martes, 28 de julio de 2009

Los huesos perdidos


El pasado que debe comprometer el presente

No se trata de haber hallado el hueso perdido de la teoría francista, porque la relevancia del hallazgo es mucho mayor e histórica. El descubrimiento de los restos óseos en la “huerta” del predio de la Agrupación Especializada marca un hito sin dudas trascendental en la recuperación de la memoria histórica referente a los largos años de represión, muerte y oscurantismo enseñoreados por el stronismo.

Ahí están, los desaparecidos… con toda su historia de denuncia y sus gritos acusando a quienes “vivían felices” mientras cientos de compatriotas y extranjeros eran perseguidos, torturados o asesinados por el sólo hecho de defender la libertad o expresar su opinión disidente a los dictados del sistema. Se los encontró; se los está encontrando. Vuelven con sus huesos frágiles pero sus ideas libertarias todavía fuertes para querellar a sus asesinos y a quienes fueron cómplices de esa barbarie stronista.

Es justo reconocer la paciente labor e investigación que cupo a dos reconocidos luchadores de la democracia, Antonio Palazón y Augusto Ríos Tonina, en este emprendimiento que –quienes los conocemos- ha sido alentado durante décadas por un incansable e irrenunciable compromiso con la justicia y la verdad histórica. También es digno de señalar que el oportuno y comprometido apoyo de las autoridades actuales, especialmente del ministro del Interior Rafael Filizzola, según lo revelan los propios protagonistas del descubrimiento, fue fundamental para llegar a este hallazgo. En otros tiempos ha sido infructuosa la búsqueda porque tal vez ha faltado el apoyo o incluso se han desviado las pistas adrede para evitar este encontronazo con la realidad de un pasado de crueldad e ignominia.

El hallazgo de los restos humanos en la Agrupación Especializada no es el inicio, pero quizás es un punto de inflexión fundamental en la ciclópea tarea de recuperación de la verdad histórica y de construcción de la justicia. La justicia es esencial para la paz. Veinte años de transición democrática no son nada si no han servido para restaurar el sentido de justicia para los que cayeron en la búsqueda, casi utópica, de la democracia y la libertad. Muchos no han vivido para ver los albores del nuevo tiempo sin dictadura; otros aunque vivieron o siguen viviendo, no han podido evitar el sabor amargo de una democracia que camina rengueando por sus múltiples deudas con la esperanza y las ilusiones de la gente.

Por esto, y por la memoria de cientos y miles de ciudadanos que no pudieron vivir el tiempo democrático o cayeron abatidos por la crueldad stronista, es un deber histórico que así como han sido hallados restos que restauran la memoria y se yerguen desafiantes contra los asesinos y torturadores, así también nuestros actores políticos asuman el compromiso de hallar los caminos para convertir este tiempo político en la verdadera conquista que aquellos demócratas anhelaron.

Que, tal como acabaron los cementerios clandestinos, acaben también los cementerios de promesas electorales incumplidas, los mausoleos de programas de gobiernos olvidados, los panteones donde son enterrados cotidianamente las esperanzas e ilusiones ciudadanas de tener una vida en comunidad con seguridad, con justicia social, con desarrollo, con trabajo y con dignidad.

¿Será mucho pedir, al menos en memoria de aquellos que por sus ideales fueron torturados, muertos y desaparecidos?

José María Costa

Incoherencias que matan la esperanza
















La incoherencia en la gestión pública es muy dañina. Y en nuestra situación particular, las incoherencias en las que va cayendo sostenidamente el gobierno son aún más, pues están minando el capital más importante que tiene el mismo: el capital constituido por la credibilidad y la esperanza.

Lo ocurrido en estos días con el caso del embajador nombrado ante el gobierno chileno es un eslabón más en la cadena de incongruencias del gobierno. Y se suma a otras no menos evidentes.

No se puede hablar de “moralizar la política y el manejo de la gestión pública” y elegir representantes diplomáticos cuya vida privada hacen avergonzar a propios y extraños. Y menos aún, dejar “librada” a una consulta con las autoridades chilenas la posibilidad de permanencia o no de dicho embajador como representante del pueblo y el gobierno de la República del Paraguay. La soberanía y autodeterminación en las decisiones para el manejo diplomático están, al parecer, dejadas en el trasto. Y todo porque falta valentía –por no decir sobra cobardía- para adoptar determinaciones ejemplificadoras cuando de amigos y correligionarios se trata.

No se puede ir proclamando la “soberanía energética” para hacer reclamos institucionales a Brasil, mientras se endeuda hasta la coronilla, hasta el punto de la hipoteca, a PETROPAR en manos de la chavista PDVSA. Si el “imperialismo yanqui” expoliador y explotador es deleznable, si los pingües beneficios obtenidos por Brasil por el tratado de itaipú son criticables, para algunos parece que el imperialismo chavista no lo es. Y hasta hay que apoyarlo en una actitud casi masoquista.
No se puede hablar de defensa estricta de la soberanía territorial y se permite la incursión impune de militares bolivianos a territorio chaqueño para aprehender ilegalmente a un compatriota. Bastó la mentira inicial de Evo, el “amigo”, para que Lugo creyera en él y descreyera de los informes que nuestras fuerzas armadas (las que él comanda) brindaban sobre dicha incursión. Esta vez, la palabra de un “bolivariano amigo” valió más que mil leyes o informes militares. Y así le fue: militares bolivianos violando la soberanía territorial, un paraguayo detenido ilegalmente, otro desaparecido tras los disparos de los invasores, y ninguna protesta diplomática siquiera.

No se puede anunciar que “dure poco o dure mucho, bajo nuestro gobierno los indígenas vivirán bien”, y conformarse con actos protocolares mediáticos, con danzas y fotos para la posteridad, mientras se juega con la esperanza de indígenas que recibieron la promesa de ser atendidos en sus reclamos y ni si quiera son atendidos en su estado de mendicidad y precariedad por las plazas asuncenas. El pecado original de haber nombrado a una indígena al frente de un órgano de administración estatal (con el consecuente riesgo de tensiones tribales) fue solamente superado luego por los pecados de haber propuesto una “consulta popular” (letanía sin fin) para que los propios nativos elijan a sus representantes y luego haber desconocido el producto de dicha elección. Como en otros ámbitos, los indígenas son víctimas de la improvisación, la falta de rumbo y la incapacidad de asumir compromisos reales por parte del gobierno.

Las incongruencias son el camino perfecto para la desesperanza y el descreimiento. Si el gobierno quiere evitar un deterioro que terminará afectando a su gestión, debería hacer un esfuerzo permanente y comprometido para no caer más en ellas. Más aún cuando aquellas son condimentadas por evidencias frecuentes –y hasta admitidas- de lentitud, ineficacia y falta de planificación.

José María Costa

martes, 7 de julio de 2009

Escrache gua’i


Luz amarilla que debe ser atendida

Casi pasaron desapercibidos para la gran prensa. Sin embargo, allí estuvieron. Las pocas líneas o los escasos minutos que obtuvieron mediáticamente hablaron de que eran unos 50 campesinos que le gritaron “Lugo, dejate de joder, la lucha campesina no se va a detener”. Ocurrió el 26 de junio pasado en Villarrica, durante el día de gobierno del Presidente de la República en el Departamento del Guairá.

Es bueno reflexionar sobre esto que sería el primer escrache público recibido “presencialmente” por Lugo a menos de un año de su mandato constitucional. Se da, para que contextualicemos, en medio de una serie de demandas insatisfechas de la Federación Nacional Campesina que han provocado en los últimos 15 días movilizaciones y hasta cortes intermitentes de rutas en al menos 10 puntos del país. Ayer, desde Caaguazú llegaban informaciones de una violenta represión policial con saldo de heridos y detenidos. A este escenario se suma la persistencia de grupos indígenas descontentos con la pésima estrategia “indigenista” del gobierno, que trasuntó por varias opciones –a cual más populista e ineficaz- en apenas meses de gestión.

Se trata de los “más pobres de los pobres” que, lamentablemente para ellos, no han tenido la feliz idea de contar con un Evelio Benítez o un Paková Ledesma para tener, desde paseudo reivindicaciones sociales, la complacencia –y los dólares- del gobierno. Se trata de quienes, embanderados en sus genuinas luchas están escrachando la ineptitud e ineficacia del gobierno para atender sus reclamos.
No olvidemos señalar que los métodos de protesta escogidos no siempre son respetuosos de los derechos de terceros, y por ello mismo cuestionables. Pero cuando los manifestantes “no alineados” al luguismo recurren a dichos cuestionados métodos, los mecanismos de represión y “ordenamiento” de manifestaciones funcionan a las mil maravillas. Vale un botón: los requisitos de la “ley del marchódromo” fueron aplicados a rajatabla cuando los “sintechos” marcharon en Asunción; pero 10 días después, cuando Elvio Benítez y un “sin techo” afín al gobierno organizaron su propia manifestación desde el Palacio Judicial al Palacio de López, la “ley” fue flexibilizada totalmente. Y hasta fueron recibidos en el Palacio de López.

Deterioro de la confianza

Ahora bien, volviendo al escrache inicial, lo que debería llamar la atención es que puede ser ésta una tendencia in crescendo, habida cuenta los elementos subjetivos y objetivos que señalan un deterioro de la confianza y expectativa en el gobierno. Dejemos los elementos subjetivos para la reflexión de cada quien; pero los objetivos señalados por el descenso de la consideración positiva hacia el gobierno del 93% (agosto del 2008) al 54 % (junio del 2009) deberían causar inquietud en el entorno presidencial al menos. Más todavía después del reconocimiento público del propio Lugo quien admitió que se lo podía tratar de “lento e ineficaz”, aunque no de corrupto.

La eficacia y la celeridad en la atención de los reclamos y las necesidades ciudadanas son requerimiento esenciales del momento. Si el pueblo, para seguir el hilo conductor autojustificante de algunos políticos oficialistas, debió aguantar 60 años de ineptitud, ¿por qué razón debería seguir hipotecando su paciencia a cambio de nada o muy poco? Por algo, siguiendo las mismas encuestas dadas a conocer hace 15 días, la opinión “negativa” sobre el gobierno de Lugo ha subido vertiginosamente, en contracara de la positiva, pasando de un 2,4 % (15 de agosto del 2008) a un 40,5 % (15 de junio del 2009).

“El Gobierno no es insensible a los reclamos del pueblo, no cierra el oído para escuchar el llanto de la gente”, decía Lugo al referirse a sus escrachadores guaireños. Escuchar, sin embargo, no es suficiente. El escrache guaireño pudo haber tenido pocos manifestantes. Pero es una luz amarilla en el camino –hasta ahora, a confesión de parte- lento e ineficaz del gobierno. Lugo debe prestar atención para revertir esta situación. Quien no ve las señales amarillas, termina estrellándose contra la realidad y el destino trazado por su propia desatención o imprudencia.

José María Costa

Desde las honduras de la democracia


Cuando la democracia está en peligro o bajo amenaza, no se la defiende con recetas autocráticas. Se la defiende y preserva con más democracia. Extremando sus postulados y haciendo plenamente vigente el Estado de Derecho. Si alguien atenta contra la institucionalidad de la República, la respuesta debe ser desde esa misma institucionalidad y reforzando su vigencia, y no resquebrajando los cimientos republicanos.

Viene a colación esto por la lamentable situación que envuelve a Honduras, allá en Centroamérica donde, de un día para otro de la historia parece haber retrocedido al menos tres décadas. Pero la ocasión sirve también para reflexionar respecto de los riesgos implícitos en el sistema democrático.

Una parte del escenario hondureño se ha construido con los afanes políticos de un presidente que, si bien accedió al poder mediante el voto democrático, ha dejado evidencias de haber caído en la tentación de la autocracia que no pocas veces ha emborrachado a líderes de la nueva hornada latinoamericana. Sin embargo, aún cuando en el marco de esos afanes haya promovido una consulta popular explícitamente declarada inconstitucional, la reacción deseable hubiera sido el enfrentamiento en el terreno de lo jurídico.

La ilegalidad no se combate con ilegalidad sino con justicia y con acciones claramente institucionales. El abandono de los cánones democráticos por parte de líderes que acceden al poder legítimamente pero en el ejercicio del mismo pierden legitimidad, no es suficiente razón para que se contribuya a resquebrajar aún más los pilares que sostienen el sistema republicano y democrático. De lo contrario, estaríamos habilitando como sociedad la persecución del delito a través de los mismos recursos ilegítimos e ilegales que utiliza el delincuente.

En nuestro continente, hay una corriente de populismo con carácter mesiánico que otrora ostentaran casi con exclusividad los caudillos de uniforme y charretera. Varios de esos nuevos liderazgos populistas, aunque con origen legítimo y democrático, han demostrado su afición por transitar en la cornisa entre la constitucionalidad o no de sus propios actos en ese afán permanente de acumulación de poder.
Por eso, lo que está ocurriendo en Honduras debe ser un fuerte llamado a la reflexión y un toque de atención para todos. Para los gobernantes realmente democráticos, a fin de que reivindiquen y refuercen los principios de institucionalidad y legalidad. Para los gobernantes que pretenden erigirse en mesiánicos autócratas, para que sepan que el ejercicio irresponsable del poder es un delito contra la institucionalidad y contra los derechos de la gente. Para los gobernados, para no dejarse llevar por cantos de sirena, ni populistas ni autoritarios.

Y finalmente, para la conciencia cívica de nuestras naciones, a fin de reafirmar que el avance en nuestras democracias regionales depende no de falsos mesías ni de líderes iluminados, del color y la ideología que fueren, sino de la participación activa para defender siempre a la democracia con más democracia y no con recetas autoritarias y autocráticas, que de anacrónicas ya debieron haber desaparecido pero allí están, lamentablemente, todavía escondidas a la espera de ser inoculadas ante el menor descuido de la sociedad.

José María Costa