Empedrando el camino al secretismo

El mero discurso no facilita el acceso a la información

La Declaración de Chapultepec fue adoptada por La conferencia hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, el 11 de marzo de 1994. Gobernantes de toda la región suscribieron dicho documento y la Sociedad Interamericana de Prensa lo convirtió en su emblema para promover la libertad de prensa. En su artículo 3, dicho documento expresa que “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

En la reciente reunión de medio año de la SIP celebrada aquí, el Presidente Lugo dijo sentir “especial obligación por el principio número 3 de esta declaración”, y añadió: “En este orden, hemos dispuesto que exista la máxima predisposición en las oficinas del Estado y hemos creado con rango ministerial la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo. Los ciudadanos pueden llegar a la información pública desde su propia gestión particular, por la mediación de la prensa o desde la propia tarea de los medios del Estado. Nuestro ideal es que por los tres caminos no existan impedimentos ni barreras, las que muchas veces no se remueven con facilidad ni por decreto, porque forman parte de prácticas burocráticas sedimentadas en el tiempo”.

Hubiera sido oportuno y deseable que el Presidente Lugo, más allá de expresiones de buenos deseos anuncie y pronuncie medidas explícitas para favorecer una verdadera cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. Por ejemplo, que anuncie que desde el propio Poder Ejecutivo se va a promover o estimular la adopción de una legislación específica para promover el acceso a las fuentes públicas de información como se hizo en varios países que sí están enfocando con seriedad esta cuestión y como ordena la propia Constitución Nacional. O que al menos, vía decreto, como se hizo en otros países –entre ellos la Argentina- se reglamente de manera clara la posibilidad de acceder a la información en poder del Estado.

Recordemos que desde hace casi 10 años hay intentos infructuosos para que dicha garantía constitucional se haga efectivamente vigente con plazos, mecanismos y sanciones que eviten que siga siendo “letra muerta”. Si gobiernos colorados no se preocuparon de estimular esto –y al contrario, algunos combatieron esta posibilidad- el signo del cambio debe pasar por un reconocimiento y la acción favorable hacia la vigencia real de este derecho. La ley no cambiará la cultura del secreto, pero una garantía constitucional sin sanciones mucho menos, sobre todo cuando es en el propio terreno del Estado donde debe dirimirse el cumplimiento de esta obligación democrática de dar información.

Hubiera sido deseable que, más allá de la repetición conceptual de lo que ya anunciara en su asunción al mando (“vamos a acabar con el secretismo”), Lugo se comprometiera públicamente a revocar las actitudes y conductas anacrónicas, intrínsecamente “secretistas”, que todavía pueblan la función pública, con nóminas de contratados escondidas, reuniones entre gallos y medianoche que sólo se dan a conocer tras ser “descubiertas”, o agendas ocultas tras acuerdos más ocultos aún.
Haber dado el paso burocrático de crear un ministerio no basta, más aún si uno ve que la credibilidad no se compagina con los resultados. Para muestra y para hablar de algo tan simple y rápidamente solucionable, vemos que a siete meses del nuevo gobierno, no sólo la Presidencia de la República tiene una página web que ofrece escasa e ineficaz información, sino varias instituciones están “fuera de la red de redes” (el clásico “este sitio no funciona”). Esto, sin contar que poco o ningún estímulo ha habido desde el Estado en promover el verdadero empoderamiento de la ciudadanía en cuanto a la información pública que es la base para el rol contralor que debe ejercer la misma. Hasta parece que se teme a dicha posibilidad.

Los discursos no cambian la historia. La cambian las actitudes y las acciones concretas. Esperemos que por esta última alternativa venga el verdadero compromiso a favor de la libertad de prensa y el acceso a la información pública. De lo contrario, aunque haya buenas intenciones, con ellas sólo se seguirá empedrando el camino al secretismo estatal.

José María Costa