La transparencia es un buen negocio

Con motivo de la Semana del acceso a la información pública

La dictadura impregnó de corrupción nuestra sociedad. Para sembrarla y convertirla en sostén de su poder, se valió de dos elementos estratégicos, el clientelismo político y el secreto. La oscuridad en el manejo de la cosa pública fue constante durante décadas de ignominia y saqueo al Estado. Por eso, con la transición democrática, una de las tareas fundamentales fue darle “luz” a la gestión pública para que la ciudadanía tenga herramientas de discernimiento y control.

Si algo todavía queda como asignatura pendiente en nuestra joven democracia es que llegue a imperar de manera efectiva la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. El sustento constitucional dado en 1992 a este derecho humano fundamental, no ha trasuntado, lamentablemente, en una ley reglamentaria que permita –como obliga la Constitución- establecer plazos, sanciones y procedimientos para “hacer efectivo” este derecho. Desde sectores reaccionarios, amantes de las tinieblas en la administración pública, se ha combatido todo intento de transparencia. Y por otro lado, no faltaron quienes pretendieron calificar el intento legislativo como un avasallamiento del libre ejercicio del periodismo, denotando confusión conceptual y hasta un indisimulado miedo de perder la “exclusiva” del manejo de la información en una sociedad que no precisa “dueños de la verdad” vestidos de empresarios mediáticos o dirigentes pseudo izquierdistas.

Pero la gente no lloró sobre la leche derramada ni sobre el cadáver de un proyecto de ley construido con procesos abiertos de debate y cuya defunción fue obra de una extraña –inédita- alianza estratégica entre enemigos irreconciliables como Aldo Zucolillo y Juan Carlos Galaverna (ambos detractores de la ley) que tuvieron en un senador “opositor” –Eusebio Ramón Ayala- la moción y fundamentación para el rechazo del proyecto. Desde entonces, diferentes organizaciones civiles y algunas instituciones públicas propiciaron vías alternativas para tener canales de acceso a la información pública y rendiciones de cuenta permanentes a la ciudadanía.

Pero el gran salto cualitativo será romper definitivamente con la cultura del secreto comprendiendo incluso que la transparencia y el acceso a la información pública, además de ser deberes del Estado y sus funcionarios, son un buen negocio político. En la época de la globalización de las comunicaciones, cuando el secreto y la mentira tienen cada vez más cortas las patas, el político que pretende seguir sosteniendo su poder en el secreto o en una “exclusividad” del manejo de la información, está equivocado y cava su propia tumba. El político moderno o el que ocupa un cargo público debe estimular el poder ciudadano que se logra haciendo accesible la información pública. Ésta le permitirá a la gente comprender quiénes en realidad defienden sus derechos y expectativas. Claro, la transparencia es arma útil para el político, pero a condición de que éste sea honesto y eficiente.

En estos días se celebra la Semana del Acceso a la Información Pública. Quizás sea la oportunidad para que muchos dirigentes políticos, legisladores, empresarios y abogados –sobre todos aquellos que pudieran tener responsabilidades en el nuevo gobierno- se enteren de que éste es un derecho fundamental cuya vigencia no debe ser disminuida por la falta de una ley reglamentaria. Y mucho menos debe ser motivo para que se convierta en “cuco” para cierta prensa que parece temer la “competencia” de una ciudadanía informada más directamente y sin mediaciones.

José María Costa

Manual del perfecto sectario

Decálogo vigente pero no tan consciente

La semana pasada el ambiente político se llenó de tensiones y exabruptos acusaciones y recusaciones, plantones y berrinches, renuncias con razones y renuncias con pretextos. Como una contribución a la sistematización de las patrióticas estrategias y tácticas abordadas en este momento de cambio, aportamos este Decálogo que resume algunas de las normas básicas para el ejercicio del sectarismo y el totalitarismo con absoluto profesionalismo. Esto, para que dejemos de tener políticos que abordan estos clásicos estilos de nuestra política de manera improvisada y sin bases científicas… Alguna vez tenemos que organizarnos y volvernos serios…

Decálogo para un mejor ejercicio del sectarismo y totalitarismo.

1. Yo tengo la verdad sobre todo lo debatido y debatible en nuestra sociedad. Quien opine lo contrario es un troglodita que se cree dueño de la verdad. Los demás sólo tienen “opiniones” y “puntos de vista”.

2. El presidente Lugo tiene la lapicera y todo el derecho de designar a quien quiere y crea capaz para un cargo, siempre que sea alguien a quien nuestro grupito apoye. Cuando decimos que vamos a apoyar la decisión del Presidente en la nominación de cargos en su gabinete, nos referimos a que vamos a apoyarlo mientras sea gente de nuestra línea ideológica o nuestro grupito.

3. La meritocracia es buena mientras el elegido sea de mi partido o grupo. Si es del otro partido o grupo, no se llama meritocracia; se llama cuoteo.

4. Nuestro partido “sugiere” nombres para el gabinete; los demás grupos “presionan indebidamente” y “extorsionan” al Presidente o “atentan contra su derecho constitucional” de designar ministros.

5. La banca pertenece al partido, cuando nuestro partido corre el riesgo de perderla legalmente. Si soy yo el que debe cambiar de partido, la banca pertenece a la persona electa.

6. Cuando alguien no termina o no asume el cargo para el cual fue elegido, si es de otro partido, es un traidor al mandato popular; si es nuestro amigo o correligionario, es alguien que “encara con inteligencia y renunciamientos los cambios necesarios para el logro de los intereses nacionales”.

7. La Constitución y las leyes son claras cuando yo las interpreto, y como yo las interpreto. Se llenan de ambigüedades y lagunas cuando mi adversario quiere “manipularlas con intereses mezquinos”.

8. Nosotros somos los dueños del cambio. Los demás que no coinciden con nosotros, sólo quieren el continuismo. Nuestro grupo o partido es progresista y popular… Todos los demás son reaccionarios, tradicionales o antipopulares. Cuando mi grupo o partido quiere o reclama algo, es porque el pueblo “que votó el cambio” así lo quiere. Y nadie puede discutirlo porque será “un reaccionario, un antidemocrático”.

9. La justicia debe ser independiente mientras no lo sea de mi partido. Cuando depende de mi grupo o partido, es siempre y para siempre institucional y ecuánime. Armar una Corte Suprema “a medida” de los partidos es negativo para la democracia y la independencia judicial, salvo que sea mi partido o mi grupo el que tenga su propio ministro en la Corte.

10. Si hubiera duda o contradicciones en una o varias de estas normas, como regla de interpretación se aplica única y directamente el primer artículo de este Decálogo. Aplicar otro mecanismo sería perjudicial para la democracia.

Observación final: Al que le viene el sayo, que se lo ponga. Es decir, que se lo ponga otro. Si Ud. se lo pone, discúlpeme, le falta mucho para ser un verdadero profesional del sectarismo político. Dedíquese a otra cosa.

Convención con visión

Lo que debería aportar el PLRA al país

El 10 de julio estarán de Convención. Un poco para celebrar los 121 años de existencia. Pero otro poco –y probablemente mucho más- para deliberar sobre la nueva situación de partido “co-gobernante”.

La “previa” de la magna asamblea azul se calienta con las ansiedades, resignaciones, insatisfacciones y rabietas que está generando en diversos sectores del centenario partido el pedazo de la torta gubernamental que hasta ahora le ha tocado en suerte.

Hay una realidad: el PLRA aportó más del 70 % de los votos para el triunfo y la estructura organizativa apropiada para el día de los comicios. Sin embargo, sería una pena que el principal partido de la Alianza, pilar principal para el sostenimiento político del nuevo gobierno, termine haciendo una convención con discusiones simplemente matemáticas: el número de cargos que corresponderá al partido en el gobierno.

El cambio que espera la gente no tiene que ver con números ni colores. No se trata de cambiar de nombres. No se trata de cambiar seis por media docena. No se trata de cambiar prebendarios de un partido por prebendarios de otro partido. El cambio tiene que ver con cuestiones profundas, con una mirada principista que considera al cargo público como un sitio de servicio para el país, como una herramienta para liderar las reformas necesarias para el bienestar de la gente. Si un partido –el PLRA o cualquiera de los integrantes de la Alianza- repite el esquema clientelar que hegemonizó por décadas nuestra política, ¿de qué cambio podremos hablar?

Hay una necesidad para el país: que el nuevo gobierno ungido por el voto mayoritario de los compatriotas tenga un sustento político real para ejecutar los cambios que la gente espera. Y esto debe ser observado y atendido con seriedad y responsabilidad por el propio Lugo y por los demás componentes de la Alianza. El mandato dado no es un cheque en blanco para un mesiánico, ni es una carta de autorización para que se imponga una ideología tal sobre la ideología cual. Nadie puede determinar eso a partir de los resultados de las elecciones. Sobre todo considerando las ambigüedades e imprecisiones programáticas que han rodeado a la Alianza en la temporada electoral.

La gente votó a Lugo por confianza, pero no lo votó a ciegas. Votó a él y a sus aliados aún sin tener claridad suficiente sobre programas, acciones, líneas de trabajo o nombres para cargos ministeriales. Eso, sin embargo, no significa un cheque en blanco. Significa una suma grande –la necesidad de confiar puesta en forma de esperanza- que tiene un objetivo concreto: que se actúe con inteligencia y eficiencia para realizar el cambio esperado. Y ese cambio, salvo que se piense que Lugo es Superman o santo milagrero, no lo podrá hacer él solo. Necesita apoyo político, pero apoyo coherente con el objetivo.

La convención liberal debería aportar al país lo que necesita: Claridad en el direccionamiento del nuevo gobierno y sustento político para ejecutar los cambios esperados. Eso va más allá de sumas o restas de cargos o cupos. Para eso se precisa debatir programas, proponer estrategias, formular compromisos, delinear proyectos. Se precisa pensar y disponerse a actuar. Ese es el segundo gran aporte que puede dar el liberalismo al nuevo gobierno. Un aporte a la visión de país y su ejecución. Para que la esperanza empiece a tener sentido y consistencia, y no termine desvaneciéndose en la incertidumbre, la falta de planes o las contradicciones

José María Costa

El Parlamento que esperamos

Necesitamos un Parlamento serio y responsable. Que se ocupe de las verdaderas necesidades de la gente. Un Parlamento con legisladores que legislen para todos. Que “todos” incluya también a ellos mismos y sus parientes y correligionarios.

Precisamos un Parlamento sin populismos ni demagogias. Sin medias verdades convertidas en mentiras rotundas. Sin poses grandilocuentes que ocultan miserias y mezquindades políticas. Un Parlamento que tenga firmeza para legislar aún contra los intereses de grupos fácticos o círculos de poderosos. Un Parlamento que tenga argumentos y responsabilidad para decidir en nombre de todos los paraguayos y no bajo presión de algunos.

Requerimos un Parlamento que use de sus atribuciones para legislar y controlar, y deje de abusar del derecho y de las interpretaciones retorcidas de la Constitución. Un Parlamento que sea consciente de que el mandato del pueblo es que haya equilibrio e interdependencia entre los Poderes y no una autocracia parlamentaria basada en mayorías más o menos inestables. Un Parlamento que comprenda que el Ejecutivo debe poder gobernar y administrar, y el Poder Judicial es único habilitado para interpretar y aplicar la Constitución y la ley.

Precisamos un Parlamento que gaste menos y produzca más. Que tenga más legisladores y menos fantasmas que apenas saben levantar las manos. Queremos parlamentarios que dejen de autoasignarse aumentos salariales, exenciones impositivas y aguinaldos ilegales y se autoasignen más responsabilidades y preocupaciones por el bienestar del pueblo que los votó. Legisladores que ya dejen de proponer “pensiones graciables” o rubros presupuestarios nuevos para perpetuar el clientelismo político. Legisladores que se ocupen más de sus votantes y menos de sus familias, parientes, compadres, punteros políticos y amantes. Legisladores que no utilicen los vehículos del Estado para hacer proselitismo o parrandear los fines de semana y luego se excusen diciendo que son viajes “de trabajo”. Parlamentarios que trabajen aunque no haya cámaras de televisión ni prensa “amiga”.

Queremos parlamentarios con dignidad y altura. Que no se pierdan en discusiones bizantinas o “vicentinas”. Que no busquen “la quinta pata al gallo” ni hagan discursos populistas sobre un país “de maravillas” mientras la migración sigue en busca de empleo y mejor futuro. Que nunca más conviertan las sala de sesiones en espacios de pugilato o cyber-porno. Que no deban recurrir a la grosería y la chabacanería para sostener sus sinrazones.

Esperamos legisladores que cumplan la Constitución y las leyes cuando les convengan y cuando no. Cuando ellas se adecuen a sus intereses y cuando los contradigan. Que no adopten posturas farisaicas ni se rasguen las vestiduras cuando ayudan a violar la ley con pretextos inverosímiles y autocomplacientes.

Esperamos parlamentarios que no vendan proyectos de ley, ni alquilen bancas, ni subasten mayorías, ni hipotequen votaciones, ni rematen una falta de quórum. Que impongan razones y no aplanadoras; argumentos contundentes y no extorsiones. Que nos den razones para la esperanza y no motivos para la frustración. Que tengan criterios nuevos y no repitan vicios viejos. Esperamos, en fin, parlamentarios nuevos para un nuevo Paraguay. ¿Será mucho pedir?

José María Costa