La inconducta de Lugo es la que avala el escrutinio público de su vida privada

¿Tiene el funcionario público derecho a la privacidad? ¿El Presidente de la República puede reclamar un ámbito de la privacidad excluyente del escrutinio público?

Estas preguntas están latentes a partir del escándalo de la paternidad irresponsable del Presidente Fernando Lugo. Sin pretender ser exhaustivos, podríamos analizar el tema de esta manera:

1. El derecho a la privacidad no es un derecho absoluto. Aún el más común de los ciudadanos, aquél que no tuviera ninguna notoriedad pública o no sea un funcionario público, puede ser objeto de intromisión justificada en su privacidad. Por ejemplo, el derecho a la privacidad cede ante el interés público a la hora de investigar un hecho punible (delito) que pudiera haber quedado impune si aquél hubiera prevalecido (el caso típico puede ser el de una violación o un abuso sexual cometido en el sitio más íntimo de una persona, su dormitorio, por ejemplo).

2. El Funcionario público tiene derecho a la privacidad, pero el mismo se encuentra ostensiblemente reducido y relativizado atendiendo la función que cumple en la sociedad y la necesidad que impone la democracia de control y escrutinio de parte de la ciudadanía acerca de la conducta y acción de los funcionarios. Una autoridad pública, y más aún, un Presidente de la República, en calidad de mandatario (alguien que actúa en nombre de los mandantes) ven reducido ese ámbito por efecto de su función y la importancia de su conducta. El interés público (¡ojo!, no el morbo, que es otra cosa) marca el contrapeso al derecho a la privacidad (recordemos que hasta un hecho totalmente íntimo, como el cáncer de colon diagnosticado al Presidente Reagan había sido ampliamente difundido y tratado en EEUU, debido al interés que suponía la estabilidad de la salud del Jefe de Estado, tanto para la seguridad como para la economía norteamericana)

3. Hay momentos en que la introducción (intromisión) del ojo avizor de la ciudadanía en la vida privada de estos funcionarios se torna justificado y admisible. En primer lugar, cuando hay sospecha o una probable comisión de delito, como también ocurre de igual manera con las personas comunes. En segundo lugar, cuando el acto o la conducta privada involucra un interés público.

4. En el caso analizado, si Lugo hubiera cumplido su obligación constitucional y legal de paternidad, hubiera tenido derecho preferente de reclamar el respeto a su privacidad. En este caso, sería una situación normal, no hubiera afectado ningún derecho humano de terceros (su mujer y su hijo), ni hubiera levantado sospechas o interés público por escrutar alguna posible inconducta moral o violación legal de parte de quien debe, en su calidad de funcionario público y mandatario, demostrar de manera permanente ajustar su conducta privada y pública a cánones de legalidad y ética. Sin embargo, al incumplir su deber de paternidad Lugo no sólo incurre en una violación constitucional y legal, sino representa una conducta personal que genera interés para la ciudadanía que espera de sus autoridades comportamientos éticos y legales.

5. Es la inconducta y la violación de derechos humanos básicos (derecho a la identidad y derecho al cuidado) de parte del propio Lugo los que dan paso a reducir y relativizar las fronteras de protección de su vida privada. De la misma manera que un esposo no puede reclamar “privacidad”, en el caso de que cometa violencia física en contra de su esposa, aún en el ámbito más íntimo de su vivienda y sus relaciones conyugales.

6. En síntesis: Que un Presidente de la República tenga un hijo es un hecho que compete a la vida privada del mismo. Pero faltar a las obligaciones legales en ese campo es una inconducta que tiene como consecuencia abrir las puertas de su vida privada por una cuestión de interés público y por el derecho sagrado de la ciudadanía de conocer la integridad de sus mandatarios. Después de todo, el voto es un acto de confianza (no un cheque en blanco ni a ciegas) y el ciudadano que vota tiene derecho a conocer si en sus candidatos o sus elegidos hay conductas –privadas o públicas- que reportan indicios o evidencias de laxitud ética, irresponsabilidad o mentira.


José María Costa

El más peor, consuelo de luguistas

¿Ahora debemos contentarnos con que “Stroessner era peor”?

Indigna ver cómo se defiende lo indefendible. Pero aún más, cuando dicha defensa parte de quienes han sostenido históricamente banderas democráticas contra la corrupción, el engaño y la mentira pública como instrumentos de poder.

La paternidad (o paternidades, según van pasando los días) irresponsable de Lugo ha dejado el amargo sabor del engaño y la traición de parte de una persona que se escudó en la credibilidad pública de la Iglesia y en la mentira privada de su vida para proyectar una imagen de irreprochabilidad pública. Y por si faltaba mayor desparpajo en el culebrón presidencial, aparecieron los defensores de lo indefendible con discursos que sumaron bofetadas a la inteligencia de la gente.

Una diputada lo defendió diciendo que Stroessner hacía peores cosas… Varios analistas políticos y “opinólogos” todavía encantados por el brillo del poder echaron mano a que “peores cosas” han sucedido en la historia del país como para ocuparse de una “cuestión privada” (¡¡??). Alguno quiso relativizar la traición de Lugo señalando que hasta Hitler tenía una vida privada impecable pero fue el mayor genocida de la historia moderna. Y hubo quienes reclamaron que había cuestiones “más importantes” por discutir “por el bien del país”. Como si fuera que el engaño público y la violación de derechos humanos básicos por parte del Presidente de la República fueran “cosas privadas” o no “tuvieran importancia”.
¿Tan alienados nos dejaron las décadas de incultura política promovida por el estronismo? ¿Tan poco racionales puede volvernos el fanatismo y esa tradición del “kele’e” politiquero? ¿Tan poco valemos como ciudadanos que debemos seguir pensando que “lo menos malo” es la “mejor opción” y no nos animamos a reclamar con firmeza la honestidad y la transparencia a los depositarios del mandato popular?

Quienes dieron dimensión amarillesca al escándalo presidencial sabrán por qué lo hicieron. Y quienes quisieron escudar en ello la decepción –no asumida públicamente- del fracaso del portaestandarte de la moralidad y la honestidad en la política, también sabrán qué grado de responsabilidad deberán asumir si a la presente se van sumando otras traiciones y deshonestidades presidenciales. Lo cual quizás ni siquiera los profesionales “justificadores” estén tan seguros de que no vayan a aparecer.
La ciudadanía no merece el engaño ni la traición. Lugo dijo “su verdad” después de haber sido presionado… pero ya nadie puede asegurar, con la experiencia ocurrida, que ésta sea “toda la verdad”. ¿Cuánta basura aún puede estar oculta bajo la alfombra? ¿O bajo la sotana colgada? ¿Y quiénes de sus colaboradores y sostenedores son o han sido cómplices en este encubrimiento que se aprovechó de la credibilidad ciudadana?

Definitivamente, el escándalo ha sido –y parece que seguirá siendo- mayúsculo e internacional. Un culebrón que se fraguó única y exclusivamente porque a una persona, que no midió la consecuencia de sus actos, no le importó el sufrimiento de mujeres e hijos, ni haberlos desamparado por años, ni haber incumplido sus deberes de padre, ni haber violado los derechos humanos básicos de mujeres y niños, ni haber faltado a sus promesas episcopales. Y esa persona es Presidente de la República. ¿Todavía alguien puede invocar que esto no es importante o es “algo privado”?...

Por el bien de Lugo, por el bien del proceso político, por el bien del Paraguay –como diría alguno- sería recomendable que haya más racionalidad y menos fanatismo en los círculos del poder. Y también en los círculos de los encandilados por el poder.

José María Costa