran, también, los años del “para los amigos todo, para los indecisos nada, y para los enemigos el palo”. La dualidad “paraguayos buenos – paraguayos malos” justificaba todo tipo de tropelías contra las personas y sus derechos. Los “buenos” eran quienes doblaban el espinazo y asentían todo; los malos, aquellos que osaban opinar diferente o levantar la voz ante una arbitrariedad del poder absoluto y corrupto.

Durante los 20 años de transición, no me ha sorprendido escuchar a muchos nostálgicos stronistas blandiendo semejantes armas de la intolerancia y el maniqueísmo político. Era lógico suponer que el ADN stronista se mantuviera a través de lustros todavía en las venas abiertas de una política obtusa. Pero hace unos días sí me vi sorprendido, ingrata y tristemente, por haber visto empuñar similares argumentos en un comunicado público que, hubiera esperado, arrojara mayores luces a la vida política (como luces tienen muchos de los que lo firmaron) y no retrotrajeran la memoria colectiva a esa era de oscurantismo a la que ya nos íbamos acostumbrando a no temer.

Lamento que por efecto quizás de una intempestiva reacción tenida ante un provocativo y provocador actor de la política criolla, muchos admirados míos hayan privilegiado la tentación de la respuesta cuasi planfletaria por encima de la serenidad de la razón y la mesura de las palabras. El resultado ha sido un documento que lamentablemente enarbola -quizás hasta no intencionalmente, si me permiten una piadosa duda- discursos abarrotados de postulados mesiánicos e intolerantes. Se me cayeron varios ídolos e ídolas. Muchos tal vez con los pies de barro que el lodazal de la política partidaria –al que adscribieron algunos- termina por empantanar; otros quizás por una malentendida solidaridad de firmas.

Pero volvamos al fondo. El maniqueísmo no es bueno en una sociedad que necesita desprenderse de un pasado sectario y autoritario. Y no podrá hacerlo si se reeditan postulados que aplican el término “bárbaro” simplemente a todo aquél que no piense igual. Stroessner tildaba de “comunista” a quien quería eliminar. En la dictadura, Stroesner tenía el poder formal, sus tentáculos en el poder fáctico, y sus peones en los distintos estamentos sociales, prestos para reprimir a los acusados de “alta traición a la patria”.

En tiempos democráticos –que debe ser en esencia de pluralismo y tolerancia- la prédica de un anticomunismo retrógrado que exhorta a “liquidar al enemigo” es tan peligrosa como los discursos orientados desde el poder (o sus adyacencias, como en la época de los macheteros santanianos) que siembran de “enemigos” y “bárbaros” la república como fase previa, tal vez, a la justificación de una represión a los “que no están con el cambio”.

Stroessner pedía ser café o leche. La democracia debe admitir el café, la leche, y el café con leche por igual, con el mismo respeto y con los mismos derechos. Mal que le pese a la intolerancia láctea e ideológica de algunos.

José María Costa

Comandante Pastorcillo

De la credibilidad esperanzadora a la mentira consuetudinaria

No es la primera vez que grita “Lobo!” y no hay tal cosa. No es la primera vez que ha dicho que no dijo lo que ha dicho y le escucharon decir. No es la primera vez que apunta a los grandes titulares de la prensa nacional e internacional para luego esconder la mano.

Hace poco más de un año, anunció que había lobos a punto de comerse al rebaño. Y la gente le creyó, y la comunidad internacional se solidarizó, y luego nada pasó. Ahora volvió a hacerlo para justificar unos cambios en la cúpula militar que llevasen a los “amigos” a los cargos de mayor envergadura. Para el Príncipe no importan los medios, sino el fin. No importan las reputaciones de militares honestos ni importa jugar con la credibilidad que el pueblo le ha entregado en confianza.

Si en realidad hubiera habido “bolsones golpistas”, aunque sean “unos pocos” y más aún si el susodicho los conoce e identifica bien, el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debió haberse apegado a lo más institucional que tiene la República: la constitución y las leyes. Y no debió haberse jugado a gritar “¡Lobo!” para luego hacer sus enroques de innegable tufillo clientelista y sectario.

Los delitos contra la seguridad de la República o contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas están explícitamente tipificados en el Código Penal Militar (arts. 78 y 88, Ley 843/80) y si en realidad el Comandante en Jefe sabe de quien haya intentado o tengan intenciones de cometerlo, su obligación era denunciarlo a la Justicia Militar, ordenar la integración de un Tribunal Militar para juzgar a los responsables (si fueran generales) y hacer cumplir las normativas al respecto.

Similares hechos punibles están contemplados en el ámbito de la Justicia ordinaria, en el Código Penal. Y si el Presidente de la República tuviera en realidad conocimiento de un intento, una conspiración, un complot, debe denunciarlo al Ministerio Público y ayudar a que el mecanismo judicial investigue y sancione a los responsables.
Todo ciudadano que esté en conocimiento de algún hecho punible o de su intento, tiene la obligación legal de denunciarlo. Si no lo hace, puede ser acusado de cómplice o encubridor.

Lo que ha hecho el Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación es darle una bofetada a la institución militar, otra a la ley y una más fuerte aún a la credibilidad de la gente. Sus denuncias fueron, como hace un año, fuego de artificio para obtener réditos políticos y respaldar propósitos sectarios. Llenándose la boca de institucionalidad, atentó contra la verdadera institucionalidad militar, la que garantiza a sus oficiales un sistema de ascensos y graduaciones de acuerdo a méritos y normativas, y no de acuerdo a “amistades” políticas o lealtades personales. Su manera de obrar sí es la que genera inestabilidad e incertidumbre en el estamento militar, y por extensión, sospechas en la ciudadanía.

Sus acciones han sido una muestra más de la irresponsabilidad que, había sido, engalanaba no sólo su curriculum personal y familiar, sino también su vocación pastoral, a juzgar por cómo le encanta gritar “¡Lobo!” en las praderas políticas donde el embuste es cotidiano. El hábito no hace al monje, pero la mentira le quita esperanza al pueblo y puede hacer que, cuando aparezca el lobo verdadero, ya no haya alguien creíble para defenderlo ni guiarlo.

José María Costa

Oportunismo y oportunidad

El debate responsable y serio que no debe ser apagado

Oportunismo es, como lo dice la Real Academia Española en su diccionario, la “actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones”. El oportunista se aprovecha de la ocasión para buscar réditos vinculados a intereses sectoriales o egoístas, sin importarle las consecuencias de dicha renta circunstancial.

El objetivo, la intencionalidad, distingue al oportunista de aquél que, en mérito de la ocasión o la oportunidad, plantea una cuestión, un debate, una reflexión, una discusión en torno a temas de interés común.

No es desatinado hablar de la seguridad del país en medio de un hecho de secuestro. ¿De qué hablaríamos entonces? ¿Del sexo de los ángeles?

En estos días, la sociedad se encuentra impactada por un hecho delictivo de proporciones y de suma gravedad. No es un delito contra una persona o su integridad, nada más. Es un atentado contra el Estado de Derecho, contra la sociedad misma. Éste es el verdadero “golpe de Estado” gestado por una gavilla de delincuentes altamente entrenados y con inocultables intenciones políticas.

No está bien que se aproveche la circunstancia para buscar ventajas politiqueras. O para reavivar tirrias personales y buscar arrinconar al enemigo político. Desde izquierda y derecha, desde el oficialismo y la oposición se han escuchado y visto actitudes oportunistas en estos días. Tanto la incontinencia verborrágica en la reaparición pública de Duarte Frutos como la ahora “oportuna” convocatoria de Lugo a la reunión de poderes, delatan un oportunismo insensible y carente de principios. En el primer caso, no se precisan más argumentos que la propia realidad. En el segundo, nadie puede obviar que apenas semanas atrás al Ejecutivo le importaba un bledo reunirse con sus pares de los otros poderes y mucho menos enfocar “temas de interés nacional”, habida cuenta su respuesta inconsistente e ideologizada a la propuesta de agenda política hecha por el titular del Congreso. Evidentemente, ahora necesita un balón de oxígeno ante el ahogo y la intoxicación producidos por la torpeza de sus principales “socios” (en el tema de las tierras de Teixeira) y por el hecho del secuestro que sensibiliza a la población.

Pero, por todo esto, si bien hay que desechar el oportunismo, no hay que rehuir la responsabilidad ni apagar el debate sobre temas que son de vigencia y preocupación. Lamentablemente es costumbre paraguaya que, ni bien pasa el efecto instantáneo de la preocupación, mandemos los temas importantes al olvido. La reflexión que no debe parar y debe fortalecerse debe abordar temas relevantes, como la seguridad ciudadana, la necesidad de una defensa férrea y permanente del Estado de Derecho, de la soberanía del poder público que es expresión de la soberanía que reside en el pueblo, de la presencia del Estado para revocar las “zonas liberadas”, de la necesidad de hacer vigente la ley y el Estado por encima de las ambiciones o ideologías del entorno nuevo que repite viejos apetitos y criticados vicios ajenos como propios.

Las autoridades, los políticos, la ciudadanía, todos debemos actuar con responsabilidad y mesura ante el plagio que hoy impacta a la sociedad. Pero el secuestro de Fidel Zavala no debe apagar el debate. Al contrario, debe hacerlo más responsable, vigoroso y profundo. Incluso para aquellos graves temas que, evidentemente, algunos tratan de ocultar bajo la alfombra gentilmente ofrecida por el autodenominado EPP.

José María Costa

Transparencia teeté

El Consejo de Ministros debe ser un órgano republicano

El Vicepresidente de la República dejó escapar –una vez más- sus quejas y reclamos. Y entre ellas incluyó, esta vez, que “sería bueno que la ciudadanía pudiera enterarse de lo que se habla, se discute y se decide en las reuniones del Consejo de Ministros”. Menuda autocrítica al gobierno aliancista. El gobierno de la transparencia y el cambio, acusado casi elípticamente de no hacer ni lo uno ni lo otro.

Y razón no falta. ¿Por qué las reuniones del Consejo de Ministros, un órgano instituido por la Constitución Nacional, deberían ser reservadas y cerradas y no abiertas al público y al escrutinio de la gente? Estamos, según la Carta Magna, en una República que adopta para su forma de gobierno “la democracia representativa, participativa y pluralista” (Art. 1) y en el cual se establece el derecho de las personas a recibir “información veraz, responsable y ecuánime” y se estipula taxativamente que “las fuentes públicas de información son libres para todos” (Art. 28).

En ningún párrafo, en línea alguna del Art. 243 de la CN, que instituye el Consejo de Ministros y sus funciones, se habla de que sus reuniones serán secretas o a puertas cerradas. Y tratándose, como dijimos, que ésta es una República, debe interpretarse que prima el principio de publicidad y divulgación de los actos y reuniones de órganos del Estado. De lo contrario, estaríamos en un régimen no republicano.
Vale decir, el gobierno del cambio y la transparencia, ha tenido un año para cambiar una costumbre que data de los oscuros vicios del stronismo y ha sobrepasado las fronteras de la transición sin que nadie lo haya hecho notar, hasta que el vicepresidente lo dejó ver casi sin darle mucha importancia. El pueblo, la “democracia participativa” de la que tanto se cacarea, no necesita un vocero que en lenguaje diplomático y seductor revele apenas lo que el Presidente y los ministros del cónclave secreto dispusieron dar a conocer.

De la misma forma, no basta que al pueblo se le diga –como acostumbran algunos- “vengan y pregunten lo que quieran”, sino teniendo el poder y los recursos del Estado, y el deber consecuente de informar, es preciso hacer todo para que no sólo haya publicidad de los actos de gobierno (esto es, que los actos sean abiertos y transparentes) sino divulgación (esto es, que las acciones e informaciones relevantes para la gente sean difundidos por canales adecuados). Muchas veces, en cuestiones de transparencia, la burocracia o la indiferencia de los demócratas son tan sustentadoras del secretismo en el Estado, como lo son las acciones de los autócratas oscurantistas.

Que esto no se confunda con marketing político ni se use de pretexto para la propaganda oficialista o ideológica, la que hoy día aún queda en evidencia apenas se escarban ciertas comunicaciones de gobierno que replican criticables rémoras de sus antecesores.

Para hacer el cambio, para hacer la transparencia hay miles de caminos, algunos complicados y otros más sencillos. Uno de éstos sería convertir al Consejo de Ministros en un órgano verdaderamente republicano, como debe ser, con reuniones enteramente transparentes y accesibles para el conocimiento ciudadano. ¿O es que allí hay algo que se quiere ocultar?

José María Costa

Estado colesterolémico

¿Tiempos de cambio con presupuesto de siempre?

Colesterol alto y triglicéridos por las nubes. Exceso de grasa y falta de dinamismo, escasez de movimiento y enlentecimiento funcional incrementado,. Y por si fuera poco, nada de dieta a la vista. El diagnóstico pertenece al Estado que se sigue proyectando en la era de los cambios. Los cambios que siguen abundando en los discursos y siendo retaceados en las acciones, en los números, en los resultados.

El Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2010 contiene los estudios pormenorizados que ayudan a llegar a un diagnóstico así. Coinciden en esta visión, tirios y troyanos, legisladores oficialistas y opositores, medios complacientes y radicalizados, ministros “favorecidos” y “recortados”… Se trata, en suma, de un presupuesto ni siquiera posible, porque de hecho tiene de entrada nomás ya un saldo rojo monumental, sino de un presupuesto cada vez más deteriorado y pervertido por las incongruencias en cuanto a las necesidades de un desarrollo real y equilibrado para el país.

Es el Estado que tenemos y de cual nos cuesta desprendernos debido a nuestra cultura y nuestra tradición política. En la diagnosis del paquidérmico e hipercolesterolémico paciente, las fuentes de grasas provienen de un prebendarismo practicado con unción casi religiosa por cuantas agrupaciones políticas y sociales existen o surgen por el camino; se originan en la clásica visión de un Estado empleador y monopólico; se perpetúan en la práctica clientelar que se reinventa día a día; y se sistematizan en las planillas de gastos corrientes de un Estado duplicador (por decir lo menos) de funciones supuestas y estructuras superpuestas.

Los propios legisladores de la Comisión Bicameral de Presupuesto nos hablan de que hay al menos 10 organismos o dependencias ocupadas en el bienestar de los indígenas, y ellos siguen tal cual y peor cada vez. Agreguemos las múltiples dependencias dedicadas a “los derechos humanos” o a la atención de sectores vulnerables, que siguen derrochando vulnerabilidad, o miremos cómo hay un Viceministerio de Educación y Cultura con funciones que se superponen a una Secretaría de Cultura, y viceministros que tienen atribuciones coincidentes por aquí y por allá. De la tierra y los créditos se ocupan varias instituciones, y los resultados son cada vez menos alentadores. Y ahora hay caridad y asistencia social por cuanta secretaría, viceministerio o despacho de la Primera Hermana que se antoje. Como la caridad y el asistencialismo no bastan para justificar gastos, la Secretaría de Acción Social, aparte de entregar subsidios directos sin ningún tipo de relevamiento ni control, ahora también va a tercerizar dinero público para ONGs de cualquier laya que contratarán a constructoras para hacer viviendas sin licitación alguna. Parecido y renovado sistema por el que se condenó a administraciones anteriores del CONAVI, que es la entidad que supuestamente debe ocuparse del tema en el Estado. Según la vicepresidenta de la Comisión Bicameral, nuestra educación, a juzgar por los números, debería ser mejor que la del primer mundo, pues tenemos una media de 14 alumnos por docente y un incremento anual del presupuesto del sector como el más pintado sistema educativo lo quisiera. El problema, en cierto sentido, ya no es la cantidad sino la calidad del gasto. Aunque la distribución global de los rubros siga demostrando las inconsistencias y perversiones que el presupuesto arrastra desde hace décadas.

En fin, gastos duplicados, superpoblación de funcionarios, superposición de funciones y estructuras (reales éstas, muchas veces irreales aquéllas), distribución irracional, asignaciones sin considerar metas ni resultados, y una larga lista de necesidades que siguen posponiéndose. Tal es la situación del paciente colapsado de grasas prebendarías que se prepara para seguir deglutiendo más de lo mismo por un año más. El cambio real no tiene cabida en los números. Al parecer, seguirá, como siempre, en las meras palabras.

José María Costa

Democracia de maquillaje

Un día en la vida de una señora ultrajada

Doña Democracia despertó y se miró en el espejo. La máscara de aguacate y elecciones cada 5 años todavía le cubría gran parte del rostro. Ahora debía quitársela para verificar que la lozanía de su piel estaba aún a pedir de boca. De boca de ganso de cuanto político hubiera pavoneándose de sus “logros” a esas horas en las principales radios. Ah, por supuesto, en las radios que todavía no habían sido cerradas bajo el democrático y stronista pretexto de las licencias no renovadas.

Era un día maravilloso. Sol pleno y clima agradable, pero los ventarrones políticos de la democracia participativa amenazaban con… más humedad ideológica en el ambiente. El clima se tornaría pesado. “No queremos democracia meramente representativa”, escucharía una vez más decir a algunos que en las últimas elecciones obtuvieron los votos de su madre, dos hermanos y un vecino… y no consiguieron la banquita preciada en parlamento o concejalía alguna. “Basta de democracia burguesa”, espetarían otros desde sus camionetas todoterreno con combustible pagado por el Estado.

Se puso el delineador y el rímel. El rubor lo dejó para después, esperando tal vez que algún diputado o alguna diputada se lo prestase, ya que casi nunca lo tenían en el rostro. En los periódicos del día se leían las noticias de la prensa independiente, independientemente de las evidencias cotidianas de sus inclinaciones socio-político-económico-culturales. Algunas críticas por aquí, otras investigaciones más o menos rigurosas por allá, y un camino largo que baja y se pierde en la espesura de la responsabilidad mediática, no siempre espesa ni siempre responsable. A través de Internet, Doña Democracia se enteró de las últimas ocurrencias del último de sus violadores consuetudinarios: el mismo que cerró medios de comunicación –radios y canales de televisión- en nombre de ella misma. ¡Cuánto maquillaje más tendría que seguir echándose por esas latitudes para no convertirse en una palabra insulsa… sobre todo por la pusilanimidad de Insulza! ¡No bastaría el container de máscaras faciales, cremas antiage y rouge para cubrir tanto desparpajo! ¿Si las honduras de un golpe centroamericano causaban indignación, cómo es que ciertas “democracias caribeñas” pudieran merecer aplausos?, se preguntaba, casi ingenua.

Pero de espanto ya estaba curada. Ya se acostumbró a escuchar discursos antiimperialistas en boca de quienes cubren con sus silencios ideológicos las tropelías de deudas espurias en Petropar, afanes expansionistas bolivarianos y tácticas pseudo no alineadas que son impúdicamente favorables a intereses neoimperialistas. Pero eso no es todo, si mirara al otro extremo encontraría también arrogancia y contradicciones similares. Desde representantes del pueblo que ni se acuerdan del mismo, hasta promesas electorales que siguen empedrando el camino al infierno de la decepción y la desesperanza ciudadanas. Desde burdas imitaciones de la pulverización de la Justicia hasta prebendarismo político con nuevos colores pero a costa del mismo bolsillo de Juan Pueblo. “Sentís el cambio”, le ametrallan y no entiende cómo esto no puede ser propaganda. “Hagamos de la crisis una oportunidad”, le convencen mientras los oportunistas siguen profundizando la crisis… ajena, por supuesto.

Vendrán tiempos mejores, sin duda. Doña Democracia ya no usará maquillajes ni le podrán ultrajar impúdicamente ni adosar apellidos como “burguesa” o “popular”, ni podrán pervertir su esencia usando su nombre para autoritarismos o dictaduras del siglo XXI. Ocurrirá algún día. Mientras, ella seguirá esperando que la gente abra bien los ojos y mejor los oídos para descubrir las mentiras discursivas que siguen poblando la escena política. Las mismas que pervirtieron muchos de los valores democráticos por décadas y hoy se renuevan con nuevos maquillajes y consignas, en una y otra esquina del cuadrilátero político. La gente no es tonta. Con afiches o sin ellos, sabe quiénes son responsables de esto, por acción, por omisión o por tentación de su nueva condición.

José María Costa

Salud en primer lugar

Cómo hacer el cambio, sin vacilaciones ni fanfarrias.

Las encuestas coincidieron en ubicarla como la mejor ministra, y a su administración como una de las mejores evaluadas en el primer año de gobierno. No es poca cosa en este país de francotiradores por doquier, donde se practica el antiguo deporte del tiro a la cabeza de aquél que ose levantarla por encima de la superficie cómoda de la mediocridad y del “vaí vaínte”.

Tampoco este destaque es para alquilar balcones, pues que una funcionaria pública o una secretaría de Estado cumpla con sus funciones y se esmere en ellas debería ser moneda común y no un “avis raris”. Sin embargo, tales monedas no son nada comunes en las pauperizadas arcas de la eficiencia de la administración pública, por lo cual, es digno siempre de valorar una gestión que sobresale.

Es bueno evaluar algunos de los aspectos que convirtieron al Ministerio de Salud y a la ministra del ramo en los mejores valorados en la percepción de la gente.

Empecemos por la implementación de medidas inéditas y de relevancia histórica para la población: la adopción de la gratuidad en la atención sanitaria en hospitales públicos, medida reforzada luego con la gratuidad en la provisión de medicamentos y la realización de estudios y análisis laboratoriales. Sin dudas, una contribución enorme para poner la atención primaria de salud en el lugar que corresponde a un país que todavía muestra evidencias de déficits sanitarios compatibles con lo más atrasado del tercer mundo. No fue, como otras medidas poco felices de este gobierno, una actitud populista –más que nada porque fue real y hasta se logró que el aparato financiero del Estado se adecue a ello-. Se implementó de una vez y para todos, sin privilegiados ni contramarchas. Sin decretos y des-decretos. Sin vacilaciones ni ambigüedades.

Seguidamente, un programa de vacunaciones que refuerza los planes de gobiernos anteriores (algo poco común en un país en el que cada ministro pretende descubrir la pólvora) y los relanza con mayor profundidad y amplitud. Luego vendría una gestión, quizás bastante criticable en materia comunicacional pero eficiente en materia estrictamente médica, en torno a la pandemia de la gripe A H1 N1. Y finalmente, un programa de inversiones y gestión de cooperación que empieza a dar sus frutos con proyectos de hospitales que ayudarán a descentralizar la respuesta a la concentradísima demanda de atención primaria de salud.

Otro factor clave parece haber sido el grado de profesionalismo con el que se manejó dicha administración, evitando incurrir en protagonismos o escarceos políticos. También se evitó el populismo de convocatorias masivas al personal de blanco para buscar “apoyos políticos” y no se cayó –al menos eso aparenta desde afuera- en el sectarismo que en otras secretarías fue incesante. Y aún en medio de la crítica situación de una pandemia inesperada, no hubo quien enarbolara excusas como “culparle a la gripe A” o a los “61 años de desgobierno”; al contrario, aún con vientos en contra, se planificó, se trabajó con seriedad y se avanzó. Y se logró una gestión que, repito, ha merecido el reconocimiento coincidente en las encuestas ciudadanas.

No todo es color de rosa. Los datos estadísticos todavía deben ser revertidos en materia de salud pública, sobre todo en temas como mortalidad infantil e incidencia de enfermedades respiratorias, así como en la atención de epidemias “modernas”, como los accidentes de tránsito. También hay irregularidades denunciadas en procesos licitatorios y la atención en la salud pública todavía presenta serios reparos quizás por la cultura de desprecio al contribuyente que palpita en gran parte en el funcionariado público.

Pero de que se ha avanzado, y de que ha habido cambios notorios, nadie lo puede negar. Hay mucho por hacer, sin dudas. Entonces, cómo no tener esperanza con una gestión así.

José María Costa

Del dicho al hecho

Racconto al cumplirse el primer año de gobierno de Lugo

La memoria suele ser flaca. La memoria paraguaya lo suele ser aún más. Por eso creo pertinente, a un año del inicio del Gobierno de Fernando Lugo, recordar algunos de los principales anuncios y compromisos asumidos habiendo jurado aquél 15 de agosto del 2008 como Presidente de la Nación.

Decía: “El cambio no es una cuestión electoral; el cambio en Paraguay es una apuesta cultural, quizás la más importante en su historia. Por lo tanto, no se trata de un proceso que tiene vencedores ni vencidos, eso no nos interesa, ni propietarios exclusivos, tampoco”. Hoy por hoy, quien ose criticar es automáticamente tildado de “enemigo del cambio”. En contrapartida, para ser “protagonista del cambio” hay que ser de izquierda, a cuál más radical, o nada. “Socialismo o muerte” es la consigna, al menos de los seguidores de Lugo, no desmentidos por él. Esto es pluralismo del siglo XXI.

Decía: “Queremos recobrar ese valor de los gobiernos que conjugaron honestidad y austeridad como ecuación del supremo sacrificio por la patria”. Entre los incrementos innegados del prebendarismo estatal y los aumentos inexplicables de los gastos reservados, además de algunas evidencias mediáticas de camionetas lujosísimas pomposamente ostentadas por el nuevo establishment, hablan poco o nada del “sacrificio” y sí más de la dulce tentación del poder.

Decía: “Hoy termina un Paraguay exclusivo, un Paraguay secretista, un Paraguay con fama de corrupción”. Algo se ha visto en materia de lucha contra la corrupción, pero lastimosamente sólo de la corrupción ajena, aquella que puebla la historia de los 61 años de la sempiterna excusa para la ineficacia actual. El Paraguay secretista aún carece de normas explícitas o acciones precisas en las instituciones estatales para dotar de transparencia o un adecuado, oportuno y eficaz acceso ciudadano a la información pública. El derecho constitucional de acceso a la información pública sigue sin reglamentarse y sigue siendo un calvario para el ciudadano obtener información, o al menos saber a quién pedírsela.

Decía: “Queremos que en este tiempo, en este tiempo, las Fuerzas Militares se dignifiquen y sean amigas y compañeras de la comunidad paraguaya”. Para más datos, recordemos la “toma del cuartel del Comando de Ingeniería”… o la pusilánime actuación oficial ante el ingreso de militares bolivianos en territorio chaqueño. Decía: “!!Un soldado hermano está naciendo en Paraguay!” ¿Será el soldado bolivariano y correligionario?.

Decía: “Pondremos un máximo esfuerzo por quitar definitivamente el estereotipo de ´zonas liberadas o peligrosas´ a regiones como San Pedro, o los bañados de Asunción…” Más datos con Elvio Benítez y Paková Ledesma.

Decía: “Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien les convoque a reapropiarse de sus tierras”. Las plazas Uruguaya e Italia son sus “tierras” nuevas, luego de la espléndida y populista iniciativa gubernamental que quiso instaurar el voto directo para elegir titular del INDI y terminó siendo un tiro por la culata. Miseria y marginación social, del campo a la ciudad.

Decía: “Hoy cuando este hombre de fe, y este laico comprometido con su tiempo atravesaba la ciudad, ha visto una vez más lo que nos llena de pena y de vergüenza. Nuestros niños, son nuestros niños de la calle… No sé en cuanto tiempo. No sé si lograremos tumbar definitivamente al monstruo de la miseria que los condena, pero sepan, eso sí: que al igual que con la causa de los indígenas, los niños en situación de miseria tendrán a más de las instituciones asignadas, la ocupación personal de este Presidente que es de ustedes”. En fin, ¿merece esto algún comentario más?

Por último, no se diga que todo es malo. Lo bueno de esto es que el propio Presidente haya reconocido que es lento e ineficaz. Ya tuvo un año para reflexionar sobre ello. Ojalá que el segundo lo ocupe en empezar a revertir eso.

José María Costa

Los huesos perdidos

El pasado que debe comprometer el presente

No se trata de haber hallado el hueso perdido de la teoría francista, porque la relevancia del hallazgo es mucho mayor e histórica. El descubrimiento de los restos óseos en la “huerta” del predio de la Agrupación Especializada marca un hito sin dudas trascendental en la recuperación de la memoria histórica referente a los largos años de represión, muerte y oscurantismo enseñoreados por el stronismo.

Ahí están, los desaparecidos… con toda su historia de denuncia y sus gritos acusando a quienes “vivían felices” mientras cientos de compatriotas y extranjeros eran perseguidos, torturados o asesinados por el sólo hecho de defender la libertad o expresar su opinión disidente a los dictados del sistema. Se los encontró; se los está encontrando. Vuelven con sus huesos frágiles pero sus ideas libertarias todavía fuertes para querellar a sus asesinos y a quienes fueron cómplices de esa barbarie stronista.

Es justo reconocer la paciente labor e investigación que cupo a dos reconocidos luchadores de la democracia, Antonio Palazón y Augusto Ríos Tonina, en este emprendimiento que –quienes los conocemos- ha sido alentado durante décadas por un incansable e irrenunciable compromiso con la justicia y la verdad histórica. También es digno de señalar que el oportuno y comprometido apoyo de las autoridades actuales, especialmente del ministro del Interior Rafael Filizzola, según lo revelan los propios protagonistas del descubrimiento, fue fundamental para llegar a este hallazgo. En otros tiempos ha sido infructuosa la búsqueda porque tal vez ha faltado el apoyo o incluso se han desviado las pistas adrede para evitar este encontronazo con la realidad de un pasado de crueldad e ignominia.

El hallazgo de los restos humanos en la Agrupación Especializada no es el inicio, pero quizás es un punto de inflexión fundamental en la ciclópea tarea de recuperación de la verdad histórica y de construcción de la justicia. La justicia es esencial para la paz. Veinte años de transición democrática no son nada si no han servido para restaurar el sentido de justicia para los que cayeron en la búsqueda, casi utópica, de la democracia y la libertad. Muchos no han vivido para ver los albores del nuevo tiempo sin dictadura; otros aunque vivieron o siguen viviendo, no han podido evitar el sabor amargo de una democracia que camina rengueando por sus múltiples deudas con la esperanza y las ilusiones de la gente.

Por esto, y por la memoria de cientos y miles de ciudadanos que no pudieron vivir el tiempo democrático o cayeron abatidos por la crueldad stronista, es un deber histórico que así como han sido hallados restos que restauran la memoria y se yerguen desafiantes contra los asesinos y torturadores, así también nuestros actores políticos asuman el compromiso de hallar los caminos para convertir este tiempo político en la verdadera conquista que aquellos demócratas anhelaron.

Que, tal como acabaron los cementerios clandestinos, acaben también los cementerios de promesas electorales incumplidas, los mausoleos de programas de gobiernos olvidados, los panteones donde son enterrados cotidianamente las esperanzas e ilusiones ciudadanas de tener una vida en comunidad con seguridad, con justicia social, con desarrollo, con trabajo y con dignidad.

¿Será mucho pedir, al menos en memoria de aquellos que por sus ideales fueron torturados, muertos y desaparecidos?

José María Costa

Incoherencias que matan la esperanza

La incoherencia en la gestión pública es muy dañina. Y en nuestra situación particular, las incoherencias en las que va cayendo sostenidamente el gobierno son aún más, pues están minando el capital más importante que tiene el mismo: el capital constituido por la credibilidad y la esperanza.

Lo ocurrido en estos días con el caso del embajador nombrado ante el gobierno chileno es un eslabón más en la cadena de incongruencias del gobierno. Y se suma a otras no menos evidentes.

No se puede hablar de “moralizar la política y el manejo de la gestión pública” y elegir representantes diplomáticos cuya vida privada hacen avergonzar a propios y extraños. Y menos aún, dejar “librada” a una consulta con las autoridades chilenas la posibilidad de permanencia o no de dicho embajador como representante del pueblo y el gobierno de la República del Paraguay. La soberanía y autodeterminación en las decisiones para el manejo diplomático están, al parecer, dejadas en el trasto. Y todo porque falta valentía –por no decir sobra cobardía- para adoptar determinaciones ejemplificadoras cuando de amigos y correligionarios se trata.

No se puede ir proclamando la “soberanía energética” para hacer reclamos institucionales a Brasil, mientras se endeuda hasta la coronilla, hasta el punto de la hipoteca, a PETROPAR en manos de la chavista PDVSA. Si el “imperialismo yanqui” expoliador y explotador es deleznable, si los pingües beneficios obtenidos por Brasil por el tratado de itaipú son criticables, para algunos parece que el imperialismo chavista no lo es. Y hasta hay que apoyarlo en una actitud casi masoquista.
No se puede hablar de defensa estricta de la soberanía territorial y se permite la incursión impune de militares bolivianos a territorio chaqueño para aprehender ilegalmente a un compatriota. Bastó la mentira inicial de Evo, el “amigo”, para que Lugo creyera en él y descreyera de los informes que nuestras fuerzas armadas (las que él comanda) brindaban sobre dicha incursión. Esta vez, la palabra de un “bolivariano amigo” valió más que mil leyes o informes militares. Y así le fue: militares bolivianos violando la soberanía territorial, un paraguayo detenido ilegalmente, otro desaparecido tras los disparos de los invasores, y ninguna protesta diplomática siquiera.

No se puede anunciar que “dure poco o dure mucho, bajo nuestro gobierno los indígenas vivirán bien”, y conformarse con actos protocolares mediáticos, con danzas y fotos para la posteridad, mientras se juega con la esperanza de indígenas que recibieron la promesa de ser atendidos en sus reclamos y ni si quiera son atendidos en su estado de mendicidad y precariedad por las plazas asuncenas. El pecado original de haber nombrado a una indígena al frente de un órgano de administración estatal (con el consecuente riesgo de tensiones tribales) fue solamente superado luego por los pecados de haber propuesto una “consulta popular” (letanía sin fin) para que los propios nativos elijan a sus representantes y luego haber desconocido el producto de dicha elección. Como en otros ámbitos, los indígenas son víctimas de la improvisación, la falta de rumbo y la incapacidad de asumir compromisos reales por parte del gobierno.

Las incongruencias son el camino perfecto para la desesperanza y el descreimiento. Si el gobierno quiere evitar un deterioro que terminará afectando a su gestión, debería hacer un esfuerzo permanente y comprometido para no caer más en ellas. Más aún cuando aquellas son condimentadas por evidencias frecuentes –y hasta admitidas- de lentitud, ineficacia y falta de planificación.

José María Costa

Escrache gua’i

Luz amarilla que debe ser atendida

Casi pasaron desapercibidos para la gran prensa. Sin embargo, allí estuvieron. Las pocas líneas o los escasos minutos que obtuvieron mediáticamente hablaron de que eran unos 50 campesinos que le gritaron “Lugo, dejate de joder, la lucha campesina no se va a detener”. Ocurrió el 26 de junio pasado en Villarrica, durante el día de gobierno del Presidente de la República en el Departamento del Guairá.

Es bueno reflexionar sobre esto que sería el primer escrache público recibido “presencialmente” por Lugo a menos de un año de su mandato constitucional. Se da, para que contextualicemos, en medio de una serie de demandas insatisfechas de la Federación Nacional Campesina que han provocado en los últimos 15 días movilizaciones y hasta cortes intermitentes de rutas en al menos 10 puntos del país. Ayer, desde Caaguazú llegaban informaciones de una violenta represión policial con saldo de heridos y detenidos. A este escenario se suma la persistencia de grupos indígenas descontentos con la pésima estrategia “indigenista” del gobierno, que trasuntó por varias opciones –a cual más populista e ineficaz- en apenas meses de gestión.

Se trata de los “más pobres de los pobres” que, lamentablemente para ellos, no han tenido la feliz idea de contar con un Evelio Benítez o un Paková Ledesma para tener, desde paseudo reivindicaciones sociales, la complacencia –y los dólares- del gobierno. Se trata de quienes, embanderados en sus genuinas luchas están escrachando la ineptitud e ineficacia del gobierno para atender sus reclamos.
No olvidemos señalar que los métodos de protesta escogidos no siempre son respetuosos de los derechos de terceros, y por ello mismo cuestionables. Pero cuando los manifestantes “no alineados” al luguismo recurren a dichos cuestionados métodos, los mecanismos de represión y “ordenamiento” de manifestaciones funcionan a las mil maravillas. Vale un botón: los requisitos de la “ley del marchódromo” fueron aplicados a rajatabla cuando los “sintechos” marcharon en Asunción; pero 10 días después, cuando Elvio Benítez y un “sin techo” afín al gobierno organizaron su propia manifestación desde el Palacio Judicial al Palacio de López, la “ley” fue flexibilizada totalmente. Y hasta fueron recibidos en el Palacio de López.

Deterioro de la confianza

Ahora bien, volviendo al escrache inicial, lo que debería llamar la atención es que puede ser ésta una tendencia in crescendo, habida cuenta los elementos subjetivos y objetivos que señalan un deterioro de la confianza y expectativa en el gobierno. Dejemos los elementos subjetivos para la reflexión de cada quien; pero los objetivos señalados por el descenso de la consideración positiva hacia el gobierno del 93% (agosto del 2008) al 54 % (junio del 2009) deberían causar inquietud en el entorno presidencial al menos. Más todavía después del reconocimiento público del propio Lugo quien admitió que se lo podía tratar de “lento e ineficaz”, aunque no de corrupto.

La eficacia y la celeridad en la atención de los reclamos y las necesidades ciudadanas son requerimiento esenciales del momento. Si el pueblo, para seguir el hilo conductor autojustificante de algunos políticos oficialistas, debió aguantar 60 años de ineptitud, ¿por qué razón debería seguir hipotecando su paciencia a cambio de nada o muy poco? Por algo, siguiendo las mismas encuestas dadas a conocer hace 15 días, la opinión “negativa” sobre el gobierno de Lugo ha subido vertiginosamente, en contracara de la positiva, pasando de un 2,4 % (15 de agosto del 2008) a un 40,5 % (15 de junio del 2009).

“El Gobierno no es insensible a los reclamos del pueblo, no cierra el oído para escuchar el llanto de la gente”, decía Lugo al referirse a sus escrachadores guaireños. Escuchar, sin embargo, no es suficiente. El escrache guaireño pudo haber tenido pocos manifestantes. Pero es una luz amarilla en el camino –hasta ahora, a confesión de parte- lento e ineficaz del gobierno. Lugo debe prestar atención para revertir esta situación. Quien no ve las señales amarillas, termina estrellándose contra la realidad y el destino trazado por su propia desatención o imprudencia.

José María Costa

Desde las honduras de la democracia

Cuando la democracia está en peligro o bajo amenaza, no se la defiende con recetas autocráticas. Se la defiende y preserva con más democracia. Extremando sus postulados y haciendo plenamente vigente el Estado de Derecho. Si alguien atenta contra la institucionalidad de la República, la respuesta debe ser desde esa misma institucionalidad y reforzando su vigencia, y no resquebrajando los cimientos republicanos.

Viene a colación esto por la lamentable situación que envuelve a Honduras, allá en Centroamérica donde, de un día para otro de la historia parece haber retrocedido al menos tres décadas. Pero la ocasión sirve también para reflexionar respecto de los riesgos implícitos en el sistema democrático.

Una parte del escenario hondureño se ha construido con los afanes políticos de un presidente que, si bien accedió al poder mediante el voto democrático, ha dejado evidencias de haber caído en la tentación de la autocracia que no pocas veces ha emborrachado a líderes de la nueva hornada latinoamericana. Sin embargo, aún cuando en el marco de esos afanes haya promovido una consulta popular explícitamente declarada inconstitucional, la reacción deseable hubiera sido el enfrentamiento en el terreno de lo jurídico.

La ilegalidad no se combate con ilegalidad sino con justicia y con acciones claramente institucionales. El abandono de los cánones democráticos por parte de líderes que acceden al poder legítimamente pero en el ejercicio del mismo pierden legitimidad, no es suficiente razón para que se contribuya a resquebrajar aún más los pilares que sostienen el sistema republicano y democrático. De lo contrario, estaríamos habilitando como sociedad la persecución del delito a través de los mismos recursos ilegítimos e ilegales que utiliza el delincuente.

En nuestro continente, hay una corriente de populismo con carácter mesiánico que otrora ostentaran casi con exclusividad los caudillos de uniforme y charretera. Varios de esos nuevos liderazgos populistas, aunque con origen legítimo y democrático, han demostrado su afición por transitar en la cornisa entre la constitucionalidad o no de sus propios actos en ese afán permanente de acumulación de poder.
Por eso, lo que está ocurriendo en Honduras debe ser un fuerte llamado a la reflexión y un toque de atención para todos. Para los gobernantes realmente democráticos, a fin de que reivindiquen y refuercen los principios de institucionalidad y legalidad. Para los gobernantes que pretenden erigirse en mesiánicos autócratas, para que sepan que el ejercicio irresponsable del poder es un delito contra la institucionalidad y contra los derechos de la gente. Para los gobernados, para no dejarse llevar por cantos de sirena, ni populistas ni autoritarios.

Y finalmente, para la conciencia cívica de nuestras naciones, a fin de reafirmar que el avance en nuestras democracias regionales depende no de falsos mesías ni de líderes iluminados, del color y la ideología que fueren, sino de la participación activa para defender siempre a la democracia con más democracia y no con recetas autoritarias y autocráticas, que de anacrónicas ya debieron haber desaparecido pero allí están, lamentablemente, todavía escondidas a la espera de ser inoculadas ante el menor descuido de la sociedad.

José María Costa

Concursos de papel

Prebendarismo disfrazado de “transparencia”

“¡Nambréna! Yo sabía luego que no me iban a elegir, si no tengo padrino en ningún lado. Me hicieron llevar todos los documentos y ahora nadie me dice por qué no me eligieron. Solo me dicen ‘allí está la lista, fijate si figura tu nombre’ ¡Todo es bolaterapia!”.

Esta fue la reacción que escuché de una joven de 19 años, bachiller en ciencias de la salud, decepcionada porque no apareció en la lista de seleccionados de un “concurso” realizado días atrás por el Viceministerio de la Juventud para un programa de primer empleo en el proyecto “Hospital Amigo” del IPS. En otros ministerios y entidades del Estado también se vienen haciendo “concursos” para llenar cientos y cientos de cargos, con mecanismos que en general tratan de presentarse como transparentes pero en muchos casos hacen agua e inundan de sospechas y dudas los procesos.

Se preparan entre cuatro paredes, algunos se “publican” pero cuidando muy bien de no difundir para evitar postulaciones a granel; otros, en cambio, se presentan en sociedad con bombos, platillos y fanfarria mediática pero se procesan sin conocer cómo se evalúan a los candidatos y se presentan los resultados sin que los postulantes no seleccionados sepan qué criterios usaron para descalificarlos. Son los “concursos para cargos públicos” de la era luguista. Salvo excepciones, esta tónica ha venido dándose en varios ministerios y entes públicos para “disfrazar” la subsistencia del prebendarismo que lleva “61 años” y más en el poder…

Uno de los mecanismos para “disfrazar” de transparencia un proceso es la “publicidad” de los concursos. Levantar los requisitos del mencionado concurso en el sitio web de la institución suele ser la única “publicación” que muchas veces se hace. Se “cumple” con la publicidad, pero no hay muchas veces voluntad de “divulgar”. Tal vez, para evitar que se reduzca la cantidad de postulantes. Este criterio preserva que “los amigos” estén siempre enterados y el ciudadano común que quiera buscar alguna vacancia en la función pública se enrede con la maraña desordenada y caótica de información estatal desperdigada por miles de recursos informacionales. La lógica moderna de la desinformación: inundar la plaza de información irrelevante para ocultar la importante y esencial.

Otro mecanismo es que los postulantes muchas veces no conocen la existencia de criterios objetivos para la evaluación de sus currículos. Nadie sabe cuánto vale una licenciatura o un curso de posgrado o una experiencia laboral en el ámbito requerido. Con esto, se abren las más amplias carreteras para mantener la circulación de criterios subjetivos y arbitrarios –fácilmente prebendaristas- para la incorporación a cargos públicos.

Finalmente, ligado con lo anterior, en la mayoría de los casos se dan a conocer los “resultados de la selección”, sin que se sepa en base a qué fueron seleccionados los afortunados nuevos funcionarios. En algunos casos, como en las entidades binacionales, los “resultados” se dan en forma de “números”: es decir, solamente el seleccionado sabe si fue electo o no, con lo cual nadie puede saber quién fue elegido. Y mucho menos por qué.
En fin, nobleza obliga, hay que decir que existen excepciones. Entre ellos, citemos los concursos docentes que, en cierta medida, han sido dotados de criterios más objetivos (exámenes públicos, sistemas de puntajes, etc.) que ayudan a la transparencia. Pero también hay que decir que en este país, en el cual “hecha la ley, hecha la trampa”, desde hace décadas el acceso a la función pública es un terreno plagado de prebendarismo, padrinazgos y tráfico de influencias, tal y como sucede con el ámbito de las contrataciones públicas en general.

Llenarse la boca de “transparencia” sin hacerla vigente y real, no cambia los “61 años” a los que se siguen achacando todos los problemas actuales y en los cuales se siguen excusando todas las ineficacias institucionales por doquier. El acceso a la función pública es un derecho de todo paraguayo y toda paraguaya. Quienes en vez de actuar con patriotismo sólo disfrazan de “transparencia” los procesos de selección para que siga reinando el prebendarismo, están matando esperanzas jóvenes que seguirán ampliando el caldo de cultivo de la decepción.

José María Costa

El diálogo posible

La única condición: quererlo y buscarlo.

Hay dos elementos que precisa el Gobierno de Lugo para evitar que siga desmoronándose la credibilidad y la esperanza de la gente: claridad de rumbos y eficiencia. Lo primero es condición para lo segundo. Y, mal que le duela a quienes no quieren ver la realidad, también es la carencia más importante de este gobierno. Y como consecuencia, pocas posibilidades tendrá el gobierno de alcanzar lo segundo –la eficiencia- en esas circunstancias. Pero además, precisa también de dos cualidades esenciales: madurez e inteligencia. Madurez, para contrarrestar y neutralizar la improvisación y la disparatología de algunos actores políticos aliancistas; e inteligencia para lograr los acuerdos y consensos que precisa para destrabar la minoría que el resultado de las urnas le dejó en la conformación del tablero político nacional, específicamente en el Congreso.

En la fecha, el Presidente Lugo tiene previsto dar un gesto que puede ser muy importante y concreto: concurrir al Congreso para abordar con senadores y diputados un tema de interés central como es la aprobación del crédito del Banco Mundial de US$ 100 millones. Más allá de las críticas que el inexistente o supuesto “plan anticrisis” pueda generar, o si tal préstamo alcanzará para las necesidades actuales, el gesto político es importante, pues habla de lo que debe ser el ejercicio del poder en democracia: una constante de consultas, diálogos e interacciones entre los Poderes del Estado, a la vista de los intereses nacionales. Sin embargo, debe señalarse que el gesto debe guardar congruencia y ser consecuente con las acciones posteriores. Que no se traduzca esto, luego, en un nuevo festival de disparates y proposiciones antojadizas por parte de políticos oficialistas que, autorizados o no por el propio Lugo, no han hecho hasta ahora más que enturbiar las posibilidades de una gobernabilidad tranquila y eficaz en el escenario político.

Algo de ello había sucedido con la pretendida “consulta popular” disparada en medio de excéntricas interpretaciones legales. Es cierto que la Constitución señala que "La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista”, pero nadie puede pretender que cualquiera de esas características sean contradictorias ni exclusivas. Son congruentes y complementarias, y se rigen no por el antojo de un aprendiz de Richelieu sin estola ni escapulario, sino por las instituciones y figuras contenidas en la propia Constitución Nacional, regladas y expresadas a través del derecho positivo paraguayo. Por ello, riñe con los fundamentos doctrinarios y constitucionales quien, al hablar de que “lo participativo” es la esencia de la democracia, pretende asimilar esto al griterío de una turba prebendariamente organizada o a las marchas de los batallones de choque alineados según la antigua y colorada costumbre de los zoquetes y las canonjías para líderes y seguidores (en esto sí parece que los 61 años siguen muy vigentes). De hecho, muchos de los líderes sociales “alquilados” por gobiernos colorados son hoy los que actúan a través de las estratégicas telarañas del poder que algunos pretenden ir urdiendo en busca de bases políticas hasta ahora inexistentes o raquíticas.

Pero, volviendo a lo anterior, el gesto de Lugo con su visita al Congreso debe ser el mejor pretexto para encarar, si realmente se quiere pensar en el país y en el futuro nacional, un verdadero diálogo inter-poderes. En este objetivo, como ya lo señalara Daniel Codas, presidente interino del PPQ, es menester que los actores concurran y se acerquen sin condicionamientos, sino más bien poniéndose a sí mismos condiciones para privilegiar los intereses nacionales.

El diálogo y los consensos no son imposible en política, ni siquiera en la visceral política paraguaya plagada de odios, prejuicios y mezquindades a granel. Claro, la condición es que se quiera el diálogo y se actúe en consecuencia; y no que se diga una cosa y se actúe de otra forma.

José María Costa

Tapabocas

Evitar diseminar el virus de la autocracia

Los tapabocas se hicieron famosos en las últimas semanas debido a la expansión de la Influenza A. El tapaboca es un adminículo que sirve para evitar que la persona enferma disemine virus en el ambiente. No evita que la persona hable o se exprese, pero actúa como un filtro básico para tratar de preservar el ambiente circundante de la contaminación de los virus que pudiera portar el paciente aquejado de la gripe.

Los últimos acontecimientos políticos hacen pensar seriamente que algunos exponentes y simpatizantes del gobierno deberían usar dicho elemento, aún cuando no padezcan la temible enfermedad. Harían mucho bien al propio gobierno si, cada vez que hablan o expresan alguna opinión, evitaran contaminar el ambiente con propuestas que son virus letales para el sistema de vida democrático y republicano. No se trata de que dejen de expresarse –lo cual no es el objetivo del tapaboca- sino que eviten diseminar los virus del autoritarismo y la autocracia que, evidentemente, están presentes en la mente y saliva de algunos demócratas del siglo XXI paraguayo.

Solamente si cierta gente de la Alianza Patriótica no entiende que fue elegida para gobernar en una DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, se pueden entender algunas propuestas rayanas con los modelos dictatoriales amantes del absolutismo más arcaico y retardatario. En democracia, uno gobierna en base a la expresión del mandato popular, y ese mandato ha dictaminado el 20 de abril del 2008 una geografía de mayorías y minorías parlamentarias que obligan al gobierno a buscar alianzas y consensos básicos, y no deben ser pretexto simplista para un autogolpe ni un tiroteo infantil contra el Poder Legislativo.

¿Tanta es la tentación del autoritarismo que no sólo “super-ministros” aliancistas sino hasta analistas de aparente contextura democrática y activistas de nutrida trayectoria a favor de los derechos humanos desempolvan propuestas que son nostálgicas “remakes” del stronismo y otras formas de autocracias?

Bajo el pretexto del “bloqueo parlamentario” no se pueden hacer propuestas ni promover acciones que bloquean y anulan la esencia misma de la democracia republicana y representativa consagrada por la Constitución Nacional. Más aún cuando en dicho Parlamento hay evidencias de que muchos de los propios “aliancistas” fueron parte de los rechazos que hoy causan tirria al Gobierno y sus dos principales “super-ministros”. De hecho, la vigencia del IRP ya había sido rechazada en el gobierno anterior y nadie propuso una “consulta popular” por ello; y en este período, una buena parte de aliancistas siguieron votando en el mismo sentido (en el PLRA, por ejemplo, nunca se revocó un mandato partidario en ese sentido). Y además, el rechazo del veto sobre la pensión a la gente de la tercera edad fue votado también por todos los legisladores miembros de la Alianza, menos la diputada Desirée Masi, quien manifestó públicamente su extrañeza por este hechos. Y si se habla de rechazos a propuestas de embajadores o al pretendido “convenio” de Itaipú con Ande, el principal propulsor de ello fue Miguel Abdón Saguier, conspicuo integrante de la Alianza, quien trató de “chambonada” tal proyecto y responsabilizó del mismo a los abogados del Ejecutivo. Entonces, los que hablan de bloqueo “opositor” quizás solamente buscan las excusas para sus delirios y ansiedades autocráticas, o apenas practican el deporte más popular de este gobierno: culpar a otros de los propios pecados. Y llama la atención que quienes abogan por ello sean justamente aquellos que tienen poder sin haber tenido votos: algo consustancial a dicha forma de gobierno.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación están distribuyendo tapabocas para evitar la diseminación del virus de la Influenza A. Ojalá Lugo recurra a lo mismo para evitar que su promesa de democracia e institucionalidad se contamine con los virus de la autocracia y el autoritarismo que tanto infecta el pensamiento y la práctica política de algunos de su propio equipo. ¿O es que también él mismo ya está “influenzado” por este virus?

José María Costa

Desfile estudiantil en tiempos de cambio

El hecho de portar carteles y pancartas con consignas y frases fue el “elemento innovador” del desfile sabatino promovido por el Ministerio de Educación y Culto del gobierno del cambio. Aún cuando algunos de los organizadores hayan tenido buenas intenciones y genuino propósito de rendir muestras de patriotismo al estilo más tradicional (que contradicción esto de cambiar a caballo de viejas prácticas), no hay que descuidar algunos detalles que, en virtud de las últimas circunstancias políticas, pueden tornarse factores de riesgo para una educación pública apolítica y apartidaria.

Vamos al grano. Que en el desfile colegial (1.300 chicos de unas 13 instituciones) haya habido carteles como “Los jóvenes exigimos nuestros derechos” o “Salud, trabajo, educación” no genera mayor atención, pues apenas se refieren a derechos consagrados constitucionalmente o reivindicaciones de tipo generacional. Después de todo, que los jóvenes asuman públicamente los valores y derechos establecidos en la principal herramienta de consenso nacional –la Constitución- es algo alentador.

Pero donde la cosa empieza a salirse de cauce es cuando se ven carteles con propuestas o consignas que revelan una postura específica y sectorial, con toda la carga política que ello supone. Ahí había, por ejemplo, un cartel con un “No a la descentralización” que, por un lado, remarca en teoría una postura anticonstitucional (recordemos el lineamiento doctrinario de la Carta Magna a favor de un Estado “descentralizado”), sino, lo peor, queda demasiado evidentemente pegado a una postura política que públicamente han defendido tanto los gremios docentes como el propio ministro de Educación. Esto último, recordemos, en ocasión del rechazo reciente a un proyecto de ley denominado “de descentralización”, rechazado justamente bajo la impronta de una fuerte presión de los gremios de maestros.

Si sumamos a esto que el “novedoso” condimento de las pancartas se da en un desfile organizado por la viceministro de la Juventud, cuya postura pública fue favorable al inconstitucional uso de un cuartel militar para un evento de juventudes partidarias (entre ellas, la de su partido el PMAS), las sospechas y los temores pueden acrecentarse. Dirán tal vez que no se quiere que la juventud “asuma protagonismo” o “no manifieste sus opiniones”. Es la excusa típica de quienes pretenden cheques en blanco para la manipulación desde cualquier instancia de poder.

Esto no tiene la contundencia de aquellos “desfiles patrióticos” en el Departamento de San Pedro, donde adolescentes iban ataviados con sugerentes boinas rojas y retratos del Che aparecían por doquier. A algunos aquello les pareció una inocentada. Lo de ahora les parecerá más inocentada aún. Pero, “inocentadas” tras “inocentadas”, hay quienes evidentemente están jugándose a permear las instituciones –militares y/o educativas- con sus propias consignas e ideologías, buscando las bases políticas que las elecciones aún no les han dado.

Eso no es hacer patriotismo; es simple y llanamente sembrar las semillas del fascismo y el sectarismo para socavar las bases institucionales de la democracia pluralista. Y lo más lamentable, hay manos ingenuas dispuestas a sembrar y dejar sembrar dichas simientes de intolerancia y división.

José María Costa

Propuestas para dejar de ser lento e ineficaz

Todo cuestionamiento implica una propuesta de mejoramiento o de cambio de acción. Quien critica, propone, aunque sea elípticamente. Recogeré el guante de quienes no entienden esto y piden propuestas directas. Haré algunas, sin ánimo de ser exahustivo (apenas lo que permite este espacio). Pero quizás esto sirva para calmar a quienes ven detrás de cada crítica una conspiración, y de cada disenso una desestabilización. Y tomaré el guante subiendo al carro de lo que el propio Lugo admitió públicamente: que se lo puede acusar de lento e ineficaz, pero no de corrupto.

¿Qué podría hacer el gobierno de Lugo para ser menos lento y menos ineficaz?

1. Abordar seriamente la necesidad de que precisa consensos políticos para poder gobernar.

El voluntarismo en política es un camino sin destino. La política es el arte de lo posible, sobre todo cuando la relación de fuerzas no arroja supremacías absolutas. Concertar no significa necesariamente abdicar de los propios principios, pero es clave realizar mecanismos de diálogo y concertación de manera transparente, no en reuniones improvisadas, a escondidas o desmentidas. La mejor aliada para el político que busca concertaciones para el bien común es la transparencia de objetivos y de medios. Esto ayuda a desarticular o neutralizar los “intereses oscuros” o aquellas intenciones de “grupos retardatarios”, con lo cual se suele excusar la propia incapacidad de plantear gestiones o tratativas razonables y totalmente legítimas en una democracia de intereses diferentes.

2. Encarar cambios posibles y sencillos que generen sensación de avance, a fin de evitar la desesperanza.

El gobierno no ha aprovechado aún el marco legal que le permite, por ejemplo, establecer mecanismos más democráticos y abiertos de acceso al empleo público. El recurso a los concursos públicos es mínimo en relación a los cargos llenados con criterios “amiguistas” o “partidarios”. Los “cargos de confianza” siguen siendo tantos o más que en los gobiernos anteriores (160 cargos en Puertos, por ejemplo). Y los concursos deben estar ampliamente informados, no sólo contentarse con los sistemas “direccionados” de información que solo llegan a los del propio color o ideología. Por otro lado, debe haber una apuesta más fuerte y consistente a favor de la creación de empleo: tal vez reforzar las medidas para promover y facilitar el trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas, las que en su conjunto componen la mayor cantidad de generación de empleo en el país.

3. Establecer mecanismos de acceso a la información y transparencia que sean nítidamente innovadores y estén al alcance de la gente.

La promesa clave de Lugo fue el fin del secretismo. Sin embargo no ha dado paso alguno para impulsar una correcta y eficaz reglamentación del derecho a la información pública en las instituciones del Estado. Un proyecto de ley al respecto duerme el sueño de los justos. Países de la región han abordado esta problemática con decisión y voluntad: uruguay, Perú, Ecuador, ahora Brasil. Ni siquiera con los medios informáticos a disposición (internet) este gobierno ha mejorado la posibilidad de que la gente tenga acceso rápido, eficaz y directo a la gestión de sus funcionarios y sus instituciones. Buen paso sería que la promesa de transparencia apunte a un sistema permanente y moderno de acceso a la información pública en todas las entidades del Estado. Algunos municipios han dado buen ejemplo al respecto. Basta imitarlos, si hay verdadera voluntad.

En fin, muchas más propuestas se pueden desgranar. Por el momento, esperemos que el gobierno no se contente con admitir que todavía puede ser calificado de lento e ineficaz y termine, para bien de todos, de sacudirse de encima esa modorra y desatino político que ya se vuelven preocupantes.

José María Costa

El cambio, para atrás

Como “la tierna podredumbre”, pero del siglo XXI

Utilizar recursos del Estado para fines políticos, en épocas de la dictadura stronista era “lícito” para los colorados, y era un atropello fuertemente criticado por la oposición, casi ahogada por la represión dictatorial. Hoy, utilizar recursos del Estado y de las FFAA para fines políticos, es un símbolo del “progresismo” de ciertos grupos partidarios que, desde el otro extremo ideológico, repiten los mismos vicios y atropellos autoritarios en contra de la verdadera democracia.

El evento político organizado por jóvenes dirigentes de sectores partidarios de izquierda no es ni más ni menos que la expresión patente del cambio para atrás en nuestra democracia. Los que se llenan la boca tildando de retardatarios a todos aquellos que no piensan como ellos, han demostrado que lo son a carta cabal: retardatarios y anacrónicos. Se han esmerado en dejar evidencias de sus pensamientos totalitarios, los mismos que, con otras simbologías quizás en la época del stronismo, hacían de las Fuerzas Armadas una sucursal partidaria, una institución totalmente alienada por el sectarismo político.
No son las banderas ni los símbolos internacionalistas, ni las efigies de genocidas confesos o de absolutistas del siglo XXI, ni las banderas extranjeras flameando donde sólo debiera portarse la tricolor. No. No son esas “anécdotas” las que preocupan del tremendo golpe causado por el gobierno de Fernando Lugo a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Lo que preocupa realmente es que esta democracia está durmiendo con sus enemigos, y el propio gobierno le hace día tras día la cama.

Alienta y da alas a aquellos que creen que las Fuerzas Armadas deben tener una posición ideológica y una actitud partidaria –claro, siempre y cuando sean las que convengan a sus intereses-; o a aquellos que todavía pretenden hacernos pasar por tontos con que “no se ha tratado de una actividad partidaria porque no se hizo proselitismo ni estamos en campaña electoral”. Ahora anuncia “sumarios” para que la piola se corte por el lado más fino, pero en el fondo, ni siquiera ha ensayado una disculpa pública con la ciudadanía honesta y amante de la institucionalidad.

Si hubo orden del propio Comandante en Jefe en el sentido de permitir un acto así, más vale que vayan preparando argumentos para la historia: éste es el peor de los “errores” a los que ya nos estuvo acostumbrando Lugo en apenas 9 meses (valga la coincidencia temporal). Si no la hubo, y los militares que dieron la autorización pertinente no “olieron” que se venía un evento con tinte político, con debates políticos, con simbología política y con proclamas políticas (como las que llenaron esos días el Comando de Ingeniería), tenemos una grave falla de “inteligencia” en las filas castrenses. Ningún militar está obligado a cumplir órdenes inconstitucionales. Y si alguno lo hubiera hecho sin medir las consecuencias, aunque sea por idiota debería ser radiado de las Fuerzas Armadas.

Molesta e indigna esto que ha ocurrido sobre todo porque una de las mayores conquistas de la transición democrática ha sido la institucionalización y despartidización de las FFAA. El mensaje que el PMAS, el Partido Comunista y el Partido Tekojoja (co-organizadores del Campamento de jóvenes “por el cambio”) quieren dar es que ellos “tienen el poder” y pueden hacer “lo que quieren” incluso con la institución militar. ¿Será este el “fascismo del siglo XXI” que nos tienen reservado?

Todos estábamos en estos días rabiados y exaltados con el regreso de Montanaro al país, pero con esto que sucedió… ¡qué excelso homenaje al stronismo han brindado los “jóvenes latinoamericanos por el cambio”!

José María Costa

Montanaro y la memoria colectiva

Reatar los hilos de la historia para no repetirla

“El régimen stronista elevó el terrorismo de Estado a una forma de gobierno totalitario como una política de Estado permanente… sus agentes tenían entrenamiento y experiencia en la perpetración de violaciones de los derechos humanos” (Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, http://www.verdadyjusticia.gov.py/)
El regreso del otrora mano derecha del dictador Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, es una ocasión propicia para rescatar la memoria colectiva sobre un período de nuestra historia que no por oprobioso y doloroso debe quedar sepultado. El silencio sobre el pasado sólo conviene a quienes tienen deudas que pagar o a quienes, al amparo hoy de las garantías y libertades democráticas, pudieran mantener afanes autoritarios o buscaran imponer hegemonías en base a la violación de derechos ciudadanos.

En base a 2.059 testimonios y la investigación de diversas fuentes, la CVJ concluyó con un registro de 20.090 víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. Evaluando las violaciones sufridas a sus derechos, 19.862 personas fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (asesinados por el régimen); 336 fueron desaparecidas y 3.470 fueron sometidas al exilio forzoso. La CVJ estimó que en total, entre víctimas directas y las indirectas (familiares y allegados), el número de personas a quienes les fueron violados sus derechos humanos ascendería a 128.076 personas; es decir, 1 de cada 124 personas que componían la población del país en ese período. Nosotros agregaríamos que dado el carácter totalitario y autocrático del régimen, también se violó derechos ciudadanos básicos como el del voto libre y secreto y la participación política del total de la población paraguaya en ese tiempo. El 93 % de las personas que testificaron ante la CVJ fue objeto de diversas torturas, tales como colgamiento, “pileteada” (asfixia por inmersión), asfixia con bolsas, paso de electricidad por el cuerpo, picana eléctrica, violencia sexual, cortes, quemaduras, etc. además de torturas de tipo psicológico.

“La calificación de las violaciones de derechos humanos como crimen de lesa humanidad significa que son delitos imprescriptibles, no son delitos políticos, por lo cual el responsable no goza de privilegios ni puede beneficiarse con amnistías o indultos y no admiten la eximente de responsabilidad penal de la obediencia debida”, dice la Comisión que produjo este informe oficial el año pasado.
Montanaro ha vuelto. Su asilo político fue un despropósito durante décadas. Su retorno no se logró merced a una voluntad política de los gobernantes o de la Justicia. Pero ya que está aquí, más vale que la Justicia haga lo suyo, que la dirigencia política –de todos los sectores- perciban en su caso la necesidad de respetar siempre los cánones democráticos, que la sociedad toda recupere su memoria y las nuevas generaciones aprendan por qué el stronismo ha sido el peor y más letal y ignominioso régimen de nuestra historia política reciente.

Si la presencia de Montanaro sirve no sólo para que se haga justicia, sino para que se haga memoria, nuestra sociedad habrá salido fortalecida de este reencuentro con el pasado más infame y cruento. El dolor de ayer debe ser el fundamento y la razón para la justicia de hoy y la memoria de siempre.

José María Costa

La inconducta de Lugo es la que avala el escrutinio público de su vida privada

¿Tiene el funcionario público derecho a la privacidad? ¿El Presidente de la República puede reclamar un ámbito de la privacidad excluyente del escrutinio público?

Estas preguntas están latentes a partir del escándalo de la paternidad irresponsable del Presidente Fernando Lugo. Sin pretender ser exhaustivos, podríamos analizar el tema de esta manera:

1. El derecho a la privacidad no es un derecho absoluto. Aún el más común de los ciudadanos, aquél que no tuviera ninguna notoriedad pública o no sea un funcionario público, puede ser objeto de intromisión justificada en su privacidad. Por ejemplo, el derecho a la privacidad cede ante el interés público a la hora de investigar un hecho punible (delito) que pudiera haber quedado impune si aquél hubiera prevalecido (el caso típico puede ser el de una violación o un abuso sexual cometido en el sitio más íntimo de una persona, su dormitorio, por ejemplo).

2. El Funcionario público tiene derecho a la privacidad, pero el mismo se encuentra ostensiblemente reducido y relativizado atendiendo la función que cumple en la sociedad y la necesidad que impone la democracia de control y escrutinio de parte de la ciudadanía acerca de la conducta y acción de los funcionarios. Una autoridad pública, y más aún, un Presidente de la República, en calidad de mandatario (alguien que actúa en nombre de los mandantes) ven reducido ese ámbito por efecto de su función y la importancia de su conducta. El interés público (¡ojo!, no el morbo, que es otra cosa) marca el contrapeso al derecho a la privacidad (recordemos que hasta un hecho totalmente íntimo, como el cáncer de colon diagnosticado al Presidente Reagan había sido ampliamente difundido y tratado en EEUU, debido al interés que suponía la estabilidad de la salud del Jefe de Estado, tanto para la seguridad como para la economía norteamericana)

3. Hay momentos en que la introducción (intromisión) del ojo avizor de la ciudadanía en la vida privada de estos funcionarios se torna justificado y admisible. En primer lugar, cuando hay sospecha o una probable comisión de delito, como también ocurre de igual manera con las personas comunes. En segundo lugar, cuando el acto o la conducta privada involucra un interés público.

4. En el caso analizado, si Lugo hubiera cumplido su obligación constitucional y legal de paternidad, hubiera tenido derecho preferente de reclamar el respeto a su privacidad. En este caso, sería una situación normal, no hubiera afectado ningún derecho humano de terceros (su mujer y su hijo), ni hubiera levantado sospechas o interés público por escrutar alguna posible inconducta moral o violación legal de parte de quien debe, en su calidad de funcionario público y mandatario, demostrar de manera permanente ajustar su conducta privada y pública a cánones de legalidad y ética. Sin embargo, al incumplir su deber de paternidad Lugo no sólo incurre en una violación constitucional y legal, sino representa una conducta personal que genera interés para la ciudadanía que espera de sus autoridades comportamientos éticos y legales.

5. Es la inconducta y la violación de derechos humanos básicos (derecho a la identidad y derecho al cuidado) de parte del propio Lugo los que dan paso a reducir y relativizar las fronteras de protección de su vida privada. De la misma manera que un esposo no puede reclamar “privacidad”, en el caso de que cometa violencia física en contra de su esposa, aún en el ámbito más íntimo de su vivienda y sus relaciones conyugales.

6. En síntesis: Que un Presidente de la República tenga un hijo es un hecho que compete a la vida privada del mismo. Pero faltar a las obligaciones legales en ese campo es una inconducta que tiene como consecuencia abrir las puertas de su vida privada por una cuestión de interés público y por el derecho sagrado de la ciudadanía de conocer la integridad de sus mandatarios. Después de todo, el voto es un acto de confianza (no un cheque en blanco ni a ciegas) y el ciudadano que vota tiene derecho a conocer si en sus candidatos o sus elegidos hay conductas –privadas o públicas- que reportan indicios o evidencias de laxitud ética, irresponsabilidad o mentira.


José María Costa

El más peor, consuelo de luguistas

¿Ahora debemos contentarnos con que “Stroessner era peor”?

Indigna ver cómo se defiende lo indefendible. Pero aún más, cuando dicha defensa parte de quienes han sostenido históricamente banderas democráticas contra la corrupción, el engaño y la mentira pública como instrumentos de poder.

La paternidad (o paternidades, según van pasando los días) irresponsable de Lugo ha dejado el amargo sabor del engaño y la traición de parte de una persona que se escudó en la credibilidad pública de la Iglesia y en la mentira privada de su vida para proyectar una imagen de irreprochabilidad pública. Y por si faltaba mayor desparpajo en el culebrón presidencial, aparecieron los defensores de lo indefendible con discursos que sumaron bofetadas a la inteligencia de la gente.

Una diputada lo defendió diciendo que Stroessner hacía peores cosas… Varios analistas políticos y “opinólogos” todavía encantados por el brillo del poder echaron mano a que “peores cosas” han sucedido en la historia del país como para ocuparse de una “cuestión privada” (¡¡??). Alguno quiso relativizar la traición de Lugo señalando que hasta Hitler tenía una vida privada impecable pero fue el mayor genocida de la historia moderna. Y hubo quienes reclamaron que había cuestiones “más importantes” por discutir “por el bien del país”. Como si fuera que el engaño público y la violación de derechos humanos básicos por parte del Presidente de la República fueran “cosas privadas” o no “tuvieran importancia”.
¿Tan alienados nos dejaron las décadas de incultura política promovida por el estronismo? ¿Tan poco racionales puede volvernos el fanatismo y esa tradición del “kele’e” politiquero? ¿Tan poco valemos como ciudadanos que debemos seguir pensando que “lo menos malo” es la “mejor opción” y no nos animamos a reclamar con firmeza la honestidad y la transparencia a los depositarios del mandato popular?

Quienes dieron dimensión amarillesca al escándalo presidencial sabrán por qué lo hicieron. Y quienes quisieron escudar en ello la decepción –no asumida públicamente- del fracaso del portaestandarte de la moralidad y la honestidad en la política, también sabrán qué grado de responsabilidad deberán asumir si a la presente se van sumando otras traiciones y deshonestidades presidenciales. Lo cual quizás ni siquiera los profesionales “justificadores” estén tan seguros de que no vayan a aparecer.
La ciudadanía no merece el engaño ni la traición. Lugo dijo “su verdad” después de haber sido presionado… pero ya nadie puede asegurar, con la experiencia ocurrida, que ésta sea “toda la verdad”. ¿Cuánta basura aún puede estar oculta bajo la alfombra? ¿O bajo la sotana colgada? ¿Y quiénes de sus colaboradores y sostenedores son o han sido cómplices en este encubrimiento que se aprovechó de la credibilidad ciudadana?

Definitivamente, el escándalo ha sido –y parece que seguirá siendo- mayúsculo e internacional. Un culebrón que se fraguó única y exclusivamente porque a una persona, que no midió la consecuencia de sus actos, no le importó el sufrimiento de mujeres e hijos, ni haberlos desamparado por años, ni haber incumplido sus deberes de padre, ni haber violado los derechos humanos básicos de mujeres y niños, ni haber faltado a sus promesas episcopales. Y esa persona es Presidente de la República. ¿Todavía alguien puede invocar que esto no es importante o es “algo privado”?...

Por el bien de Lugo, por el bien del proceso político, por el bien del Paraguay –como diría alguno- sería recomendable que haya más racionalidad y menos fanatismo en los círculos del poder. Y también en los círculos de los encandilados por el poder.

José María Costa