martes, 23 de septiembre de 2008

¿“Orden superior” a la vista?


Que seamos campeones en el rally de la legalidad

Me anticipo a declarar públicamente que no soy “rally-adicto”, no me gusta el automovilismo como deporte, ni estoy pendiente cada año de la invasión motorizada del territorio chaqueño. Con todo ello, sin embargo, no desconozco el derecho de muchos a divertirse (ojo, sin violar el derecho ajeno) y los aportes que ha dado esta competición en muchos aspectos. Y tampoco desconozco que un Estado sin sensibilidad social es incompatible con la realidad de nuestro país.

Pero como paraguayo que espera que se hagan realidad los compromisos en favor de una efectiva vigencia de la legalidad y el Estado de Derecho, la polémica de estos días me motivó esta reflexión.

El principio de legalidad es eje fundamental para el Estado de Derecho. En derecho público, todo aquello que no está explícitamente autorizado a un funcionario, a una autoridad, no le está permitido hacer. Por el contrario, como principio rector en el orden de los derechos individuales, nuestra Constitución establece la libertad de las personas y sostiene que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe” (Art. 9, CN).

Se ha debatido mucho en estos días respecto a la posibilidad de que el Gobierno, sea el Presidente Lugo o su ministro Camilo Soares, prohibiera la realización del Rally del Chaco. Lamentablemente, no faltaron los ataques “ad hominen”, pero en algunos ámbitos se mantuvo un nivel destacado y racional de debate.

Me preocupa, sin embargo, que mucha gente haya creído –y entre ellos los propios medios de comunicación social- que el Presidente Lugo o el propio Camilo Soares tuvieran la atribución legal para prohibir una competencia deportiva como el Rally. No la tienen. Ninguna norma constitucional le faculta al Presidente ni a su ministro para ello. Tampoco la Ley de creación de la Secretaría de Emergencia Nacional lo hace. Ni siquiera en virtud de una declaración de emergencia nacional que, como en otro comentario informé, no reúne la característica constitucional de estar expedida por ley de la Nación y no por decreto presidencial.

¿Esto quita racionalidad a las preocupaciones o posiciones manifestadas por Soares y otros exponentes del Gobierno? No. Pero es necesario ubicar dichas objeciones dentro de un marco de legalidad para no incurrir en expresiones propias de otros regímenes, como los que no tienen reparo en hacer del capricho o el antojo de la autoridad, una “ley”. Deberíamos entender que se ha acabado el tiempo de la dictadura y la autocracia. “Yo soy la autoridá, yo soy la ley”, es un alegato que ya no debería funcionar en “tiempos de cambio”. Salvo que el cambio sea retroceso y se resucite la “orden superior” como práctica “legislativa”.

Si Lugo, Soares o quien sea desde el gobierno quisieran preservar la afectación de intereses públicos por efecto de una actividad privada (como es la competencia del Rally) debieran hacer cumplir las normas ya existentes. El Gobierno puede, a través de sus órganos correspondientes, no conceder la licencia ambiental, o en todo caso, revocarla si hubiera razón suficiente en base a la ley pertinente. O pudiera extremar el control y castigar el incumplimiento de las normas de tránsito rutero en los días del rally, ya que, después de todo, en su gran parte se realiza por carreteras públicas.

O en todo caso, podría accionar ante la Justicia para que en virtud de un amparo constitucional por los motivos harto expuestos, un juez de la Nación tome tal decisión. Al fin y al cabo, cuando el interés privado y el interés público entran en conflicto, y no hay una atribución específicamente concedida para tomar una medida prohibitiva en el ámbito administrativo (esto es, en este caso, por cuenta del Poder Ejecutivo), es pertinente que la cuestión sea dilucidada en el ámbito judicial.

Preservar la legalidad de las actuaciones del Gobierno es tan importante como rodearlas de legitimidad. Por eso, así como deben estar impregnadas de sensibilidad social tampoco debe faltarles sustento institucional y legal. Y hubiera sido importante que en esas acciones no se desconociera el marco de decisión y participación que deben tener gobernaciones y municipios en cuyos territorios se desarrolla la prueba chaqueña. Después de todo, hay un nivel de autonomía y poder descentralizado que conceden la Constitución y las leyes a los representantes de esos gobiernos subnacionales.

De todos modos, tras más de dos semanas de idas y vueltas, discusiones y comisiones, los medios nos informaron que la “decisión” supuestamente del Gobierno fue “suspender” el Rally. De hecho, porque de derecho no ha habido nada. ¿O alguien tuvo algún “decreto a la vista” firmado por Lugo al respecto?

Ojalá el polvo chaqueño no nuble nuestro verdadero desafío: lograr un país en serio y con vigencia de la legalidad, donde ni siquiera se insinúe el retorno a la detestable y antidemocrática “orden superior” de otras épocas.

José María Costa

martes, 16 de septiembre de 2008

Big bang de decretos y leyes


Como el megacelerador subatómico, pero sin tanta tecnología

Camilo se enojó y tenía razón. Con la sequía afectando a cientos de miles de compatriotas, con graves condiciones de salud de muchos niños y adultos, con poblaciones enteras aisladas y sufriendo la escasez de agua… con todo eso, los burócratas del Ministerio de Hacienda no habían transferido los fondos necesarios para atender la contingencia. Y lo dijo públicamente, y recibió como toda respuesta que “no se puede transferir fondos en base a un decreto, pues debe haber una ley que declare la situación de emergencia”.

Viniendo desde el Ministerio de Hacienda, justamente el que está cambiando leyes, fagocitando atribuciones ajenas y creando megaburocracias internas a decretazo y reglamentazo limpio, pareciera un despropósito la respuesta. Pero en realidad constituye una bofetada a la necesidad humana y una flagrante muestra del mejunje normativo en el que se está metiendo el Poder Ejecutivo, de la mano de la ignorancia de asesores o provocado por la anárquica estantería de leyes y normas.

Veamos. La Constitución Nacional otorga al Congreso la atribución de “expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública” (Art. 202, inc. 13 CN). Por su parte, la ley 2615/05, de creación de la Secretaría de Emergencia Nacional, señala que ésta “presentará al Presidente de la República, los pedidos correspondientes para que éste solicite al Congreso Nacional, de acuerdo al Artículo 202 numeral 13) de la Constitución Nacional, la declaración de… situación de emergencia… o situación de desastre” y, para confundir, habla luego de lo que puede señalar “el decreto de declaración de emergencia”.

Pareciera que con esto, los Borda’s boys tendrían razón, pero a los efectos prácticos se olvidaron que la misma ley 2615/05, previendo ya quizás que es dificultosa la rápida consecución de fondos coyunturales para catástrofes o emergencias, ha creado el llamado Fondo Nacional de Emergencia, “como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística” y en la cual “se depositará el 10 % (diez por ciento) de las recaudaciones fiscales provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo que gravan las ventas de cigarrillos y bebidas alcohólicas; y las donaciones recibidas por la S.E.N.”. Y agrega la ley que “a tales efectos el Ministerio de Hacienda habilitará en el Banco Central del Paraguay una cuenta especial con la denominación “Fondo Nacional de Emergencia” a la orden de la S.E.N”.

¿Inentendible? Claro que sí. Por lo menos, bien engorroso y caótico. Pero tres cosas quedan bien claras:

1. Alguien le hizo firmar a Lugo, una vez más, un decreto inconstitucional, esta vez declarando una emergencia sin tener atribuciones para ello.

2. El dinero para atender el caso actual debería haberse tenido disponible ya, aún sin ley de declaración de emergencia, si Hacienda hubiera cumplido o al menos conocido la ley de creación de la SEN.

3. El Estado de Derecho requiere orden, competencia y seriedad a la hora de hacer normas para actuar de manera institucional. De lo contrario, el caos se agrava.

Si de esta manera se va a seguir “decretando”, el choque de normas y el caos legislativo, cada vez más, alcanzarán peores proporciones… Como en el big bang emulado por “la máquina de Dios” instalada en Suiza, pero sin protones ni neutrones, sino apenas con decretos, leyes y reglamentos.

José María Costa

lunes, 8 de septiembre de 2008

Curiyumanía palaciega


Los que conspiran… contra la credibilidad de Lugo

Que la noticia haya recorrido el mundo y al final todo haya quedado en la nada, no es tan preocupante. De todos modos, esto no hace sino confirmar nuestra tradición de país del opareí.

Que se hayan movilizado gestiones diplomáticas oficiales para recibir los infaltables respaldos formales, no es tan preocupante. De todos modos, esas cosas se hacen nomás luego para ratificar el compromiso democrático de la “comunidad internacional”.

Que nadie haya investigado ni pedido formalmente una investigación oficial sobre la denuncia ídem, no es tan preocupante. De todos modos, no será la primera vez en nuestra historia política que una versión oficial que se escenifica con fanfarrias y burumbumbúm, sea seguida por un silencio oficial que apela a la tradicional desmemoria de la gente.

Lo preocupante, lo realmente preocupante, es cómo se juega de manera irresponsable con el gran valor recuperado de este tiempo político: la credibilidad.

Las conspiraciones no se denuncian; se investigan. Los intentos golpistas no se responden con mantos de silencio; se castigan. Las confabulaciones no se develan; se combaten con la eficiencia y la ratificación de la legitimidad y la legalidad del poder que se ostenta.

Nadie puede dudar de que haya mentes “conspiro-maníacas” (permítanme el neologismo) en un país cuya historia está hilvanada de ellas. Nadie tampoco puede ser tan ingenuo en quedarse con una versión, menos aún la oficial, cuando más que con pruebas o evidencias, se sustentan denuncias con suposiciones o fuentes únicas. Aquello de que “la palabra de un militar vale más que mil leyes” debió haber quedado enterrado en nuestra historia. (Había sido que teníamos “demócratas” que sí estaban dispuestos a desenterrar esta teoría con tal de que sirva a sus intereses). Definitivamente, si hay conspiraciones, no es bueno alertarlas; lo mejor es investigarlas para castigarlas… salvo que en realidad no se quiera tal cosa.

Más allá del efecto disuasivo que tuvo políticamente en ciertos sectores la tal denuncia de conspiración para volcar el resultado de la crisis del Senado a favor del oficialismo, la consecuencia negativa y riesgosa para nuestra institucionalidad es la herida profunda que abre en la credibilidad del Presidente de la República. Si un elemento fundamental ha aportado la aparición de Lugo en este tiempo, es la recuperación de la credibilidad en la acción política. Esto es esencial para que se recupere la legitimidad y el valor de la política en un país donde los políticos cayeron en el más profundo descreimiento y el desprestigio,

Por eso, duele ver que se bastardea dicha credibilidad, se juega con ella, se la arriesga innecesariamente, se la usa y abusa irresponsablemente, se la hipoteca bajo ingenuas –o malintencionadas- artimañas politiqueras que, como en la historia de la curiyú de nuestro periodismo, recorren el mundo, pero finalmente se quedan en la nada. O sea, opareí.

José María Costa

Obs: "Curiyu", nombre en guaraní de una especie de boa contritora que habita Paraguay y parte de América del Sur. En el 2007, la prensa paraguaya publicó una noticia acerca de que una "curiyú" gigante mató y se tragó a un campesino. La noticia recorrió el mundo. Unos días después se comprobó que la noticia transmitida fue apenas la invención de una mujer campesina con problemas mentales.