martes, 23 de septiembre de 2008

¿“Orden superior” a la vista?


Que seamos campeones en el rally de la legalidad

Me anticipo a declarar públicamente que no soy “rally-adicto”, no me gusta el automovilismo como deporte, ni estoy pendiente cada año de la invasión motorizada del territorio chaqueño. Con todo ello, sin embargo, no desconozco el derecho de muchos a divertirse (ojo, sin violar el derecho ajeno) y los aportes que ha dado esta competición en muchos aspectos. Y tampoco desconozco que un Estado sin sensibilidad social es incompatible con la realidad de nuestro país.

Pero como paraguayo que espera que se hagan realidad los compromisos en favor de una efectiva vigencia de la legalidad y el Estado de Derecho, la polémica de estos días me motivó esta reflexión.

El principio de legalidad es eje fundamental para el Estado de Derecho. En derecho público, todo aquello que no está explícitamente autorizado a un funcionario, a una autoridad, no le está permitido hacer. Por el contrario, como principio rector en el orden de los derechos individuales, nuestra Constitución establece la libertad de las personas y sostiene que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe” (Art. 9, CN).

Se ha debatido mucho en estos días respecto a la posibilidad de que el Gobierno, sea el Presidente Lugo o su ministro Camilo Soares, prohibiera la realización del Rally del Chaco. Lamentablemente, no faltaron los ataques “ad hominen”, pero en algunos ámbitos se mantuvo un nivel destacado y racional de debate.

Me preocupa, sin embargo, que mucha gente haya creído –y entre ellos los propios medios de comunicación social- que el Presidente Lugo o el propio Camilo Soares tuvieran la atribución legal para prohibir una competencia deportiva como el Rally. No la tienen. Ninguna norma constitucional le faculta al Presidente ni a su ministro para ello. Tampoco la Ley de creación de la Secretaría de Emergencia Nacional lo hace. Ni siquiera en virtud de una declaración de emergencia nacional que, como en otro comentario informé, no reúne la característica constitucional de estar expedida por ley de la Nación y no por decreto presidencial.

¿Esto quita racionalidad a las preocupaciones o posiciones manifestadas por Soares y otros exponentes del Gobierno? No. Pero es necesario ubicar dichas objeciones dentro de un marco de legalidad para no incurrir en expresiones propias de otros regímenes, como los que no tienen reparo en hacer del capricho o el antojo de la autoridad, una “ley”. Deberíamos entender que se ha acabado el tiempo de la dictadura y la autocracia. “Yo soy la autoridá, yo soy la ley”, es un alegato que ya no debería funcionar en “tiempos de cambio”. Salvo que el cambio sea retroceso y se resucite la “orden superior” como práctica “legislativa”.

Si Lugo, Soares o quien sea desde el gobierno quisieran preservar la afectación de intereses públicos por efecto de una actividad privada (como es la competencia del Rally) debieran hacer cumplir las normas ya existentes. El Gobierno puede, a través de sus órganos correspondientes, no conceder la licencia ambiental, o en todo caso, revocarla si hubiera razón suficiente en base a la ley pertinente. O pudiera extremar el control y castigar el incumplimiento de las normas de tránsito rutero en los días del rally, ya que, después de todo, en su gran parte se realiza por carreteras públicas.

O en todo caso, podría accionar ante la Justicia para que en virtud de un amparo constitucional por los motivos harto expuestos, un juez de la Nación tome tal decisión. Al fin y al cabo, cuando el interés privado y el interés público entran en conflicto, y no hay una atribución específicamente concedida para tomar una medida prohibitiva en el ámbito administrativo (esto es, en este caso, por cuenta del Poder Ejecutivo), es pertinente que la cuestión sea dilucidada en el ámbito judicial.

Preservar la legalidad de las actuaciones del Gobierno es tan importante como rodearlas de legitimidad. Por eso, así como deben estar impregnadas de sensibilidad social tampoco debe faltarles sustento institucional y legal. Y hubiera sido importante que en esas acciones no se desconociera el marco de decisión y participación que deben tener gobernaciones y municipios en cuyos territorios se desarrolla la prueba chaqueña. Después de todo, hay un nivel de autonomía y poder descentralizado que conceden la Constitución y las leyes a los representantes de esos gobiernos subnacionales.

De todos modos, tras más de dos semanas de idas y vueltas, discusiones y comisiones, los medios nos informaron que la “decisión” supuestamente del Gobierno fue “suspender” el Rally. De hecho, porque de derecho no ha habido nada. ¿O alguien tuvo algún “decreto a la vista” firmado por Lugo al respecto?

Ojalá el polvo chaqueño no nuble nuestro verdadero desafío: lograr un país en serio y con vigencia de la legalidad, donde ni siquiera se insinúe el retorno a la detestable y antidemocrática “orden superior” de otras épocas.

José María Costa

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