Comandante Pastorcillo

De la credibilidad esperanzadora a la mentira consuetudinaria

No es la primera vez que grita “Lobo!” y no hay tal cosa. No es la primera vez que ha dicho que no dijo lo que ha dicho y le escucharon decir. No es la primera vez que apunta a los grandes titulares de la prensa nacional e internacional para luego esconder la mano.

Hace poco más de un año, anunció que había lobos a punto de comerse al rebaño. Y la gente le creyó, y la comunidad internacional se solidarizó, y luego nada pasó. Ahora volvió a hacerlo para justificar unos cambios en la cúpula militar que llevasen a los “amigos” a los cargos de mayor envergadura. Para el Príncipe no importan los medios, sino el fin. No importan las reputaciones de militares honestos ni importa jugar con la credibilidad que el pueblo le ha entregado en confianza.

Si en realidad hubiera habido “bolsones golpistas”, aunque sean “unos pocos” y más aún si el susodicho los conoce e identifica bien, el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debió haberse apegado a lo más institucional que tiene la República: la constitución y las leyes. Y no debió haberse jugado a gritar “¡Lobo!” para luego hacer sus enroques de innegable tufillo clientelista y sectario.

Los delitos contra la seguridad de la República o contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas están explícitamente tipificados en el Código Penal Militar (arts. 78 y 88, Ley 843/80) y si en realidad el Comandante en Jefe sabe de quien haya intentado o tengan intenciones de cometerlo, su obligación era denunciarlo a la Justicia Militar, ordenar la integración de un Tribunal Militar para juzgar a los responsables (si fueran generales) y hacer cumplir las normativas al respecto.

Similares hechos punibles están contemplados en el ámbito de la Justicia ordinaria, en el Código Penal. Y si el Presidente de la República tuviera en realidad conocimiento de un intento, una conspiración, un complot, debe denunciarlo al Ministerio Público y ayudar a que el mecanismo judicial investigue y sancione a los responsables.
Todo ciudadano que esté en conocimiento de algún hecho punible o de su intento, tiene la obligación legal de denunciarlo. Si no lo hace, puede ser acusado de cómplice o encubridor.

Lo que ha hecho el Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación es darle una bofetada a la institución militar, otra a la ley y una más fuerte aún a la credibilidad de la gente. Sus denuncias fueron, como hace un año, fuego de artificio para obtener réditos políticos y respaldar propósitos sectarios. Llenándose la boca de institucionalidad, atentó contra la verdadera institucionalidad militar, la que garantiza a sus oficiales un sistema de ascensos y graduaciones de acuerdo a méritos y normativas, y no de acuerdo a “amistades” políticas o lealtades personales. Su manera de obrar sí es la que genera inestabilidad e incertidumbre en el estamento militar, y por extensión, sospechas en la ciudadanía.

Sus acciones han sido una muestra más de la irresponsabilidad que, había sido, engalanaba no sólo su curriculum personal y familiar, sino también su vocación pastoral, a juzgar por cómo le encanta gritar “¡Lobo!” en las praderas políticas donde el embuste es cotidiano. El hábito no hace al monje, pero la mentira le quita esperanza al pueblo y puede hacer que, cuando aparezca el lobo verdadero, ya no haya alguien creíble para defenderlo ni guiarlo.

José María Costa

Oportunismo y oportunidad

El debate responsable y serio que no debe ser apagado

Oportunismo es, como lo dice la Real Academia Española en su diccionario, la “actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones”. El oportunista se aprovecha de la ocasión para buscar réditos vinculados a intereses sectoriales o egoístas, sin importarle las consecuencias de dicha renta circunstancial.

El objetivo, la intencionalidad, distingue al oportunista de aquél que, en mérito de la ocasión o la oportunidad, plantea una cuestión, un debate, una reflexión, una discusión en torno a temas de interés común.

No es desatinado hablar de la seguridad del país en medio de un hecho de secuestro. ¿De qué hablaríamos entonces? ¿Del sexo de los ángeles?

En estos días, la sociedad se encuentra impactada por un hecho delictivo de proporciones y de suma gravedad. No es un delito contra una persona o su integridad, nada más. Es un atentado contra el Estado de Derecho, contra la sociedad misma. Éste es el verdadero “golpe de Estado” gestado por una gavilla de delincuentes altamente entrenados y con inocultables intenciones políticas.

No está bien que se aproveche la circunstancia para buscar ventajas politiqueras. O para reavivar tirrias personales y buscar arrinconar al enemigo político. Desde izquierda y derecha, desde el oficialismo y la oposición se han escuchado y visto actitudes oportunistas en estos días. Tanto la incontinencia verborrágica en la reaparición pública de Duarte Frutos como la ahora “oportuna” convocatoria de Lugo a la reunión de poderes, delatan un oportunismo insensible y carente de principios. En el primer caso, no se precisan más argumentos que la propia realidad. En el segundo, nadie puede obviar que apenas semanas atrás al Ejecutivo le importaba un bledo reunirse con sus pares de los otros poderes y mucho menos enfocar “temas de interés nacional”, habida cuenta su respuesta inconsistente e ideologizada a la propuesta de agenda política hecha por el titular del Congreso. Evidentemente, ahora necesita un balón de oxígeno ante el ahogo y la intoxicación producidos por la torpeza de sus principales “socios” (en el tema de las tierras de Teixeira) y por el hecho del secuestro que sensibiliza a la población.

Pero, por todo esto, si bien hay que desechar el oportunismo, no hay que rehuir la responsabilidad ni apagar el debate sobre temas que son de vigencia y preocupación. Lamentablemente es costumbre paraguaya que, ni bien pasa el efecto instantáneo de la preocupación, mandemos los temas importantes al olvido. La reflexión que no debe parar y debe fortalecerse debe abordar temas relevantes, como la seguridad ciudadana, la necesidad de una defensa férrea y permanente del Estado de Derecho, de la soberanía del poder público que es expresión de la soberanía que reside en el pueblo, de la presencia del Estado para revocar las “zonas liberadas”, de la necesidad de hacer vigente la ley y el Estado por encima de las ambiciones o ideologías del entorno nuevo que repite viejos apetitos y criticados vicios ajenos como propios.

Las autoridades, los políticos, la ciudadanía, todos debemos actuar con responsabilidad y mesura ante el plagio que hoy impacta a la sociedad. Pero el secuestro de Fidel Zavala no debe apagar el debate. Al contrario, debe hacerlo más responsable, vigoroso y profundo. Incluso para aquellos graves temas que, evidentemente, algunos tratan de ocultar bajo la alfombra gentilmente ofrecida por el autodenominado EPP.

José María Costa

Transparencia teeté

El Consejo de Ministros debe ser un órgano republicano

El Vicepresidente de la República dejó escapar –una vez más- sus quejas y reclamos. Y entre ellas incluyó, esta vez, que “sería bueno que la ciudadanía pudiera enterarse de lo que se habla, se discute y se decide en las reuniones del Consejo de Ministros”. Menuda autocrítica al gobierno aliancista. El gobierno de la transparencia y el cambio, acusado casi elípticamente de no hacer ni lo uno ni lo otro.

Y razón no falta. ¿Por qué las reuniones del Consejo de Ministros, un órgano instituido por la Constitución Nacional, deberían ser reservadas y cerradas y no abiertas al público y al escrutinio de la gente? Estamos, según la Carta Magna, en una República que adopta para su forma de gobierno “la democracia representativa, participativa y pluralista” (Art. 1) y en el cual se establece el derecho de las personas a recibir “información veraz, responsable y ecuánime” y se estipula taxativamente que “las fuentes públicas de información son libres para todos” (Art. 28).

En ningún párrafo, en línea alguna del Art. 243 de la CN, que instituye el Consejo de Ministros y sus funciones, se habla de que sus reuniones serán secretas o a puertas cerradas. Y tratándose, como dijimos, que ésta es una República, debe interpretarse que prima el principio de publicidad y divulgación de los actos y reuniones de órganos del Estado. De lo contrario, estaríamos en un régimen no republicano.
Vale decir, el gobierno del cambio y la transparencia, ha tenido un año para cambiar una costumbre que data de los oscuros vicios del stronismo y ha sobrepasado las fronteras de la transición sin que nadie lo haya hecho notar, hasta que el vicepresidente lo dejó ver casi sin darle mucha importancia. El pueblo, la “democracia participativa” de la que tanto se cacarea, no necesita un vocero que en lenguaje diplomático y seductor revele apenas lo que el Presidente y los ministros del cónclave secreto dispusieron dar a conocer.

De la misma forma, no basta que al pueblo se le diga –como acostumbran algunos- “vengan y pregunten lo que quieran”, sino teniendo el poder y los recursos del Estado, y el deber consecuente de informar, es preciso hacer todo para que no sólo haya publicidad de los actos de gobierno (esto es, que los actos sean abiertos y transparentes) sino divulgación (esto es, que las acciones e informaciones relevantes para la gente sean difundidos por canales adecuados). Muchas veces, en cuestiones de transparencia, la burocracia o la indiferencia de los demócratas son tan sustentadoras del secretismo en el Estado, como lo son las acciones de los autócratas oscurantistas.

Que esto no se confunda con marketing político ni se use de pretexto para la propaganda oficialista o ideológica, la que hoy día aún queda en evidencia apenas se escarban ciertas comunicaciones de gobierno que replican criticables rémoras de sus antecesores.

Para hacer el cambio, para hacer la transparencia hay miles de caminos, algunos complicados y otros más sencillos. Uno de éstos sería convertir al Consejo de Ministros en un órgano verdaderamente republicano, como debe ser, con reuniones enteramente transparentes y accesibles para el conocimiento ciudadano. ¿O es que allí hay algo que se quiere ocultar?

José María Costa