Desfile estudiantil en tiempos de cambio

El hecho de portar carteles y pancartas con consignas y frases fue el “elemento innovador” del desfile sabatino promovido por el Ministerio de Educación y Culto del gobierno del cambio. Aún cuando algunos de los organizadores hayan tenido buenas intenciones y genuino propósito de rendir muestras de patriotismo al estilo más tradicional (que contradicción esto de cambiar a caballo de viejas prácticas), no hay que descuidar algunos detalles que, en virtud de las últimas circunstancias políticas, pueden tornarse factores de riesgo para una educación pública apolítica y apartidaria.

Vamos al grano. Que en el desfile colegial (1.300 chicos de unas 13 instituciones) haya habido carteles como “Los jóvenes exigimos nuestros derechos” o “Salud, trabajo, educación” no genera mayor atención, pues apenas se refieren a derechos consagrados constitucionalmente o reivindicaciones de tipo generacional. Después de todo, que los jóvenes asuman públicamente los valores y derechos establecidos en la principal herramienta de consenso nacional –la Constitución- es algo alentador.

Pero donde la cosa empieza a salirse de cauce es cuando se ven carteles con propuestas o consignas que revelan una postura específica y sectorial, con toda la carga política que ello supone. Ahí había, por ejemplo, un cartel con un “No a la descentralización” que, por un lado, remarca en teoría una postura anticonstitucional (recordemos el lineamiento doctrinario de la Carta Magna a favor de un Estado “descentralizado”), sino, lo peor, queda demasiado evidentemente pegado a una postura política que públicamente han defendido tanto los gremios docentes como el propio ministro de Educación. Esto último, recordemos, en ocasión del rechazo reciente a un proyecto de ley denominado “de descentralización”, rechazado justamente bajo la impronta de una fuerte presión de los gremios de maestros.

Si sumamos a esto que el “novedoso” condimento de las pancartas se da en un desfile organizado por la viceministro de la Juventud, cuya postura pública fue favorable al inconstitucional uso de un cuartel militar para un evento de juventudes partidarias (entre ellas, la de su partido el PMAS), las sospechas y los temores pueden acrecentarse. Dirán tal vez que no se quiere que la juventud “asuma protagonismo” o “no manifieste sus opiniones”. Es la excusa típica de quienes pretenden cheques en blanco para la manipulación desde cualquier instancia de poder.

Esto no tiene la contundencia de aquellos “desfiles patrióticos” en el Departamento de San Pedro, donde adolescentes iban ataviados con sugerentes boinas rojas y retratos del Che aparecían por doquier. A algunos aquello les pareció una inocentada. Lo de ahora les parecerá más inocentada aún. Pero, “inocentadas” tras “inocentadas”, hay quienes evidentemente están jugándose a permear las instituciones –militares y/o educativas- con sus propias consignas e ideologías, buscando las bases políticas que las elecciones aún no les han dado.

Eso no es hacer patriotismo; es simple y llanamente sembrar las semillas del fascismo y el sectarismo para socavar las bases institucionales de la democracia pluralista. Y lo más lamentable, hay manos ingenuas dispuestas a sembrar y dejar sembrar dichas simientes de intolerancia y división.

José María Costa

Propuestas para dejar de ser lento e ineficaz

Todo cuestionamiento implica una propuesta de mejoramiento o de cambio de acción. Quien critica, propone, aunque sea elípticamente. Recogeré el guante de quienes no entienden esto y piden propuestas directas. Haré algunas, sin ánimo de ser exahustivo (apenas lo que permite este espacio). Pero quizás esto sirva para calmar a quienes ven detrás de cada crítica una conspiración, y de cada disenso una desestabilización. Y tomaré el guante subiendo al carro de lo que el propio Lugo admitió públicamente: que se lo puede acusar de lento e ineficaz, pero no de corrupto.

¿Qué podría hacer el gobierno de Lugo para ser menos lento y menos ineficaz?

1. Abordar seriamente la necesidad de que precisa consensos políticos para poder gobernar.

El voluntarismo en política es un camino sin destino. La política es el arte de lo posible, sobre todo cuando la relación de fuerzas no arroja supremacías absolutas. Concertar no significa necesariamente abdicar de los propios principios, pero es clave realizar mecanismos de diálogo y concertación de manera transparente, no en reuniones improvisadas, a escondidas o desmentidas. La mejor aliada para el político que busca concertaciones para el bien común es la transparencia de objetivos y de medios. Esto ayuda a desarticular o neutralizar los “intereses oscuros” o aquellas intenciones de “grupos retardatarios”, con lo cual se suele excusar la propia incapacidad de plantear gestiones o tratativas razonables y totalmente legítimas en una democracia de intereses diferentes.

2. Encarar cambios posibles y sencillos que generen sensación de avance, a fin de evitar la desesperanza.

El gobierno no ha aprovechado aún el marco legal que le permite, por ejemplo, establecer mecanismos más democráticos y abiertos de acceso al empleo público. El recurso a los concursos públicos es mínimo en relación a los cargos llenados con criterios “amiguistas” o “partidarios”. Los “cargos de confianza” siguen siendo tantos o más que en los gobiernos anteriores (160 cargos en Puertos, por ejemplo). Y los concursos deben estar ampliamente informados, no sólo contentarse con los sistemas “direccionados” de información que solo llegan a los del propio color o ideología. Por otro lado, debe haber una apuesta más fuerte y consistente a favor de la creación de empleo: tal vez reforzar las medidas para promover y facilitar el trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas, las que en su conjunto componen la mayor cantidad de generación de empleo en el país.

3. Establecer mecanismos de acceso a la información y transparencia que sean nítidamente innovadores y estén al alcance de la gente.

La promesa clave de Lugo fue el fin del secretismo. Sin embargo no ha dado paso alguno para impulsar una correcta y eficaz reglamentación del derecho a la información pública en las instituciones del Estado. Un proyecto de ley al respecto duerme el sueño de los justos. Países de la región han abordado esta problemática con decisión y voluntad: uruguay, Perú, Ecuador, ahora Brasil. Ni siquiera con los medios informáticos a disposición (internet) este gobierno ha mejorado la posibilidad de que la gente tenga acceso rápido, eficaz y directo a la gestión de sus funcionarios y sus instituciones. Buen paso sería que la promesa de transparencia apunte a un sistema permanente y moderno de acceso a la información pública en todas las entidades del Estado. Algunos municipios han dado buen ejemplo al respecto. Basta imitarlos, si hay verdadera voluntad.

En fin, muchas más propuestas se pueden desgranar. Por el momento, esperemos que el gobierno no se contente con admitir que todavía puede ser calificado de lento e ineficaz y termine, para bien de todos, de sacudirse de encima esa modorra y desatino político que ya se vuelven preocupantes.

José María Costa

El cambio, para atrás

Como “la tierna podredumbre”, pero del siglo XXI

Utilizar recursos del Estado para fines políticos, en épocas de la dictadura stronista era “lícito” para los colorados, y era un atropello fuertemente criticado por la oposición, casi ahogada por la represión dictatorial. Hoy, utilizar recursos del Estado y de las FFAA para fines políticos, es un símbolo del “progresismo” de ciertos grupos partidarios que, desde el otro extremo ideológico, repiten los mismos vicios y atropellos autoritarios en contra de la verdadera democracia.

El evento político organizado por jóvenes dirigentes de sectores partidarios de izquierda no es ni más ni menos que la expresión patente del cambio para atrás en nuestra democracia. Los que se llenan la boca tildando de retardatarios a todos aquellos que no piensan como ellos, han demostrado que lo son a carta cabal: retardatarios y anacrónicos. Se han esmerado en dejar evidencias de sus pensamientos totalitarios, los mismos que, con otras simbologías quizás en la época del stronismo, hacían de las Fuerzas Armadas una sucursal partidaria, una institución totalmente alienada por el sectarismo político.
No son las banderas ni los símbolos internacionalistas, ni las efigies de genocidas confesos o de absolutistas del siglo XXI, ni las banderas extranjeras flameando donde sólo debiera portarse la tricolor. No. No son esas “anécdotas” las que preocupan del tremendo golpe causado por el gobierno de Fernando Lugo a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Lo que preocupa realmente es que esta democracia está durmiendo con sus enemigos, y el propio gobierno le hace día tras día la cama.

Alienta y da alas a aquellos que creen que las Fuerzas Armadas deben tener una posición ideológica y una actitud partidaria –claro, siempre y cuando sean las que convengan a sus intereses-; o a aquellos que todavía pretenden hacernos pasar por tontos con que “no se ha tratado de una actividad partidaria porque no se hizo proselitismo ni estamos en campaña electoral”. Ahora anuncia “sumarios” para que la piola se corte por el lado más fino, pero en el fondo, ni siquiera ha ensayado una disculpa pública con la ciudadanía honesta y amante de la institucionalidad.

Si hubo orden del propio Comandante en Jefe en el sentido de permitir un acto así, más vale que vayan preparando argumentos para la historia: éste es el peor de los “errores” a los que ya nos estuvo acostumbrando Lugo en apenas 9 meses (valga la coincidencia temporal). Si no la hubo, y los militares que dieron la autorización pertinente no “olieron” que se venía un evento con tinte político, con debates políticos, con simbología política y con proclamas políticas (como las que llenaron esos días el Comando de Ingeniería), tenemos una grave falla de “inteligencia” en las filas castrenses. Ningún militar está obligado a cumplir órdenes inconstitucionales. Y si alguno lo hubiera hecho sin medir las consecuencias, aunque sea por idiota debería ser radiado de las Fuerzas Armadas.

Molesta e indigna esto que ha ocurrido sobre todo porque una de las mayores conquistas de la transición democrática ha sido la institucionalización y despartidización de las FFAA. El mensaje que el PMAS, el Partido Comunista y el Partido Tekojoja (co-organizadores del Campamento de jóvenes “por el cambio”) quieren dar es que ellos “tienen el poder” y pueden hacer “lo que quieren” incluso con la institución militar. ¿Será este el “fascismo del siglo XXI” que nos tienen reservado?

Todos estábamos en estos días rabiados y exaltados con el regreso de Montanaro al país, pero con esto que sucedió… ¡qué excelso homenaje al stronismo han brindado los “jóvenes latinoamericanos por el cambio”!

José María Costa

Montanaro y la memoria colectiva

Reatar los hilos de la historia para no repetirla

“El régimen stronista elevó el terrorismo de Estado a una forma de gobierno totalitario como una política de Estado permanente… sus agentes tenían entrenamiento y experiencia en la perpetración de violaciones de los derechos humanos” (Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, http://www.verdadyjusticia.gov.py/)
El regreso del otrora mano derecha del dictador Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, es una ocasión propicia para rescatar la memoria colectiva sobre un período de nuestra historia que no por oprobioso y doloroso debe quedar sepultado. El silencio sobre el pasado sólo conviene a quienes tienen deudas que pagar o a quienes, al amparo hoy de las garantías y libertades democráticas, pudieran mantener afanes autoritarios o buscaran imponer hegemonías en base a la violación de derechos ciudadanos.

En base a 2.059 testimonios y la investigación de diversas fuentes, la CVJ concluyó con un registro de 20.090 víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. Evaluando las violaciones sufridas a sus derechos, 19.862 personas fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (asesinados por el régimen); 336 fueron desaparecidas y 3.470 fueron sometidas al exilio forzoso. La CVJ estimó que en total, entre víctimas directas y las indirectas (familiares y allegados), el número de personas a quienes les fueron violados sus derechos humanos ascendería a 128.076 personas; es decir, 1 de cada 124 personas que componían la población del país en ese período. Nosotros agregaríamos que dado el carácter totalitario y autocrático del régimen, también se violó derechos ciudadanos básicos como el del voto libre y secreto y la participación política del total de la población paraguaya en ese tiempo. El 93 % de las personas que testificaron ante la CVJ fue objeto de diversas torturas, tales como colgamiento, “pileteada” (asfixia por inmersión), asfixia con bolsas, paso de electricidad por el cuerpo, picana eléctrica, violencia sexual, cortes, quemaduras, etc. además de torturas de tipo psicológico.

“La calificación de las violaciones de derechos humanos como crimen de lesa humanidad significa que son delitos imprescriptibles, no son delitos políticos, por lo cual el responsable no goza de privilegios ni puede beneficiarse con amnistías o indultos y no admiten la eximente de responsabilidad penal de la obediencia debida”, dice la Comisión que produjo este informe oficial el año pasado.
Montanaro ha vuelto. Su asilo político fue un despropósito durante décadas. Su retorno no se logró merced a una voluntad política de los gobernantes o de la Justicia. Pero ya que está aquí, más vale que la Justicia haga lo suyo, que la dirigencia política –de todos los sectores- perciban en su caso la necesidad de respetar siempre los cánones democráticos, que la sociedad toda recupere su memoria y las nuevas generaciones aprendan por qué el stronismo ha sido el peor y más letal y ignominioso régimen de nuestra historia política reciente.

Si la presencia de Montanaro sirve no sólo para que se haga justicia, sino para que se haga memoria, nuestra sociedad habrá salido fortalecida de este reencuentro con el pasado más infame y cruento. El dolor de ayer debe ser el fundamento y la razón para la justicia de hoy y la memoria de siempre.

José María Costa

La inconducta de Lugo es la que avala el escrutinio público de su vida privada

¿Tiene el funcionario público derecho a la privacidad? ¿El Presidente de la República puede reclamar un ámbito de la privacidad excluyente del escrutinio público?

Estas preguntas están latentes a partir del escándalo de la paternidad irresponsable del Presidente Fernando Lugo. Sin pretender ser exhaustivos, podríamos analizar el tema de esta manera:

1. El derecho a la privacidad no es un derecho absoluto. Aún el más común de los ciudadanos, aquél que no tuviera ninguna notoriedad pública o no sea un funcionario público, puede ser objeto de intromisión justificada en su privacidad. Por ejemplo, el derecho a la privacidad cede ante el interés público a la hora de investigar un hecho punible (delito) que pudiera haber quedado impune si aquél hubiera prevalecido (el caso típico puede ser el de una violación o un abuso sexual cometido en el sitio más íntimo de una persona, su dormitorio, por ejemplo).

2. El Funcionario público tiene derecho a la privacidad, pero el mismo se encuentra ostensiblemente reducido y relativizado atendiendo la función que cumple en la sociedad y la necesidad que impone la democracia de control y escrutinio de parte de la ciudadanía acerca de la conducta y acción de los funcionarios. Una autoridad pública, y más aún, un Presidente de la República, en calidad de mandatario (alguien que actúa en nombre de los mandantes) ven reducido ese ámbito por efecto de su función y la importancia de su conducta. El interés público (¡ojo!, no el morbo, que es otra cosa) marca el contrapeso al derecho a la privacidad (recordemos que hasta un hecho totalmente íntimo, como el cáncer de colon diagnosticado al Presidente Reagan había sido ampliamente difundido y tratado en EEUU, debido al interés que suponía la estabilidad de la salud del Jefe de Estado, tanto para la seguridad como para la economía norteamericana)

3. Hay momentos en que la introducción (intromisión) del ojo avizor de la ciudadanía en la vida privada de estos funcionarios se torna justificado y admisible. En primer lugar, cuando hay sospecha o una probable comisión de delito, como también ocurre de igual manera con las personas comunes. En segundo lugar, cuando el acto o la conducta privada involucra un interés público.

4. En el caso analizado, si Lugo hubiera cumplido su obligación constitucional y legal de paternidad, hubiera tenido derecho preferente de reclamar el respeto a su privacidad. En este caso, sería una situación normal, no hubiera afectado ningún derecho humano de terceros (su mujer y su hijo), ni hubiera levantado sospechas o interés público por escrutar alguna posible inconducta moral o violación legal de parte de quien debe, en su calidad de funcionario público y mandatario, demostrar de manera permanente ajustar su conducta privada y pública a cánones de legalidad y ética. Sin embargo, al incumplir su deber de paternidad Lugo no sólo incurre en una violación constitucional y legal, sino representa una conducta personal que genera interés para la ciudadanía que espera de sus autoridades comportamientos éticos y legales.

5. Es la inconducta y la violación de derechos humanos básicos (derecho a la identidad y derecho al cuidado) de parte del propio Lugo los que dan paso a reducir y relativizar las fronteras de protección de su vida privada. De la misma manera que un esposo no puede reclamar “privacidad”, en el caso de que cometa violencia física en contra de su esposa, aún en el ámbito más íntimo de su vivienda y sus relaciones conyugales.

6. En síntesis: Que un Presidente de la República tenga un hijo es un hecho que compete a la vida privada del mismo. Pero faltar a las obligaciones legales en ese campo es una inconducta que tiene como consecuencia abrir las puertas de su vida privada por una cuestión de interés público y por el derecho sagrado de la ciudadanía de conocer la integridad de sus mandatarios. Después de todo, el voto es un acto de confianza (no un cheque en blanco ni a ciegas) y el ciudadano que vota tiene derecho a conocer si en sus candidatos o sus elegidos hay conductas –privadas o públicas- que reportan indicios o evidencias de laxitud ética, irresponsabilidad o mentira.


José María Costa