lunes, 9 de agosto de 2010

Todos los ganglios del Presidente









¿La salud del Presidente es una cuestión privada o pública? ¿Es una cuestión de Estado su estado de salud? ¿Hasta dónde o cómo se debe informar o no respecto al cáncer diagnosticado al Presidente Lugo? ¿Dónde está el límite entre la información y la especulación, entre la noticia y el morbo? ¿Quién decide qué puede publicarse o difundirse respecto a este tema?

La salud, es algo privado y de la intimidad, pero…

La salud de cualquier persona es parte de la esfera de su intimidad. En el caso del Presidente Lugo, ocurre de la misma manera. Su salud es asunto absolutamente privado sobre el cual nadie tiene derecho a informar u opinar, salvo que tuviera relevancia para cuestiones de interés público. Aquí es donde se produce el punto de inflexión. Que un Presidente de la República estuviera resfriado no importaría en demasía, pero si le fuera diagnosticado un cáncer, aún cuando sea incipiente, es otra cosa, por el único y principal motivo que dicho mal pudiera llevarle en algún momento a estar incapacitado para ejercer su función presidencial.

El interés público no es licencia para el morbo.

No debe confundirse interés público con morbo. La ciudadanía tiene derecho a estar informada sobre el estado de salud, el tratamiento y cómo esto puede afectar o no al Presidente en el desempeño de su actividad como tal. La morbosidad busca el rating, la información pretende corresponder a un derecho humano básico para ejercer la ciudadanía.

La especulación gana terreno cuando no hay información.

La peor estrategia que podrían desarrollar el Gobierno o los representantes del Ejecutivo es retacear información o negarla respecto a este tema. La especulación y el morbo se acrecientan cuando hay una “censura oficial” o una restricción innecesaria a la hora de informar. El pueblo tiene derecho a saber, con precisión y sin ambages. La información correcta, seria, responsable, oportuna, es el mejor antídoto contra la especulación, el rumor y el morbo.

¿Cómo afecta o no a la capacidad de ejercer su función gubernativa?

La principal pregunta en una circunstancia así es cuán afectada o no estará la actividad oficial del Presidente, es decir su tarea de gobernante, por efecto de la enfermedad o del tratamiento que deba afrontar para luchar contra el mal. ¿Podrá desarrollar normalmente su actividad en medio de un tratamiento de quimioterapia? ¿Su capacidad para hacerlo irá en decrecimiento a medida que avance el tratamiento o la enfermedad? ¿Se verá comprometida por este caso su autonomía para la toma de decisiones a nivel de gobierno? ¿Compromete a los intereses del país las “donaciones” que se han aceptado para el tratamiento del Presidente? ¿Es suficiente razón la enfermedad del Presidente para que “debamos favores” a otros países u otros gobernantes?

El análisis político de la situación es no sólo necesario, sino obligatorio.

No se debe temer abordar la cuestión de las implicancias políticas del tema. Pero hay que hacerlo con racionalidad y seriedad. Las especulaciones y las opiniones “politiqueras” deberían ceder al análisis desde el punto de vista institucional. La enfermedad del Presidente es una cuestión de Estado, no una licencia para las mezquindades politiqueras o los afanes proselitistas, para ningún bando o sector.
“Si el Presidente Lugo ha podido derrotar al Partido Colorado, puedo decir que el linfoma es mucho menos problema de lo que el Partido Colorado ha sido para este país. Así que él lo podrá vencer”. Esto no lo dijo cualquiera. Lo dijo a una emisora radial la Ministra de Salud. Es la muestra perfecta de cómo la imprudencia puede llevar al terreno de la politiquería algo que debiera ser objeto de seria consideración y análisis.

Frente a este problema inesperado, lo razonable es desear que el Presidente mantenga un nivel de salud que le permita desarrollar sus actividades para las cuales el pueblo le ha dado un mandato específico. Y que los cuervos que revolotean tanto en la prensa como en la política, cebándose en una desgracia ajena, sean espantados por la racionalidad y la responsabilidad de periodistas, medios, políticos y ciudadanos que estén a la altura de esta cuestión, que es una cuestión de Estado.

José María Costa

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