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INFORMACIÓN = MEJOR CALIDAD DEMOCRATICA

Una gran conquista ciudadana y una gran herramienta para una mejor calidad democrática. Esto es lo que podemos resumir de este gran acontecimiento que constituye la sanción (y esperemos pronta promulgación) de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública. Después de 22 años de vigencia de la Carta Magna, al fin tenemos esta ley fundada en el propio mandato constitucional. Detrás de este logro, hay una historia de reclamos perseverantes y avances persistentes que es digna de recordar.

En el 2001 había escrito un artículo periodístico bajo el título de “Frankenstein” para denostar contra una ley de “transparencia administrativa” que, con buenas intenciones de sus promotores, pasó de ser un proyecto razonable a terminar convirtiéndose en una ley mordaza para la ciudadanía y la prensa. Todo por efecto de la suma y resta de retazos (al estilo del monstruo de la novela) que desvirtuaron la ley y favorecieron finalmente el secretismo antes que la transparencia.

Durante más de una década me pregunté qué hubiera pasado si hubiéramos dejado que aquella ley permaneciera y no fuera derogada, como lo fue un mes después de haber entrado en vigencia. Casi un sentimiento de culpa flotaba en cada intento fallido que luego de eso tuvimos desde la ciudadanía organizada, primero con el entonces serio y organizado Sindicato de Periodistas del Paraguay y gremios aliados, o años después a través del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI). 

Un nuevo intento legislativo entre el 2005 y 2006 con un proyecto promovido por el GIAI, ampliamente debatido y sustentado en experiencias internacionales, quedó en el basurero debido a la estupidez y pusilanimidad de senadores opositores (PLRA y PEN) que encabezaron los votos en contra (apoyados por la ANR) para rechazar el proyecto.

INÉDITO MOMENTO POLITICO

En este recuento, llegamos al 2013 a un momento de inflexión histórica donde confluyen olas de diferentes magnitudes y procedencia para crear un verdadero tsunami de transparencia que nos tiene movilizados e indignados desde hace casi un año. La ciudadanía indignada, la prensa indagadora, la Corte con una sentencia oportuna y ejemplar, grupos de legisladores que supieron leer los signos de los tiempos y un Poder Ejecutivo que en esto está sí mostrando un nuevo rumbo.

La sentencia 1306 de la Corte, dada en octubre del 2013,  rescató y ofreció de manera oportuna la correcta interpretación del artículo 28 de la Constitución Nacional gracias a la acción judicial de un ciudadano, un verdadero prócer de la lucha ciudadana por la transparencia: Daniel Vargas Telles. La decisión judicial provocó la implementación política efectiva del derecho: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo actuaron en consecuencia y nos sorprendimos los ciudadanos con la amplia publicación de nóminas de funcionarios, con sus salarios y gratificaciones. 

Este círculo virtuoso de poderes del Estado, ciudadanía activa y reclamante, y medios de comunicación contralores, está funcionando de manera eficiente para impulsar la transparencia y un real imperio del derecho humano a la información. Sin dudas, un momento que marcará la historia política de nuestro país. 

La Ley 5189/14, cuya autoría hay que reconocerla al diputado colorado Romero Roa y el apoyo de otros colegas que entendieron esos signos de los tiempos, aportó luego un marco institucional preciso para el deber de transparencia activa del Estado. La reticencia de las entidades binacionales ante dicho instrumento requirió luego una decisión política efectiva del Ejecutivo para imponer el cumplimiento, aunque aún siguen las acciones judiciales promovidas por ambos entes.

Y finalmente, llega esta sanción de la ley de acceso a la información pública, que pone un reaseguro a este proceso de recuperación del protagonismo ciudadano y de devolución histórica a la gente de un derecho que le pertenece, el derecho a la información, por tantos años arrebatado por la vigencia del autoritarismo oscurantista en todos los niveles del Estado. 

Un anteproyecto original del GIAI sirvió de base para que varios senadores (hay que destacar el protagonismo del senador Carlos Amarilla) impulsen un proyecto que tuvo una importante intervención de los diputados (especialmente Romero Roa, Bernardo Villalba y Buzarquis) para evitar que vuelva a convertirse en una ley mordaza. 

LOS DEBERES PENDIENTES

Es una conquista para celebrar y una coalición coyuntural de ciudadanía-autoridades-medios que también hay que resaltar y aplaudir en función de un objetivo crucial para la democracia.

Las puertas ya están abiertas. Ahora se precisa usar y hacer efectivo el derecho con estos instrumentos. Las autoridades están obligadas a cumplir y promover el cumplimiento de estos principios y normas. La ciudadanía tiene el deber de hacer activo el instrumento legal y no dejar enmohecerse de nuevo el derecho reconquistado. Y los medios deben actuar como promotores del acceso en profundidad, hasta el punto en que la luz termine desinfectando la podredumbre ocultada por la oscuridad de décadas.

La democracia podrá mejorar con esta ley, pero bajo condición de que la ciudadanía toda y cada ciudadano en particular haga su papel para controlar, reclamar y sancionar. Es el deber que falta para que el derecho a la información se haga eficaz.

José María Costa